Por María Luisa Auza Vidal * -.
Los bloqueos organizados por el sector conservador del Movimiento Al Socialismo (MAS), a la cabeza del expresidente Evo Morales, durante el mes de enero, dejaron clara y explícita la intención que tiene, por lo menos su ala más conservadora, de buscar el acortamiento del mandato del presidente Luis Arce, articulando para ello la movilización social con acuerdos políticos con una derecha que participa entusiasta de esta iniciativa que forma parte de una estrategia mayor encaminada al objetivo señalado. Si bien la arremetida tiene varios frentes de acción, uno de los de mayor empeño que desarrolla esta alianza es generar incertidumbre en la población sobre la situación económica del país, así que es importante tratar de identificar y dimensionar lo que sucede en este ámbito.
La crisis económica global llega a un tercer año consecutivo de desaceleración que, a decir del Banco Mundial (BM), se expresa en Latinoamérica en una perspectiva de 1,8% en 2024. En Bolivia, el Gobierno proyectó un crecimiento de 3,71%, el que, de concretarse, pondría al país como la tercera economía con mayor desempeño en la Región.
A lo largo de estos tres últimos años el Gobierno ha logrado un crecimiento promedio de 3,9%, que ciertamente tiene una tendencia a la baja por los factores externos de la crisis, pero también por elementos internos que afectan el desempeño; con todo, los resultados hasta ahora han permitido una estabilidad de precios reflejada en una inflación de 2,04% promedio anual, aspecto que permite a la población certeza en sus actividades productivas y de servicios. Otro elemento clave, particularmente para quienes se incorporan a la actividad laboral, ha sido la reducción de la tasa de desocupación urbana, que ha bajado de 8,38% al concluir el año 2020 a 3,9% en similar periodo de 2023, lo que ratifica que existe una dinámica económica en crecimiento.
Sin embargo, de estos indicadores duros que muestran estabilidad, no podemos desconocer que la economía resulta siempre afectada por las percepciones, y ahí es precisamente donde se encuentra la implementación de otro de los elementos de la estrategia desestabilizadora que mencionamos. Los medios de comunicación, con una tendencia de opinión mayoritariamente opositora, y los círculos de opinólogos que estas promueven, no se cansan de presagiar calamidades al desempeño de la economía, poniendo en evidencia su decisión de afectar al país en su conjunto. Los bloqueos de enero apuntaron a ese mismo objetivo, se difundió por parte del Gobierno estimaciones de pérdidas millonarias que afectarán las proyecciones de crecimiento en esta gestión.
Otro de los elementos diariamente presentados en la misma lógica discursiva es la demanda de dólares de parte de la población. Una característica de la circulación monetaria en el país es la preminencia de transacciones en moneda nacional al interior del territorio, muestra de ello es que más del 90% de los ahorros en el sistema financiero son en Bs y prácticamente el 99% de los créditos de diversa naturaleza también se efectúan en moneda nacional, según datos de ASFI, por lo que la demanda de divisas proviene de los importadores y en menor medida de la población en general.
Uno de los mecanismos de asimilación de la crisis externa es precisamente mediante las importaciones, el proceso inflacionario de una buena parte de los países que nos circundan se trasmite mediante el incremento de precios de los productos que adquirimos en el exterior, por tanto los importadores presionan a una mayor demanda de divisas, sobre todo del dólar americano.
Esta demanda ha sido constantemente atendida con los ingresos resultantes de las exportaciones y la disponibilidad de Reservas Internacionales Netas (RIN) en el Banco Central de Bolivia y, en menor medida, en el sistema financiero. La disponibilidad de estas RIN ha ido reduciéndose desde el año 2015, cuando llegó a su máximo. Aquí hay que señalar la importancia de los aportes del Estado a la disponibilidad de esta divisa desde sus actividades productivas en hidrocarburos y minería, que con el tiempo han ido mermando a causa de la falta de inversión del Estado en las actividades exploratorias. Esta reducción contrasta con la tendencia de incremento permanente de las exportaciones del sector privado, particularmente minería y agroindustria, que han pasado a ser los principales exportadores de productos del país.
La presión política y la urgencia de atender la demanda monetaria de divisas indujeron al Gobierno a buscar soluciones coyunturales que le permitan neutralizar la posibilidad de una escalada mayor de conflictos, consiguiendo un acuerdo con las principales asociaciones de empresarios que se expresa en una agenda de 10 puntos.
El Gobierno logra así un apoyo que coyunturalmente le permite aislar a los sectores conservadores y promotores del conflicto de otros segmentos de la burguesía moderados y enfocados por lo pronto en desarrollar sus actividades productivas y comerciales.
En lo económico, consigue mantener la estabilidad con el tipo de cambio fijo, lo que implica preservar el poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares mediante un compromiso de apoyo para la captación de divisas a través de mecanismos de mercado como la emisión de bonos en dólares, lo que sin duda aliviará la demanda de divisas y la posibilidad de reducir la subvención al diesel oil con la subasta de este combustible a grandes compradores (léase agroindustriales y mineros) que están dispuestos a pagar mayores precios por este combustible.
En contraparte, el Gobierno accedió a suspender la restricción a las exportaciones agroindustriales, medida que implica que deben desarrollarse mecanismos de control que garanticen el abastecimiento interno, ya que lo contrario contribuiría a una tendencia al alza de precios de estos productos en el mercado local.
Otra aspecto de la agenda que permite controlar la escalada de tarifas que se encontraba en ascenso en el sistema financiero es la fijación de una banda entre 5% y 10% para transferencias y giros de dólares al exterior, elemento que incrementaba el costo de la importación de bienes diversos afectando al precio final en el país.
Los aspectos relativos a facilitar y promover el uso de energías limpias y promover la electromovilidad dentro de este acuerdo muestran la urgencia de desarrollar estrategias de largo plazo para el desarrollo energético del país, algo que ha sido obviado en la última década y que apremia ante la necesidad de acelerar los pasos en este camino.
Este es un acuerdo cuyo alcance temporal dependerá de la capacidad de reorganización y rearticulación del sector conservador, momentáneamente aislado. Proporciona también un espacio que puede ser aprovechado por el Gobierno y los sectores populares para su propia rearticulación y potenciamiento, una toma de impulso para avanzar en la recuperación de la iniciativa política desde el pueblo, estando conscientes de que el tiempo político es limitado.
- Miembro de la Red Boliviana de Economía Política.
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