Por Diego Portal (Cientista político).
A 29 años de la fundación del Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), en 1995, es posible por el tiempo transcurrido analizar el proceso que ha desarrollado este movimiento considerado el más importante de la historia boliviana, mucho más aún que el de la Revolución Nacional de 1952. Su importancia no solo ha sido cuantitativa, sino principalmente cualitativa, pues ha logrado incorporar demandas y sectores que habían permanecido hasta al margen de la vida política del país.
A casi tres décadas de que naciera a la vida pública este instrumento político, estamos en condiciones de reflexionar en torno al camino recorrido hasta ahora, su desempeño desde la toma del poder en 2006 hasta nuestros días y, desde luego, hacer previsiones sobre lo que podría significar el futuro de esta organización.
Algo de historia: el origen
El año de 1992, de conmemoración de los cinco siglos de la llegada de los colonizadores o conquistadores españoles a nuestro continente, se convirtió en un momento propicio para replantearse la presencia y la participación de los pueblos indígenas, subyugados y explotados, así como también de otros sectores sociales que habían sido marginados del quehacer nacional por una oligarquía criollo mestiza que tuvo a su cargo la administración de la república desde su nacimiento en 1825.
Junto a ese acontecimiento, de trascendencia continental, Bolivia vivía un periodo de cierta estabilidad democrática, con un proceso recuperado una década atrás pero que no encontraba su plena consolidación por la emergencia de nuevos actores sociales, entre otros el movimiento indígena campesino. Un primer intento se vislumbra con la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), organización que agrupó a sectores campesinos y que buscó alianzas con grupos marxistas para participar de las contiendas electorales en esa década.
Sin embargo, debido a la crisis de la clase política tradicional, que no solo se hallaba gobernando sino que había administrado la cosa pública prácticamente desde la segunda mitad del siglo XX, tras la Revolución Nacional, ya sea desde gobiernos democráticos o dentro de dictaduras militares, la ciudadanía había ido perdiendo de manera paulatina su confianza en esos políticos, y esperaba el surgimiento de nuevas opciones.
Es así que en 1995 dirigentes de las organizaciones campesinas como la Confederación Única de Trabajadores campesinos de Bolivia (Csutcb), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y una nueva fuerza insurgente oriunda del Trópico de Cochabamba, los cocaleros, acuerdan junto a intelectuales de izquierda la creación del IPSP, siempre con la idea de constituirse en un referente y una alternativa electoral frente a la partidocracia tradicional. Filemón Escobar, Román Loayza, Alejo Véliz, Evo Morales, Antonio Peredo y Hugo Moldiz, entre otros, fueron los que dieron ese histórico primer paso.
La negativa de la Corte Electoral de conceder personería jurídica a esta organización determinó que se buscara “comprar” o “prestarse” la sigla de alguna agrupación que ya estuviera reconocida por el organismo administrador de las elecciones. Así es que se recibe la oferta de un antiguo dirigente de la Falange Socialista Boliviana (FSB), David Áñez Pedraza, quien tras abandonar su partido logró que se le otorgase reconocimiento a su partido denominado Movimiento Al Socialismo (MAS). De ahí surge la denominación MAS-IPSP, con la cual entra al ruedo electoral a partir de 2002, con un inesperado crecimiento en su votación y en su presencia en instancias legislativas nacionales y en gobiernos municipales.
El gobierno del MAS-IPSP. Lo bueno, lo malo y…
El triunfo electoral de diciembre de 2005 (con el 54% del voto ciudadano, algo que no se había visto en décadas en Bolivia) y la posterior asunción al mando presidencial en enero de 2006 del dirigente cocalero y candidato del MAS-IPSP, Juan Evo Morales Ayma, marca no solo el inicio de un prolongado período de gobierno de la tolda azul, sino también de una nueva época para la política local signada por la presencia masiva de representantes de los sectores indígenas campesinos y de otros del campo popular en las principales instancias de administración en el Órgano Legislativo y en el Ejecutivo, algo inédito en la historia republicana.
Los casi 14 años que gobernó Morales, como todo proceso histórico, tiene sus luces y sombras.
La convocatoria a una Asamblea Constituyente (AC), la segunda desde de la fundación de la República, que posteriormente daría como fruto una nueva Constitución Política del Estado (CPE), es uno de los hitos claves del gobierno del MAS, pues marca el nacimiento del Estado Plurinacional tras la promulgación de la nueva carta magna en febrero de 2009.
