junio 14, 2024

Las elecciones judiciales están en manos de la ALP


Por La Época-.


El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) acaba de emitir una sentencia por la cual se abre el candado para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) reanude el proceso de selección de los postulantes para las elecciones judiciales, lo cual implica que el cumplimiento de esa tarea constitucional está, como nunca dejó de serlo, en manos del Órgano Legislativo. Si la ALP cumple su tarea y no aparecen otras maniobras de la oposición, este año se debería tener a los nuevos magistrados del Órgano Judicial y del TCP.

Con esta sentencia constitucional, producto de un recurso presentado el 9 de mayo por la bancada vinculada al oficialismo, se pone al descubierto que nunca fue cierto que el Gobierno, vía Ministerio de Justicia, está en la línea de impedir un cambio de magistrados y vocales del Órgano Judicial, que es la matriz de opinión que la oposición, incluido la facción evista, insisten en posicionar en el imaginario colectivo de la gente.

Hay que reconocer que la oposición logró establecer la posverdad sobre las elecciones judiciales, ya que las críticas de sectores organizados y de amplias capas urbanas se han dirigido predominantemente hacia el Gobierno y en menor medida a la ALP, cuando por precepto constitucional es el Legislativo y no el Ejecutivo el que tiene la responsabilidad de generar consensos, aprobar la Ley de Convocatoria a las elecciones judiciales y llevar adelante la preselección de los candidatos.

A los otros poderes, como al Órgano Electoral, solo le compete lanzar la convocatoria como tal y administrar el proceso hasta la votación; mientras al Órgano Ejecutivo le toca garantizar el presupuesto.

Pero los senadores y diputados no cumplieron con su misión. Guiados más por la búsqueda de mecanismos para hacerle daño al Gobierno, le pusieron trabas a la aprobación de la ley de convocatoria en 2023, de modo que resultaba imposible que las elecciones se llevaran a cabo. Todo lo contrario, no cejaron en su decisión de impedir el lanzamiento de la convocatoria. Esa posición irresponsable apostaba a producir un vacío institucional e inducir a la suplantación de funciones en todas las instancias del Órgano Judicial.

Pero ahora, con la sentencia constitucional, que deja sin efecto la resolución 004/2024 del 30 de abril de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, la ALP en general y las comisiones mixtas de Constitución en particular no tienen otra alternativa que retomar el proceso de preselección de postulantes, previa corrección de lo que estaba mal, y garantizar la aplicación de los principios de igualdad y paridad de género, así como la participación de los pueblos indígenas originarios campesinos.

Bolivia necesita una renovación del Órgano Judicial y del TCP. La responsabilidad está en la ALP.

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