Por Diego Portal (Cientista político)-.
El ideal de un Sistema Judicial que sea probo, independiente e imparcial, es algo que por lo menos en los discursos busca la clase política en el país desde hace muchas décadas, sin haber logrado hasta ahora encontrar el camino que conduzca a tenerlo y, lo que es peor, sin que haya señales de que algo así pueda ocurrir en el futuro inmediato.
En los últimos meses el tema de la renovación de las máximas autoridades del Órgano Judicial ha vuelto a poner este delicado asunto en la mesa de debate, con acusaciones de uno y otro lado, pero sin propuestas de fondo que apunten a una solución estructural a este añejo problema.
El problema de la administración de justicia es de carácter crónico. Pese a los intentos de reformas, estas no han logrado superar en el fondo las deficiencias que muestra de manera cotidiana y permanente. En la década del 90, a fines del siglo pasado, con el apoyo de organismos internacionales y con un préstamo del Banco Mundial (BM), se hicieron cambios en la estructura del entonces llamado Poder Judicial, como la creación del Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo de la Judicatura, y también ajustes en ciertos procedimientos, particularmente en el ámbito penal.
Posteriormente, cuando la realización de la Asamblea Constituyente, entre los años 2006 y 2008, la administración de justicia volvió al centro del debate en aspectos tales como la elección/designación de las principales autoridades. La incorporación de la modalidad de elección directa de esas autoridades, mediante el voto ciudadano, tampoco dio solución al antiguo problema. El loteamiento de los espacios de conducción de las entidades judiciales se mantuvo casi intacto entre los partidos políticos, eso sí agregando una serie de entuertos nuevos no solo en las fases de preselección de postulantes, sino incluso en la asignación de recursos económicos en épocas en que la liquidez del país no es de las mejores, como en la generación de nuevas formas de prebendalismo y corrupción.
Las dos elecciones hechas tras la aprobación de la nueva Constitución no consiguieron, en absoluto, mostrar que, sobre la base de la elección directa vía voto popular de los magistrados, había algún cambio en la administración de justicia. Los mismos defectos de retardación de justicia, denuncias constantes de corrupción y negociado de resoluciones y sentencias judiciales, así como una mayor y evidente dependencia de los operadores hacia el poder político.
La tercera elección de autoridades judiciales en la historia del país debía llevarse a cabo el pasado año, pero la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no tuvo la capacidad de llegar a acuerdos y consensos que le permitieran aprobar y sancionar la ley de convocatoria a elecciones judiciales. Esta imposibilidad real y material del Órgano Legislativo de generar la norma base para la renovación de la cúpula judicial es el inicio de una nueva crisis del Sistema Judicial.
Sin embargo, un nuevo ingrediente se ha sumado las molestias ya existentes y evidentes del Sistema Judicial, como es el abierto enfrentamiento y lucha de poder entre los órganos del Estado, el Legislativo y el Judicial, pretendiendo cada quien mostrar su fuerza a costa del otro. En todo caso, el Judicial reveló mayor coherencia en su enfrentamiento.
El primer órgano del Estado, quien tiene la representación directa del pueblo, la base del sistema democrático, se encuentra no solo en este tema, sino en muchos otros más, alejado del verdadero debate parlamentario, con sus grupos atrincherados en posiciones irreductibles, sectarias y sin la menor intención de abrazar acuerdos.
Con dificultad se aprobó la ley de convocatoria con su correspondiente reglamentación y se podía pensar que el proceso de elección de magistrados marcharía en los siguientes meses, hasta concluir con las elecciones judiciales en los plazos previstos en coordinación con el Órgano Electoral. Esta situación, aunque no solucionaba en el fondo los problemas del Sistema Judicial, cuando menos mantenía los márgenes de legalidad y constitucionalidad del Órgano Judicial y de sus principales autoridades, cuestión que actualmente se encuentra en entredicho.
Es aquí donde se explicita la pugna de poderes, ante el surgimiento de una serie de recursos y demandas de ciudadanos postulantes al Órgano Judicial que se sienten perjudicados y que consideran que debe ser la justicia, especialmente la constitucional, la que debe defender sus derechos. Es probable que algunos de ellos tengan razón, pero la reacción de las salas constitucionales ha ido más allá de lo previsto, de lo esperado, de lo legalmente establecido.
