junio 24, 2024

La reforma del Sistema Interamericano en los gobiernos de Bush y Clinton

Por Roberto Regalado (Cientista político)-.


Después de ejercer la vicepresidencia de los Estados Unidos durante los dos mandatos de Ronald Reagan (1981/1985/1989), al asumir el gobierno el 20 de enero de 1989, George Herbert Bush se coloca en posición de cosechar los frutos de la política de fuerza de su predecesor [1]. Reagan concluye la “pacificación” de América Latina iniciada por Johnson en 1964, pero lo hace al precio de una agudización sin precedentes de las contradicciones con las élites de la Región. Tan grave es el deterioro de las relaciones con los gobiernos latinoamericanos que le impide pasar a la fase de negociaciónimposición de una cobertura institucional para legitimar los cambios impuestos por la fuerza en el sistema de dominación. Esa misión le corresponde a Bush.

Durante los primeros años en que George H. Bush ocupa la Casa Blanca, su gobierno elimina los últimos obstáculos que impedían la estandarización de la democracia neoliberal en toda América Latina. Esos obstáculos eran, por una parte, la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua y los remanentes del proceso de nacionalista y popular instaurado en 1968 por Omar Torrijos en Panamá; y por otra, las dictaduras militares que aún subsistían en Paraguay y Chile. Hay una interrelación directa en la política imperialista hacia estos cuatro países: la invasión a Panamá y la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua permitían dar por concluida la “pacificación” iniciada en 1964, cuyo eje había sido precisamente la dictadura militar. En sentido inverso, la imposición de la democracia neoliberal en Paraguay y Chile permitía cerrar el cerco contra los dos gobiernos “no democráticos” de la América continental, Panamá y Nicaragua. Una vez “democratizados” Panamá, Nicaragua, Paraguay y Chile, el imperialismo norteamericano pudo iniciar la reforma del sistema de dominación continental entre cuyas funciones principales se encontraba aislar a la Revolución cubana.

Concluida la “pacificación” de América Latina y reafirmada la subordinación de las burguesías de la Región, se inició la fase de institucionalización del nuevo sistema de dominación cuyos tres pilares fundamentales son:

  • Pilar político: establecimiento de democracias neoliberales en todos los países de la Región, sujetas a un código de conducta y a mecanismos transnacionales de control y sanción de infracciones.
  • Pilar económico: establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
  • Pilar militar: aumento de la presencia militar directa de los Estados Unidos en la Región, y creación de una fuerza interamericana de defensa.

Tan pronto como el imperialismo logró sortear la crisis del sistema financiero internacional, ocasionada por el crecimiento desenfrenado de la deuda externa, el gobierno de Bush la institucionalizó como mecanismo de dominación y penetración. Mediante el Plan Brady, Bush encubrió ese proceso con la apariencia de cierta flexibilización y alivio con respecto a la política de elevación de las tasas de interés, restricción de créditos y exigencia de pagos, impuesta por Reagan. Con este antecedente, el lanzamiento, en diciembre de 1989, de la Iniciativa para las Américas o “Iniciativa Bush”, incluida la idea de crear el ALCA, fue el catalizador de un giro de 180° en la actitud de los gobiernos de América Latina, que se tornaba muy favorable para el Imperio.

En medio de las expectativas generadas por el ALCA, poco más de un año después de la derrota electoral del FSLN en Nicaragua y el establecimiento de la democracia neoliberal en Chile, en junio de 1991, el Gobierno de los Estados Unidos logró que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en el propio Santiago de Chile, aprobara el “Compromiso de Santiago de Chile con la Democracia y con la Renovación del Sistema Interamericano”. A partir de su adopción, la reforma de la Carta de la OEA, el “Compromiso de Santiago” no solo anuló el concepto de pluralismo en las relaciones interamericanas abierto paso en los años 70, sino también sirvió de base para la institucionalizar mecanismos transnacionales de injerencia, control y sanción que sustraen crecientes cuotas de poder del ámbito de la soberanía de las naciones de América Latina.

