Por Diego Portal (Analista político)-.
El buque estrella del Gobierno –y del Proceso de Cambio iniciado en 2006– ha sido y es el modelo económico implementado al margen de las habituales recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), con soberanía, personas y criterios propios, modelo que tuvo como su artífice en el diseño y la ejecución al actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, en su condición de ministro de Economía y Finanzas Publicas del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) desde 2006.
Es lógico pensar que, desde la oposición, interna como externa, durante los 14 años iniciales de gobierno y en los últimos tres, después de la interrupción golpista de noviembre de 2019, la idea de atacar al modelo económico sea el único camino por el que se pueda lograr desestabilizar al Gobierno. Buscan torpedear y hundir a ese emblema del proceso de transformación histórica que vive Bolivia.
En lo político –y en lo electoral, desde luego– nunca encontraron forma alguna de debilitar el respaldo popular y ciudadano al modelo económico y al Proceso de Cambio, lo cual quedó ampliamente expuesto en los resultados de todas las elecciones nacionales celebradas desde 2005, incluyendo la de 2020, en la cual el actual presidente, Luis Arce, obtuvo el 55% del voto ciudadano.
Las acciones desestabilizadoras de la oposición, de la derecha tradicional, no tienen nada de novedosas y repiten tácticas ya fracasadas en varios momentos de la historia reciente, con las que, sin embargo, siguen buscando debilitar al Ejecutivo. Esta incapacidad de generar nuevas opciones es la que ha hecho que esta derecha tradicional quede de modo permanente relegada del accionar político real, es decir, aquel que se siente junto al pueblo, mucho más allá de los pasillos legislativos y de las luces, cámaras y micrófonos de la corporación mediática.
Empero, en el último año, de modo abierto ha surgido una nueva derecha cuya forma de lucha se sustenta en métodos y acciones tradicionalmente utilizados por sectores populares, organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda. Es más, esta nueva derecha aún se reclama popular o radical de izquierda, pero sus acciones muestran algo totalmente distinto ya que es por demás evidente su alianza con sectores no solo de la derecha democrática o moderada, sino también sectores fascistas. Es evidente la cobertura que reciben los dirigentes de esta nueva derecha en los medios de la corporación mediática, algo que no ocurre con quienes verdaderamente representan a los sectores populares.
Esta nueva derecha se ha visto desenmascarada principalmente por sus acciones violentas, como forma de protesta, bajo argumentos baladíes, a través de cortes de carreteras prolongados o intervenciones violentas a reuniones de organizaciones sociales buscando deslegitimarlas. Junto a lo más preclaro de la derecha tradicional y fascista, han repetido sus libretos violentos en la Asamblea Legislativa con la única finalidad de crear escenarios de incertidumbre que faciliten sus ataques a la estabilidad económica y al desarrollo.
En contra ruta de las prioridades
Está claro lo que el país necesita para seguir avanzando en el desarrollo productivo. La industrialización y la sustitución de importaciones, como elementos de un modelo económico que le ha dado a los bolivianos estabilidad y paz social, es precisamente lo que sigue esperando el pueblo, junto a la paz y armonía entre todos los sectores ciudadanos.
Las intentonas desestabilizadoras han atacado precisamente aquello. Simplemente para poner un ejemplo: los bloqueos de caminos, especialmente (o con mayor intensidad) en el departamento de Cochabamba, han ocasionado serios perjuicios a varios sectores importantes de la economía nacional, transportistas, productores agrícolas y pecuarios, importadores y exportadores y ciudadanos que necesitaban trasladarse de un lugar a otro. Esto ha significado un enorme daño en la economía del que nadie se hace cargo. ¿Qué se logró con esa prolongada e injustificada “protesta”? ¡Absolutamente nada!
Seguramente sus autores consideran que lograron debilitar al Gobierno con la suscripción de un acuerdo que no hacía otra cosa que recordar a los legisladores que deben cumplir con sus obligaciones, por las que reciben una remuneración del Estado y para las que fueron elegidos. Aunque no lo digan, deben haber sentido una gran satisfacción interior al establecer que le han causado un gran daño a la economía, su objetivo fundamental para desestabilizar la gestión de gobierno.
Su empecinamiento por ir en contra del país queda al descubierto cuando, pese a ser parte del acuerdo con el que levantaron sus medidas de presión, se resisten a aprobar las leyes que darán paso al financiamiento de proyectos claves, mientras están poniendo en juego la seriedad del Estado boliviano ante esos organismos financiadores.
Combustible, dólares y magistrados
Las acciones desestabilizadoras de la derecha tradicional y de la nueva derecha están apuntando a factores sensibles de la economía. Frente a la imposibilidad de demostrar la supuesta crisis que gritan a los cuatro vientos y que el ciudadano común no la siente porque la inflación sigue baja y porque el poder adquisitivo de sus ingresos no se ha visto alterado, han apuntado a temas específicos.
El abastecimiento de combustibles en varias regiones se vio seriamente afectado precisamente por el prolongado e ilegal corte de caminos llevado a cabo por la dirigencia de la nueva derecha. Era un efecto obvio el que se produciría escasez de diésel y gasolina en ciertos lugares, y que esta situación desataría una lógica preocupación en la ciudadanía. Mucho más si se toma en cuenta el irresponsable accionar de la corporación mediática, dando espacios exagerados a los voceros desestabilizadores, vestidos de expertos en la materia o de analistas económicos.
Solucionado el tema del abastecimiento, tras levantarse los irresponsables bloqueos camineros, la derecha antipatria tenía que seguir sosteniendo el tema y es ahí donde aparece un nuevo elemento: el de los biocombustibles y las mezclas en la gasolina.
