mayo 19, 2024

Cuáles serán los desafíos después de los resultados Censo

Por Diego Portal (Cientista político)-.


El Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado el pasado sábado 25 de marzo, ha sido un éxito, más allá de los obstáculos surgidos por variadas razones, entre ellas un extremo interés de politizar esta actividad enteramente técnica de parte de ciertos sectores de la oposición, amplificado por algunos periodistas –muy pocos desde luego y conocidos por su posición política– y otros tantos dirigentes políticos; así como dificultades originadas en problemas de orden climatológico, entre otros, que no lograron detener el proceso censal. Su éxito ha sido reconocido por la ciudadanía y por los expertos internacionales, quienes acompañaron la actividad por su amplia cobertura, por la responsabilidad, esfuerzo y voluntad de los censistas y de la población que abrió sus puertas a esta consulta.

El Gobierno ha demostrado con la realización del Censo 2024 no solo que cuenta con la capacidad técnica y profesional para llevar adelante una labor de esta envergadura, sino que ha cumplido con su compromiso de ejecutar un censo estrictamente técnico, al margen de todo interés político o de otra índole sectaria, en la fecha prevista. Ha echado por la borda el discurso opositor planteado desde hace más de un par de años en torno a la fecha del censo, cuestión que fue considerado como emblema de la oposición, particularmente de la regional cruceña encabezada por el gobernador del Departamento de Santa Cruz. El Censo, previsto para el año 2022, era prácticamente imposible de llevarse a cabo por numerosos factores, pero para muestra podemos señalar un par de ellos: 1) en los tres años anteriores a la fecha prevista, cuando debió iniciarse su planificación y organización, hubo un golpe de Estado que destruyó en pocos meses la institucionalidad y la economía del país y que en absoluto se ocupó de temas de orden técnico como este; 2) de manera casi simultánea, la pandemia del Covid-19 fue otro elemento para que el Estado y sus instituciones descuidaran en ese período este tipo de obligaciones establecidas por ley.

Si se pretendía ser serios, no quedaba otro camino que fijar una nueva fecha para la realización del Censo, en un plazo razonable, que permitiera llevar una adecuada organización. Y fue eso lo que precisamente hizo el gobierno encabezado por Luis Arce Catacora, soportando un fuerte proceso de desestabilización a través de paros y bloqueos que programaban fechas irracionales, sin sustento de ningún tipo, solo buscando colocar al Ejecutivo contra las cuerdas. El Gobierno mostró fortaleza y seriedad, estableció una fecha definida técnicamente y, hace una semana, cumplió con éxito la jornada censal, la cual, sin embargo, es solo un hito, un momento, un elemento de todo lo que significa la consulta, desde el inicio de su organización hasta la entrega de los resultados finales. Es decir, está claro que aún quedan cosas en el camino, especialmente desde el lado de quienes pretenden deslegitimar no solo ya la jornada de recopilación de la información de manera directa del ciudadano, sino los resultados de este proceso por las consecuencias que necesariamente conllevan.

El rotundo éxito alcanzado el sábado 23 de marzo no será suficiente para convencer a los detractores del Censo y menos a los opositores del Gobierno, quienes buscarán, donde les sea posible, “el pelo en la sopa”, para construir nuevos escenarios de conflicto.

En lo político: los escaños y límites

En lo inmediato, aun antes de conocerse los primeros resultados del Censo, la oposición ya alista su artillería para atacar la gestión de gobierno. En ese sentido, el primer tema en la agenda es el de una futura redistribución de escaños en la Cámara de Diputados, que afectará positiva o negativamente a varios, sino a todos los departamentos.

No solo es ya percepción, sino una realidad, que con seguridad será ratificada por los resultados del Censo, el que durante los últimos 12 años se ha registrado un significativo movimiento de ciudadanos, de determinados departamentos a otros, principalmente por razones de trabajo y de mejores expectativas de vida. Pero también vamos a constatar un flujo vivo desde el área rural hacia las ciudades.

Las razones específicas de esos movimientos de la ciudadanía merecen un análisis más profundo y detallado, habrá departamentos que tengan menor población que hace una década atrás mientras que otros exhibirán un considerable incremento poblacional. Esto se veía venir, no será una sorpresa, pero con seguridad los políticos de esos departamentos no estarán conformes y dirán que el Censo no estuvo bien hecho ya sea porque no les ha dado el aumento de población que señalaban sus expectativas o, simplemente, porque aparecen con menor población de la que esperaban.

Nadie querrá perder ningún escaño, no cabe la menor duda. Pero no hay otra forma de aplicar la nueva correlación poblacional que no sea quitando espacios parlamentarios a quienes perdieron población, para dárselos a los departamentos que congregan un número mayor de habitantes. Obviamente el camino inicial (al que con seguridad apuntan los opositores) será el del conflicto, tratando de movilizar a sectores sociales y ciudadanos de cada departamento para demandar lo que consideran que les corresponde o para impedir que se les cercene su representación de diputados. Ya lo hemos vivido antes.

Lo cierto y evidente es que la actual composición de la Cámara de Diputados no refleja la estructura poblacional del país. Departamentos como Potosí, Oruro o Chuquisaca han perdido población, aun cuando hayan pretendido convocar a los nacidos allí que residen en otras ciudades a que fuesen a censarse en sus lugares de origen. Estos movimientos precensales no afectarán en el fondo los resultados finales, aunque de alguna pequeña manera pueden distorsionar el recuento de habitantes en ambas regiones, en las que censaron y en las que habitual y permanentemente radican.

