abril 14, 2024

¿A quién beneficia la violencia política y la ausencia de debate democrático?

Por Diego Portal (Analista político)-.


La violencia es mala, venga de donde venga, sin importar demasiado los motivos que la promuevan, si verdaderamente creemos en el sistema de gobierno democrático en el que decimos encontrarnos. Obviamente sus promotores no lo hacen de manera casual, sino que claramente esta responde a una intencionalidad, a veces encubierta, y a objetivos evidentes en el corto y largo plazo.

De manera constante, desde la recuperación de la democracia, en noviembre de 2020, la espiral de violencia ha ido en ascenso, mostrando cada vez mayor radicalidad y un absoluto desprecio por la institucionalidad democrática, en la que, sin embargo, se cobijan para atrincherarse en su combate sectario.

Esta forma de hacer política no es nueva, al contrario, es una marca de los sectores reaccionarios del país. La historia reciente nos muestra claros ejemplos de esta afirmación. Por ejemplo, la forma en que estos grupos actuaron dentro y fuera de la Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre entre 2006 y 2008, o los intentos separatistas originados en Santa Cruz y que buscaron ampliar su radio de acción a la denominada “media luna” que mostró la cara violenta de la derecha boliviana, fascista, racista y discriminadora, que no reparó en el asalto y destrucción de bienes del estado y menos en el asesinato de bolivianos como parte de estrategia de toma del poder.

Lo acontecido entre septiembre y noviembre de 2019, que aún está presente en la retina de las bolivianas y los bolivianos, las masacres de Sacaba y Senkata, la persecución política tras el golpe, las agresiones violentas a indígenas y trabajadores en las calles de La Paz y Santa Cruz, son la mejor muestra de cómo conciben, desde esos sectores, la lucha política y su supuesta defensa de la democracia.

Esta conducta política de la derecha tradicional no es nueva, y ya no debería llamarnos la atención. Sin embargo, lo que sí es preocupante, y debe encender las alarmas de los sectores populares, es que se esté pretendiendo involucrar a organizaciones sociales, o a parte de ellas, en esta dinámica, antidemocrática desde donde se la vea. Una nueva derecha pretende instalar un discurso similar al de la derecha tradicional, pero tratando de mostrarse vestida de ponchos y ojotas. He ahí el mayor riesgo de esta “radicalidad” encubierta.

La Asamblea Legislativa, escenario inicial de la violencia

Si hay algo que históricamente ha caracterizado a la actividad legisladora desde el inicio de la vida democrática de los Estados, incluido el nuestro, no han sido solamente los grandes oradores, sino fundamentalmente el debate político parlamentario.

Ese debate político hoy ya no existe, ha sido reemplazado por el insulto, la diatriba, la calumnia, cuando no por los golpes de puño o las patadas, es decir, por la violencia en todas sus formas y expresiones. El Parlamento ha dejado de ser el escenario fundamental de la democracia para convertirse en un campo de batalla miserable y despreciable.

Las minorías intentan sobrevivir ante su total carencia de propuestas con el único argumento de sus ataques al Gobierno y su clara y manifiesta intención de sabotear la gestión gubernamental y para lograr aquello no reparan en los métodos que vayan a utilizar, ni mucho menos en los pretextos con los cuales supuestamente sostienen sus acciones desestabilizadoras y antidemocráticas.

Esta es y ha sido una forma de actuar de las derechas en el país, carentes de sustento programático y de credibilidad en la sociedad; nunca han dejado de usar la violencia en sus distintas formas, desde las más sutiles hasta las más perversas. Sin embargo, llama profundamente la atención que hoy en día se hayan sumado a esa manera de hacer política quienes dicen representar a sectores populares y movimientos sociales.

Legisladores, senadores y diputados, elegidos dentro de las mismas listas y bajo la misma fórmula del presidente Luis Arce Catacora, hoy se han convertido en sus principales adversarios y en los más entusiastas operadores de los planes desestabilizadores de la derecha. ¿Oportunismo, deslealtad o simplemente carencia de principios? Es difícil catalogar a quienes en los hechos han pasado a conformar la nueva derecha.

Del Parlamento a las calles

Ya se ha visto hace algunas semanas, como se vio en el pasado, que inexorablemente y fatídicamente la violencia instalada en la sede legislativa irá trasladándose a las calles. En realidad, ese es el objetivo casi inmediato de la derecha opositora para agudizar la supuesta crisis institucional que estaría resquebrajando la democracia.

Calificativos como “gobierno autoritario”, “dictadura arcista”, “dictadura masista” y otros son parte de esa narrativa que pretenden instalar con la finalidad de acorralar al Gobierno e impedirle desarrollar una adecuada gestión y buscar con su accionar ocasionar un desfase profundo en la economía, principalmente en los aspectos que afecta a los sectores más vulnerables, que son precisamente los que eligieron al presidente Arce en octubre de 2020.

Ya hemos observado cómo pueden crear situaciones extremas de violencia en los bloqueos de carreteras las semanas pasadas, en los cuales, ni el Gobierno, ni sus organismos de seguridad –como la Policía–, tuvieron parte, sino que fueron ejecutados de manera directa por los actores de esa nueva derecha, atrincherada detrás del nombre de algunas organizaciones sociales y en contra del ciudadano en general, del pueblo, de comerciantes, trabajadores, campesinos, transportistas, todos quienes han sido víctimas de esa violencia que dejó de ser hace mucho protesta social para convertirse en un accionar político-delincuencial.

