Por Diego Portal (Cientista político)-.
El incremento salarial acordado por el Gobierno con los trabajadores representados por la Central Obrera Boliviana (COB), anunciado de conjuntamente en el curso de la semana que concluye, es una muestra clara y contundente de que la economía boliviana goza de buena salud, desmintiendo a todos los agoreros que ven la crisis a la vuelta de la esquina.
El anuncio hecho en la Casa Grande del Pueblo señala que el Salario Básico Nacional (SBN) subirá en un 3%, en tanto el Salario Mínimo Nacional (SMN) registrará un incremento de 5,85% con el que alcanzará los dos mil 500 Bs a partir de la presente gestión.
Se debe recordar que en 2020 el gobierno de facto determinó el congelamiento de los salarios, como parte de su política de ataque a los trabajadores y a los sectores más desprotegidos de la economía. Sin embargo, en 2021 el gobierno del presidente Luis Arce restableció la política salarial en beneficio de la clase trabajadora.
Ese mismo 2021 el SMN se incrementó en un 2%, llegando a dos mil 164 Bs En 2022 se realizó un nuevo aumento, esta vez del 4%, pisando un monto de dos mil 225 Bs, así como un añadido del 3% en el salario básico del sector privado y de los trabajadores del sector de educación y salud, dependientes del erario nacional. En 2023 el SMN llegó a dos mil 362 Bs.
Es cierto que las pretensiones de los trabajadores, lo cual puede ser justo y correcto, estaban muy por encima de lo acordado, como ya se conoció cuando presentaron su pliego de peticiones el pasado mes de marzo. Sin embargo, primó un criterio de racionalidad que se refleja en los porcentajes acordados.
Reacciones previstas
Apenas conocido el acuerdo surgieron voces, de sectores políticos y empresariales, de crítica a la medida, en un marco lógico de reacciones previstas. Los empresarios que expresaron su rechazo de inicio, en algunos casos con argumentos insostenibles, fueron paulatinamente planteando acciones paralelas que puedan viabilizar el incremento, como es el caso de los industriales que proponen que el ajuste se canalice a través de la billetera móvil, es decir, que esté destinado a la adquisición de bienes de producción nacional. Una propuesta para tomar nota.
Por otra parte, también el Gobierno tendrá que analizar y establecer medidas que ayuden a la pequeña empresa que podría encontrar ciertos obstáculos para cumplir con lo acordado. Desde los sectores patronales la reacción estaba anunciada en esos términos.
No hay que olvidar que el pasado mes de febrero el Gobierno y los empresarios privados, a través de sus diferentes organizaciones, acordaron 10 medidas dirigidas a superar los problemas que enfrentaba el empresariado nacional, como la liberación de exportaciones y la disponibilidad de dólares, entre otros. Los puntos suscritos están siendo implementados de manera paulatina, como lo han informado voceros de ambas partes. Obviamente este escenario de apoyo gubernamental al sector empresarial asegura las condiciones adecuadas para que el incremento salarial pueda ejecutarse en los términos que disponga el decreto que seguramente será hecho público el Día de los Trabajadores, el próximo 1 de mayo.
Como era de esperar, otras voces surgieron de sectores políticos o sindicales radicales que rechazaron el mentado incremento, calificándolo en unos casos como perjudicial para la economía o como insignificante por la elevación del costo de vida, según los sindicatos radicales. Todas esas aseveraciones sin mayor sustento técnico no tuvieron mayor repercusión más allá de lo difundido por los medios de comunicación de clara identificación y ubicación política.
El verdadero impacto
El incremento salarial, que expresa las posibilidades reales de la economía nacional de compensar a los trabajadores, en el marco del proceso de industrialización, de sustitución de importaciones, de consolidación de un modelo económico que privilegia a las mayorías sociales, es un elemento clave de ese modelo en tanto no solo busca mantener la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, sino que se constituye a la par en una fuerza dinamizadora de la demanda interna, lo que fortalece el mercado interno y beneficia directamente a los productores nacionales y consolida las fuentes de empleo en el sector productivo nacional.
Asimismo, devuelve la certeza, la confianza y el optimismo a los bolivianos en relación a la marcha de la economía y al futuro de corto, mediano y largo plazo. Esa certidumbre es básica para seguir avanzando, más allá de los discursos de odio y de enfrentamiento entre bolivianos tendidos en espacios políticos que no descubren otro horizonte que no sea el frenar el proceso de transformación histórica que vivimos, sino también poder revertirlo en favor de sus viejas prácticas políticas y económicas relacionadas con el capital transnacional y los mandatos imperiales que nunca han dejado de estar en vigilia esperando el menor traspié del Proceso de Cambio.
Un incremento serio y sostenible
Hay que decir claramente que el Gobierno ha logrado un acuerdo explícito con los trabajadores y de manera tácita con los empresarios sobre el tema de un incremento salarial serio y sostenible, basado no en presiones o en posiciones demagógicas, sino en variables económicas demostrables y evidentes.
En primer lugar, se debe recordar que la inflación en la gestión 2023 llegó al 2,12%, siendo este uno de los principales parámetros para definir y establecer un incremento que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo. Bolivia está considerada como una de las economías con menor índice de inflación en la Región, algo que ha sido destacado por especialistas y analistas de alto nivel, dentro y fuera del país; y ese nivel de inflación desde luego refleja estabilidad para las familias.
En segundo lugar, otro aspecto que se debe tomar en cuenta es el referido al crecimiento de la economía en la gestión 2023. De acuerdo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 3%, el cual muestra que la economía ha crecido en el período referido y garantiza su solidez.
Finalmente, el incremento salarial se sustenta en las expectativas de crecimiento que tiene la economía para la gestión 2024. Las proyecciones de crecimiento se hallan cerca del 3,75% y permiten avizorar con optimismo el futuro de nuestra economía.
Por cierto que los beneficios se verán en el corto y mediano plazo. Lo fundamental es despejar cualquier atisbo de duda de que vamos por mal camino o rumbo a una crisis profunda, como seguramente desearía la oposición para poder consolidar su discurso.
En un contexto de permanente desestabilización generada desde ámbitos político partidarios de derecha y extremas derechas que se ve materializada no solamente en acciones como paros, bloqueos de caminos, sino además en actividades de otra índole como la negativa de aprobar créditos externos destinados no solo a mantener el modelo económico, sino principalmente a atender las necesidades más urgentes de las regiones, el lograr demostrar con este incremento que las condiciones son buenas y que las perspectivas son aún mejores es un duro revés para esa oposición.
Con seguridad ellos no pararán y seguirán inventando discursos falsos que solo buscan asustar al ciudadano y crear desconcierto, como sucedió o pretendieron que sucediera con las campañas de desinformación acerca del abastecimiento de carburantes o la escases de dólares.
El Gobierno confirma que su mayor labor, y el principal encargo ciudadano, es la gestión y la administración del Estado, dejando de lado la confrontación política y las aspiraciones o inquietudes electorales que son más que evidentes en opositores.
El incremento salarial es un aspecto positivo y que se debe destacar, como lo han hecho desde variados sectores ciudadanos, empresarios y organizaciones sociales, reconociendo que el Gobierno está cumpliendo con su tarea, con lo prometido en campaña, garantizando el bienestar de los bolivianos y un mejor futuro para nuestro país.
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