En contrapartida, departamentos como Santa Cruz, Beni y Pando, con mucha probabilidad, mostrarán acrecentamiento poblacional, algunos de manera reveladora –tal vez no tanto como sus pronósticos anuncian– y habrá que reconocer el derecho que les corresponde de contar con una mayor representación en la cámara baja. Nadie quedará satisfecho con los resultados del Censo en este punto, ni los que ganan ni los que pierden. El ambiente de desestabilización e incertidumbre volverá con el patrocinio de los opositores, cierta dirigencia cívica subordinada a la derecha y algún que otro despistado sector social que, lamentablemente, nunca falta en este tipo de circunstancias.

La primera gran batalla postCenso es la de los escaños. Aunque formalmente este tema deber ser abordado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre la base de los resultados oficiales, tomando en cuenta además del número de habitantes, criterios de equidad y del grado de desarrollo de cada uno de ellos, con seguridad involucrará a los otros órganos del Estado. Con todo, no hay mucho espacio para los milagros, pues la Constitución dicta que el número máximo de diputados es de 130 y eso es lo que se puede distribuir, ni uno más. Entonces, lógicamente, unos ganarán y otros perderán diputaciones. El conflicto ya está latente ante esta realidad.

En lo político institucional otro tema se refiere a los problemas de límites entre municipios y entre departamentos. Este es un asunto que se arrastra desde hace mucho tiempo, el cual en la mayor parte de los casos ha sido ignorado intencionalmente, echando la basura bajo la alfombra, a fin de no desatar conflictos. Es previsible que más pronto que tarde vuelvan a surgir estos diferendos, relacionados con los resultados del Censo y en consecuencia con la distribución de escaños y con la distribución de recursos y la coparticipación.

En lo económico: redistribución y planificación

El otro tema complicado, quizá más que el de orden político, es el económico. A partir de los resultados los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, desde luego los que resultaren que han incrementado su población, exigirán una asignación mayor de recursos en todos los campos. Que tienen razón y es un justo pedido, no se puede negar; pero esto inquietará a un número considerable de municipios ubicados en zonas deprimidas y expulsoras de población, tradicionalmente pobres.

Es aquí donde los roles del Gobierno y de la Asamblea Legislativa deben tornarse protagónicos, porque los recursos siempre serán insuficientes para atender las necesidades y cubrir las expectativas de los más favorecidos poblacionalmente hablando y con seguridad serán necesarios acuerdos nacionales que partan de redefinir los conceptos de distribución y asignación de recursos a las instancias subnacionales hasta consolidar el concepto del espíritu constitucional de Estado unitario.

No será una tarea fácil, para nada, pero no queda otro camino que el de la concertación de las partes, sabiendo que no todos, o casi nadie, quedarán conformes con los recursos que les sean asignados. Será otra batalla a librar por el Gobierno y por quien resulte elegido en octubre de 2025, ya que no se tratan de temas coyunturales, sino más bien estructurales del Estado boliviano, que junto a los problemas de límites y otros no han sido adecuadamente encarados en las últimas décadas.

Los resultados finales del Censo van a convertirse en una de las herramientas claves para definir la Bolivia que quisiéramos de acá a cinco, 10 o 20 años. La planificación requiere de esa información para ir delineando cómo se va a construyendo el país en el corto, mediano y largo plazo. Ese es uno de los valiosos aportes de la actividad censal en todos los países, despolitizando su enfoque y su análisis, pues sin importar quién o quiénes gobernarán Bolivia en los próximos lustros, los números serán los mismos y las necesidades y expectativas de la gente se mantendrán en esa perspectiva.

Lo que nos dejó el censo

Más allá de lo que viene o de lo que puede venir después del Censo, hay aspectos que ya han pasado y que debemos tomar en cuenta como parte de esta experiencia. En principio el Gobierno ha demostrado que se pueden llevar adelante actividades específicamente técnicas con eficiencia y de manera responsable y exitosa, superando cualquier malintencionada politización.

Igualmente, confirmó que es un Gobierno que respeta sus compromisos y que cumple de modo eficiente y responsable lo que promete. Todo el calendario y todas las actividades previstas fueron desarrolladas a cabalidad.

Que de la oposición no se puede ni se debe esperar propuesta viables, ni menos un acompañamiento patriótico y desprendido de los intereses mezquinos de los grupos que representan. Ellos no perderán la oportunidad de desestabilizar la gestión de gobierno bajo cualquier excusa.

Asimismo, hay que analizar conflictos evidenciados en este Censo, que van desde el acarreo de gente de un municipio a otro, incluso bajo formas de presión extorsivas o destinando indebidamente recursos públicos para el pago de transporte. Se debe debatir la forma de poner fin a esta situación que si bien no desvirtúa los resultados, apertura un ambiente de desconfianza e ilegalidad.

Habrá que repensar una utilización más intensiva de la tecnología y en contar con un sistema único nacional integrado de registro y de información que garantice que en el mediano y largo plazo podamos contar con información cada vez más fidedigna y oportuna.

Finalmente, aun cuando serán los resultados finales los que nos den más luces al respecto, desde las regiones habrá que comenzar a analizar el porqué de las migraciones internas, de ciudad a ciudad y desde el campo a las urbes, y no solo descubrir las causas, sino sobre todo trazar rutas de solución a este problema que puede cambiar en el mediano plazo la configuración política y económica de Bolivia, con consecuencias imprevisibles.

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