La nacionalización de los hidrocarburos, el primero de mayo de 2006, que devolvió al Estado la administración de este principal recurso natural que había sido entregado a empresas extranjeras por el neoliberalismo, es otro de los puntos altos del período, que además sirvió de base para la implementación de un modelo económico social, comunitario y plural, soberano y contestatario a las tradicionales recetas de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que permitió que los recursos económicos recuperados de las petroleras foráneas se inviertan adecuadamente dentro del país.
La inclusión de valiosos sectores sociales, particularmente indígena campesinos, en la administración del Estado, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en los gobiernos departamentales y en los municipios, es decir, la participación activa de estos sectores tradicionalmente marginados en la vida política fue, sin dudas, otro de los aspectos significativos de esa etapa inicial.
El hecho de haber llegado al gobierno por la vía democrática, mediante elecciones generales, puso muchas limitaciones y mantuvo vigentes a sectores opositores que no cesaron en sus intentos por desestabilizar al Gobierno. Desde la clase política tradicional no se auguraba ni siquiera que el MAS y Evo pudieran cumplir su mandato, lo cual llevó a que las acciones desestabilizadoras se multiplicaran conforme pasaba el tiempo de gobierno y parecía este consolidarse con mayor facilidad y prontitud que la prevista por sus opositores.
El golpe cívico-prefectural, dirigido desde Santa Cruz y que se extendió a varios departamentos identificados como parte de la Media Luna, fue uno de los episodios de mayor tensión del primer gobierno masista. La toma de instituciones públicas, las acciones violentas de grupos paramilitares, toma de aeropuertos y el impedimento que el Presidente o sus ministros pudiesen llegar a determinadas ciudades fueron la muestra más evidente de los intentos separatistas que pregonaban los dirigentes de aquel movimiento cívico.
Durante el desarrollo de la AC Sucre también fue escenario de acciones de carácter violento que pretendían impedir el desarrollo del cónclave y que concluyeron con hechos no del todo esclarecidos como la humillación, persecución y agresión a indígenas y campesinos en la capital; o los hechos de violencia extrema protagonizados por grupos paramilitares fascistas en la en la zona de la Calancha, próxima a la ciudad.
Luego del traslado del debate constituyente a la ciudad de Oruro, ante la imposibilidad material de seguir con el trabajo en Sucre este prosiguió con la ausencia de los constituyentes opositores; sin embargo, el texto final de la Constitución fue “negociado” con legisladores opositores al interior del Legislativo, desacreditando de inicio el valor del texto constitucional al haber acudido a ese recurso de negociación para su aprobación, lo que además en un futuro muy próximo daría lugar a que la propia CPE le creara conflictos al propio partido gobernante.
No vamos a hacer un listado de los aspectos que consideramos fueron los errores principales del gobierno de Evo Morales, simplemente nos referimos a algunos que han marcado negativamente al proceso de la Revolución Democrática y Cultural.
Tras haber alcanzado una victoria política y electoral (con el revocatorio presidencial) frente a los intentos separatistas y el golpe cívico-prefectural, el Gobierno no supo plasmar este triunfo en operaciones políticas que desmontaran el aparato conservador y fascista que aún se mantiene prácticamente íntegro especialmente en el departamento de Santa Cruz.
El empecinamiento de colaboradores cercanos a Evo y del propio presidente por llevar adelante la construcción de una carretera por el territorio indígena del Tipnis, que finalmente no se hizo, sirvió únicamente para que sectores indígenas de tierras bajas se alejaran del Instrumento Político, debilitándolo en su base original indígena campesina, así como sectores de clase media y profesionales progresistas vinculados con la defensa del medio ambiente y la Madre Tierra desarrollaran una campaña intensa, nacional e internacional, en contra del Gobierno. Habría que preguntarse si era necesario cerrarse de tal modo en un tema controvertido y mucho más si uno de los fundamentos del programa de gobierno de Evo pasaba precisamente por la defensa del medio ambiente.
La primera década del gobierno del MAS fue igualmente objeto de una serie de denuncias de corrupción en distintos niveles, desde la que ocasionó la salida imprevista de uno de los dirigentes principales del gobierno, Santos Ramírez, pasando por la denuncia de los 33 camiones en el departamento del Beni, el desfalco del Fondo Indígena y otras más, las que en su mayoría fueron ignoradas por las autoridades centrales y por un Ministerio Público que debió tomar cartas en el asunto.