De inmediato se empiezan a pronunciar sobre los problemas técnicos que pudieran haber y, sin sustento, a configurar un clima de incertidumbre sobre el tema, pese a que están conscientes de la existencia de estudios serios y responsables de centros universitarios, dentro y fuera del país, y sabiendo también que en otros países se acomete esa misma acción y los resultados han sido ampliamente positivos. Una discusión irrelevante a la que aparecen sumándose algunos importadores de autos que persiguen otros objetivos que no son precisamente los que señalan al público.
Ese tema es tan sensible como el de los dólares americanos. Durante más de 15 años el tipo de cambio con la moneda americana se ha mantenido estable. La banca y los usuarios nunca han tropezado con problema alguno en sus operaciones con dicha moneda y se ha mantenido un mercado de librecambistas que no ha afectado el tipo de cambio. Junto a esta situación de estabilidad cambiaria el proceso de “bolivianización” de la economía, que ha superado el 90% de la actividad económica, hicieron prácticamente que la gente deje de pensar en dólares. Los préstamos, los ahorros y casi la totalidad de las operaciones financieras se hacían en bolivianos, es decir, en moneda nacional. Hasta que, hace aproximadamente un año, la banca privada empezó a limitar primero la venta y luego la devolución de depósitos de dólares. No es casual que este sector, vinculado a los sectores de poder más conservadores del país, haya aparecido limitando la moneda norteamericana, pero de manera sugestiva a quienes realizaban pequeñas operaciones con dicha moneda y no así a sus grandes clientes que siempre tuvieron a disposición los billetes verdes. Nada es casual. El Estado se vio en la necesidad, ante el temor levantado por los banqueros en la ciudadanía, de hacer ventas directas de dólares demostrando que se trataba de otra crisis artificialmente creada con la única finalidad de desestabilizar al Gobierno.
Obviamente, el Gobierno debe realizar ajustes en este tema; algunos ya lo están haciendo, otros están pendientes.
La liberación de las exportaciones es un primer paso dado que debe estar necesariamente acompañado por la obligación de los exportadores de entregar el producto de sus ventas en el exterior al Banco Central de Bolivia. Asimismo, la creación de la empresa del oro, recientemente anunciada, debe apuntar a centralizar la compra de este metal de las cooperativas y otros productores y monopolizar su exportación o su acumulación como parte de las reservas del país. Se debe incidir e incentivar aún más en la bolivianización de las operaciones financieras y las transacciones en general, específicamente prohibiendo, por ejemplo, la compra-venta de vehículos o inmuebles en dólares. No es una tarea sencilla, pero es necesaria.
El abastecimiento de productos básicos en el mercado nacional, el incremento de salarios, la subvención a los carburantes (que no es el único producto subsidiado en el país), pueden convertirse en caballitos de batalla de las derechas bolivianas (la tradicional y la nueva), por lo que la ciudadanía debe estar alerta frente a las campañas de desinformación y de generación de pánico que con seguridad se van a ir presentando en el curso de los próximos meses como parte de esa misma estrategia desestabilizadora. Pero también el Gobierno tiene la obligación de mejorar y optimizar los canales de información, oportuna y transparente, más allá de la propaganda gubernamental.
Otro elemento que si bien no es económico forma parte de la estrategia desestabilizadora es la situación de la administración de justicia, que va mucho más allá de la realización de las elecciones judiciales y de las nuevas autoridades del Órgano Judicial.
No vamos a negar que el sistema judicial atraviesa una profunda crisis y que en los hechos ha tocado fondo. Es una realidad innegable. Justamente es la derecha la responsable de la situación judicial, puesto que el problema es de larga data, precisamente porque en las épocas de dictadura y luego bajo la democracia neoliberal se parceló partidariamente y se corrompió la administración de justicia. Esos son los problemas que hoy se siguen arrastrando y que, como lo dijimos hace una semana en este mismo medio, ni siquiera los cambios introducidos en la Constitución de 2009 lograron aliviar la gravísima situación en la que se debate la administración de justicia.
Todo esto resulta muy útil a la oposición para provocar problemas dentro de la Asamblea Legislativa, evitando así tratar otros temas urgentes, confundiendo al país, criticando todo lo que se haga en esta materia, bloqueando ya no solo las leyes de orden económico, sino también los proyectos presentados por el Gobierno, dirigidos a mejorar el sistema judicial, que están durmiendo el sueño de los justos en las comisiones legislativas y, lo que es más grave aún, sin proponer absolutamente nada que pueda aportar a cambiar el actual estado de cosas en el ámbito judicial.
Además de bloquear la gestión gubernamental con este pretexto les interesa –llegada la hora– negociar espacios de poder para sus abogados de confianza, dentro de las más altas esferas del Órgano Judicial, es decir, volver al cuoteo partidario, como antes ya lo hicieron.
Eso no es todo. La desestabilización no descansa, no hace pausa, va a paso ligero buscando lograr su objetivo. Es más que probable que el Censo, realizado el sábado 23, servirá para retomar el escenario de la violencia con argumentos que ya podemos imaginar y que, en algunos casos, los han ido adelantando pretendiendo descalificar de inicio su realización como tal y, desde luego, los resultados que salgan de este proceso que cumplió con todos los requisitos técnicos necesarios y tuvo el acompañamiento externo que garantiza su idoneidad y seriedad. Pero para la derecha desestabilizadora y golpista nada de esto será suficiente.
Deja un comentario