Por Soledad Buendía Herdoíza * -.
El Proyecto de Reforma al Artículo 216.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en Ecuador, que busca criminalizar la transmisión del VIH/SIDA, es una propuesta que atenta gravemente contra los Derechos Humanos y la salud pública. Este tipo de medida lejos de contribuir al control de la epidemia promueve la estigmatización, la discriminación y el retroceso en la lucha contra el VIH/SIDA.
En primer lugar, es fundamental destacar que la criminalización del VIH/SIDA va en contra de principios universales de Derechos Humanos. Instituciones como las Naciones Unidas, a través de sus Principios Rectores sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos, establecen claramente que todas las personas, independientemente de su estado serológico, tienen derecho a la vida, la salud y la dignidad sin discriminación alguna. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual, Ecuador es signatario, prohíbe la discriminación por motivos de salud y garantiza el derecho a la igualdad ante la ley.
Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución de la República del Ecuador consagran el derecho a la igualdad y a la protección contra la discriminación. Criminalizar la transmisión del VIH/SIDA socava estos principios fundamentales al crear una clase de ciudadanos que son tratados de manera desigual ante la ley, simplemente por su estado de salud.
Además de su incompatibilidad con los principios de Derechos Humanos, la propuesta de Reforma carece de sustento científico y tiene el potencial de ser contraproducente desde el punto de vista de la salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONUSIDA han expresado repetidamente su oposición a la criminalización del VIH/SIDA, argumentando que no existe evidencia científica que demuestre su eficacia para prevenir la transmisión del virus. Por el contrario, esta medida podría desincentivar la realización de pruebas de detección del VIH, acrecentando así el riesgo de propagación del virus al dificultar el control de la epidemia.
Adicionalmente, la propuesta contribuye a la estigmatización y la discriminación hacia las personas que viven con esta enfermedad. Al convertir la transmisión del virus en un delito, se perpetúa la idea de que las personas con VIH/SIDA son responsables de su condición y se les culpa injustamente por su estado de salud. Esto no solo afecta negativamente a las personas que viven con VIH/SIDA en términos psicológicos y sociales, sino que también obstaculiza los esfuerzos para fomentar la prevención, la detección y el tratamiento del virus.
La propuesta de Reforma al COIP viola flagrantemente los Derechos Humanos, carece de respaldo científico y pone en riesgo la salud pública. En lugar de promover políticas punitivas y discriminatorias, es fundamental adoptar un enfoque basado en la evidencia científica, el respeto a los Derechos Humanos y la solidaridad comunitaria para abordar eficazmente el virus. Por lo tanto, instamos a la Asamblea Nacional del Ecuador a rechazarla y trabajar en la promoción de políticas de salud pública inclusivas, equitativas y respetuosas de los Derechos Humanos de todas las personas.
* Exasambleísta ecuatoriana.
Deja un comentario