Pero fue lo sucedido en febrero de 2016 lo que marcó definitivamente la declinación de un proceso que en sus primeros cinco años había manifestado un ascenso innegable con un fuerte respaldo popular.
Un año antes Evo Morales asumió por tercera vez la Presidencia, producto de una elección realizada el mes de octubre de 2014, donde obtuvo el 61% de la preferencia ciudadana. Es probable que este resultado hubiese incrementado la soberbia de los gobernantes y los hubiese llevado a pensar que era posible modificar la CPE en aquel punto que se había negociado espuriamente en 2008 con los partidos opositores en el Parlamento: la reelección indefinida. Seguramente con ese espíritu no dudaron en convocar a un referéndum destinado a modificar la actual limitación constitucional.
El resultado de la consulta del 21 de febrero fue catastrófico. Hasta ahora Morales y el MAS siguen arrastrando la pesada carga que les dejó la voluntad popular expresada en el no a la reelección indefinida. Ahí empezó la debacle del Gobierno ya que se sentaron las condiciones más adecuadas para que la oposición retome fuerza y haga suya como bandera la decisión ciudadana. El no haber escuchado y obedecido el voto expresado en el referéndum no fue sino la ratificación de cómo el MAS había perdido la consigna que enarbolaba desde antes de acceder al poder: “gobernar obedeciendo al pueblo”.
El golpe de Estado de noviembre de 2019 fue, por su parte, la culminación de ese período de declinación y desgaste de un proceso que había perdido la brújula en lo político, encontrándose expuesto a que la iniciativa fuera tomada por la oposición más radical junto a jefes militares y policiales hasta el asalto de la casa de gobierno en medio de una inexplicable pasividad e incapacidad de reacción de las instancias gubernamentales que tenían la responsabilidad de asumir las acciones de preservación del proceso democrático y, desde luego, del gobierno legítima y legalmente elegido.
Después del golpe y el retorno a la democracia
Después del golpe de 2019 el MAS es otro. La salida abrupta de Evo Morales y Álvaro García Linera al exilio, dejando descabezado al IPSP en una coyuntura de dura represión, tendría sus consecuencias.
Fue la gente, espontáneamente, la que tomó la iniciativa de asumir la defensa de la democracia en contra del golpismo. Esto costó vidas humanas de los más humildes, quienes coparon las calles ante la ausencia de una dirección política.
Las elecciones de octubre de 2020 marcan el inicio de una nueva etapa en la historia del MAS-IPSP. El triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca confirmó dos cosas: que el pueblo no acepta ni aceptará intentos golpistas ni gobiernos dictatoriales, por una parte; que el Proceso de Cambio instaurado en 2006 debe continuar, incluso por encima de las personas que fueron consideradas como los líderes indiscutibles de la Revolución Democrática y Cultural, por la otra.
Es muy difícil y arriesgado afirmar que el MAS va camino a su desaparición, puesto que es y seguirá siendo un transcendental actor de la vida política del país. Si bien es cierto que los dos últimos años, y sobre todo este 2024, se constituyen en cruciales para la estructura institucional de esta organización, no existe un factor de recambio que pueda poner en riesgo su existencia.
Sin embargo, se avizoran otros riesgos, por ejemplo, la incapacidad de alcanzar en el marco de la ley de partidos políticos y de sus propios estatutos, consolidar su estructura partidaria y ser reconocida por las instancias correspondientes, por el Órgano Electoral. Si bien podría considerarse un aspecto estrictamente formal y que no afectará a su base social, podría determinar que, en el plazo inmediato, en las elecciones del próximo año se vea imposibilitado de participar dejando un amplio espacio para que otros sectores, sean de la derecha opositora más reaccionaria o de sectores menos radicales, puedan atraer y conseguir el voto ciudadano.
En 29 años de existencia el IPSP ha marcado su presencia en la historia nacional con profundas transformaciones, las que más allá de la presencia de líderes o caudillos son parte del Estado y en los hechos se han vuelto irreversibles no solo porque están garantizados por instrumentos legales, sino porque el pueblo las ha hecho suyas y sabrá defenderlas ante cualquier eventualidad, como quedó demostrado en 2019 y 2020.
En una rápida evaluación de esta historia de casi tres décadas podemos afirmar que este instrumento ha transitado las páginas de la democracia boliviana de más a menos. El futuro nos dará o no la razón.
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