Si bien ya había antecedentes de ciertas resoluciones judiciales que pusieron en duda la labor propia del Órgano Legislativo, la falta de acción o reacción de los legisladores en establecer límites y defender lo que por mandato constitucional les corresponde parece haber abierto las puertas para una arremetida del Sistema Judicial en contra del Legislativo, como pretendiendo exhibir ante la ciudadanía quién realmente tiene el poder y cuál es el principal órgano del Estado. Un debate erróneo y sin sentido. La Constitución es clara al establecer la igualdad entre los cuatro órganos y la obligación de coordinación y cooperación que estos tienen para el fortalecimiento del sistema democrático.
El riesgo es que este poder fáctico que está poniendo sobre el tapete el Órgano Judicial con relación al Legislativo pueda ser efectivizado ante los otros órganos, como el Electoral y, desde luego, el Ejecutivo. Ese es el verdadero riesgo de lo que ha mostrado esta particular coyuntura, puesto que la base de la convivencia democrática, en el marco de lo establecido por la Constitución y las leyes, además de la doctrina y el derecho político, es el equilibrio e igualdad entre los poderes del Estado. El quiebre de este equilibrio representaría, en los hechos, la ruptura del orden constitucional y democrático.
¿Las elecciones serán la solución?
Todo parece indicar que las elecciones judiciales y la presencia de nuevas autoridades no son precisamente la respuesta a la profunda crisis que atraviesa desde hace varias décadas el Sistema Judicial.
Los grandes males que aquejan a la justicia son estructurales y van desde la formación de los abogados en las universidades, caracterizada por severas deficiencias académicas y carencia total de valores deontológicos y de vocación. Pasa por un sistema procesal que otorga poderes casi ilimitados a investigadores, fiscales y jueces, especialmente en materia penal, lo cual coloca al ciudadano en una posición de extrema indefensión y abre las puertas de par en par a la corrupción.
Entre otros problemas que a simple vista se pueden identificar podemos mencionar la irracional distribución territorial de los operadores de la justicia que determina, más allá de su ya conocida retardación y de la mora procesal ya institucionalizada, que existan jueces en determinadas regiones que prácticamente no tienen trabajo, en tanto otros no dan abasto con la cantidad de causas que deben resolver.
Un caso digno de análisis es el del Tribunal Agroambiental que, al margen de contar con cinco magistrados en su sede central, en la ciudad de Sucre, y jueces en 63 asientos en todo el país, ha establecido todo un aparato administrativo que en su conjunto y en virtud de la cantidad de causas que tramitan y resuelven año tras año no se justifican en absoluto. Tienen menos carga procesal que cualquiera de las salas del tribunal supremos de justicia, simplemente para tener una referencia. Esto significa que el costo de una sentencia agroambiental le cuesta al Estado cinco o más veces de lo que cuesta una sentencia en otras materias.
Más allá de establecer que nunca se justificó la creación y funcionamiento de este tribunal, habrá que pensar que convirtiéndolo en una sala especializada dentro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se habría superado este problema actuando en el marco de la racionalidad. Igualmente, numerosos jueces agrarios podrían atender otras materias en los lugares donde solo ellos tienen presencia.
Pero este es apenas un ejemplo de ciertas incoherencias que existen en la estructura del Órgano Judicial y que, sumado a otros tantos problemas, nos descubren una administración de justicia ineficiente, altamente politizada, inoperante, lenta y con excesivas denuncias de corrupción.
Hay una responsabilidad muy grande en la clase política no asumida desde hace muchos años sobre esta materia. Se llenan la boca hablando de reformar la justicia, pero a la hora de la hora cada quien pretende llevar el agua a su molino. Los intentos surgidos en algún momento desde el Gobierno han resultado vanos ya que al parecer no existe interés en esa clase política de llevar adelante un verdadero cambio, una profunda transformación, en el Sistema Judicial. Las razones del porqué suceden estas cosas seguramente las encontraremos en los intereses políticos, económicos y de poder que están detrás de estos sectores en cuyas manos se hallan los destinos del país desde los distintos órganos del Estado.
Lo que no deja de llamar la atención es la actitud de la sociedad que, a través de sus organizaciones, y pese a ser supuestamente la principal víctima de este caótico sistema, no se pronuncia al respecto ni con propuestas concretas, como podría esperarse de los colegios de abogados o de las facultades o carreras de Derecho, ni con un reclamo fuerte y consistente hacia la clase política.
Es totalmente impredecible el futuro del Sistema Judicial, en el corto y en el largo plazo. No parece haber una luz al final de túnel y eso debiera preocupar más a la ciudadanía, porque como bien dice la sabiduría popular: “la justicia es como la casa del jabonero, que allá quien no cae, resbala”.
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