Están buscando repetir situaciones similares o, quién sabe, mucho más graves, pretendiendo involucrar al Ejecutivo en acciones de represión cuando no le dejen ningún otro recurso de diálogo para garantizar la estabilidad económica y la paz social y entonces justificar esa narrativa de que vivimos bajo un “gobierno dictatorial”.

Sus verdaderos objetivos

Así como en su momento fueron la fecha del Censo o la libertad de Luis Fernando Camacho, caballos de batalla, meros pretextos para la derecha opositora, hoy encuentran en la renovación de autoridades del Órgano Judicial un nuevo motivo para continuar con su acción desestabilizadora antidemocrática.

Demás está decir que no les interesa ni en lo más mínimo la Justicia, porque si así fuera habrían hecho propuestas serias y estructurales para encarar la crisis en este órgano estatal y no solamente exigir el cese de sus autoridades, mucho menos tomando en cuenta que se encuentra en curso el proceso de elección de las nuevas máximas autoridades judiciales del país. Es obvio, pero vale la pena reiterarlo: apenas sean elegidas esas nuevas autoridades en el plazo establecido por la ley que la propia Asamblea sancionó, y que fue promulgada inmediatamente por el Ejecutivo, los actuales magistrados cesarán en sus funciones automáticamente.

Uno de los objetivos, totalmente claro, es el bloquear la gestión gubernamental, en este caso impidiendo el tratamiento y la aprobación de proyectos de ley que hacen al desempeño de la economía del país, ejecución de obras importantes, generación de empleo, reactivación de la actividad privada y, desde luego, el mantenimiento de la estabilidad y el crecimiento de la economía. Eso es lo que busca la oposición antidemocrática, pero solo como un primer paso. Sus objetivos políticos van más allá, muchísimo más allá.

Entre esos objetivos, desde luego el principal es sabotear la gestión de Gobierno en todos los campos, pero muy particularmente en lo económico. Los bloqueos no solo de aprobación de leyes, sino también los de carreteras, pretenden un daño económico irreparable. No les interesa la gente, ni mucho menos el país. Hay que derrocar al Gobierno no precisamente con un golpe tradicional (aunque tampoco lo descartan), o cuando menos (que al final es lo mismo) acortar el mandato del presidente Arce un año, forzando por lo tanto un adelanto en las elecciones generales previstas para octubre de 2025.

Un escenario parecido, en lo político, al vivido entre 1982 y 1985, bajo el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), coalición de centro izquierda a la cabeza de Hernán Siles Suazo. En esa época los radicales de extrema izquierda aparecieron de tontos útiles de la derecha, que se hizo luego del poder por dos décadas. Esa es historia ya conocida.

¿Qué falta para repetir la historia? Una profunda crisis económica

La terrible crisis económica y una hiperinflación nunca antes vista que azotaron al país durante el período de gobierno de la UDP, más allá de indagar las causas o los responsables, fueron las que obligaron a Siles Suazo, traicionado incluso desde dentro de la propia coalición, a renunciar a un año de su mandato constitucional y adelantar la convocatoria a elecciones generales.

Muchos de los elementos políticos que hacen a la coyuntura guardan similitud con lo sucedido hace 40 años. El comportamiento antidemocrático de la derecha se repite, como ha sucedido casi siempre en la historia nacional, y esta vez vuelve a coincidir con una supuesta izquierda, denominada asimismo como “radical”, que al igual que hace cuatro décadas se entrega a hacerle el juego a la antipatria, tendiéndole la alfombra a la derecha antinacional para la toma del poder.

Obviamente la derecha bate palmas y, a través de su corporación mediática y sus operadores, brinda la más amplia cobertura a estos supuestos representantes de sectores populares y organizaciones sociales, angurrientos de poder, que no están midiendo las consecuencias de sus acciones políticas, tal como sucedió con quienes derrocaron a la UDP.

Podemos ver entonces que la derecha tradicional y la nueva derecha no van a descansar hasta destruir la economía de las bolivianas y los bolivianos, la estabilidad y la democracia, por sus ansias de poder.

Ese es el tema central del conflicto. No son los magistrados, no es la reelección del presidente Arce (pues ni siquiera él se ha pronunciado sobre esa posibilidad, de la que constitucionalmente no está impedido). El tema es la toma del poder a como dé lugar, no precisamente en los marcos de la lucha democrática.

Por eso generan violencia en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la Asamblea Legislativa, y buscan también desplegarla en el campo y en las ciudades, porque tienen un objetivo que es totalmente claro: destruir la economía nacional. Porque saben que, finalmente, que el pueblo vota por democracia y libertad, pero también por su estabilidad y seguridad económica, y que mientras el país mantenga el rumbo del crecimiento y la industrialización, de control de la inflación y de altas cifras empleo, no tienen posibilidad alguna de llegar a obtener la aprobación de la población en futuras elecciones, sea quien sea su candidato.

Son esa derecha vendepatria y esa nueva derecha oportunista las únicas que pueden obtener beneficios de la violencia que ellas mismas promueven. Y el pueblo debe estar consciente de esto.

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