La legitimación de la injerencia en los asuntos internos de los Estados se reflejó en el XVI Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizado en Washington D. C. en diciembre de 1992, en el cual se aprobó el “Protocolo de Washington”. Este estableció que un miembro cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del derecho de participación en todas las instancias del Sistema Interamericano. Las nuevas medidas constituyeron un escalón superior con respecto al “Compromiso de Santiago”, porque establecieron sanciones concretas contra quienes violasen el compromiso indeclinable con la defensa y la promoción de la democracia representativa y de los Derechos Humanos en la Región y eliminaron la condición de que la defensa de la democracia representativa se mantuviera dentro del respeto a los principios de libre determinación y no intervención. Como parte de ese proceso, todos los foros, acuerdos y mecanismos regionales y subregionales latinoamericanos asumieron la llamada “cláusula democrática”, que prohíbe la pertenencia de países en los que no impere la democracia representativa y establece la separación –junto con otras amenazas, presiones y represalias– contra aquellos en los que se interrumpa el “orden democrático”.

Los objetivos fundamentales de este andamiaje son: primero, recrudecer la política de bloqueo y aislamiento contra la Revolución cubana; segundo, establecer un pacto transnacional entre las élites de la Región destinado a evitar el triunfo de nuevas revoluciones o procesos políticos populares; y tercero, implantar un mecanismo para reencauzar por vías constitucionales los conflictos interburgueses que estallen mediante de golpes de Estado u otras vías que pongan en riesgo al nuevo sistema de dominación.

De nada le valió a Bush haber sido el presidente de los Estados Unidos en el momento del derrumbe de la URSS. Tampoco le sirvió de mucho haber inaugurado el Nuevo Orden Mundial con la Guerra del Golfo, la invasión a Panamá y la intervención militar “humanitaria” en Somalia. Después de tres gobiernos republicanos, en las elecciones de noviembre de 1992 el triunfador fue William Clinton.

Como es usual en ese país, al asumir la presidencia en enero de 1993, el nuevo mandatario mantuvo las líneas gruesas de la política que venía ejecutando su predecesor, con ajustes que hubiesen podido encajar en un segundo período de Bush. Esos ajustes estuvieron orientados a otorgar una mayor atención a los asuntos domésticos y a afianzar la competitividad frente a la Unión Europea (UE) y Japón.

Con Clinton regresaron al gobierno los “liberales” que años antes habían diseñado el proyecto de política exterior de la administración Carter, pero este reciclaje de funcionarios demócratas no interrumpió la reestructuración de las relaciones interamericanas porque durante los períodos presidenciales de Reagan y Bush se había conformado un consenso bipartidista conservador que incluso las “palomas” de Carter adoptaron como propio.

La presidencia de Clinton se caracterizó por la afirmación de la docilidad de los gobiernos de América Latina. Sin embargo, mientras en el cuatrienio de Bush predominó el afianzamiento de la dominación continental, en el suyo lo que sobresalió fue la crisis política, económica y social. Clinton estrenó su política latinoamericana con mayores exigencias a México para aprobar su ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Adicionalmente, a instancias de su gobierno, en la XXIII Asamblea General de la OEA, celebrada en 1993, esa organización se atribuyó mayores facultades en la “promoción y defensa de la democracia representativa”. No obstante, el “plan maximalista” consistente en crear una fuerza militar interamericana fue rechazado por varios países encabezados por México.

A partir de las expectativas generadas por la entrada en vigor del TLCAN, el 1 de enero de 1994, y del inicio de la negociación para establecer un tratado similar de libre comercio con Chile, el gobierno de los Estados Unidos convocó la Cumbre de las Américas, que se celebraría en Miami en diciembre de ese año. Después de haber sentado las pautas del nuevo sistema de dominación continental mediante la reforma de la Carta de la OEA la Cumbre de Miami dio un paso cualitativamente superior hacia su institucionalización. Los mandatarios de los 34 países del continente –con la excepción de Cuba, que no fue invitada, ni hubiese asistido en caso de serlo– asumieron más de 120 acuerdos y compromisos que constituyen un genuino código de conducta de factura transnacional. Esos acuerdos y compromisos –todos sujetos a mecanismos de control e imposición de sanciones– dictaron las pautas de actuación de los países latinoamericanos y caribeños en los ámbitos político, económico, social y cultural, y dieron inicio a los procesos negociadores por esferas, incluida la negociación del ALCA. Sin embargo, esta reestructuración del Sistema Interamericano fue entorpecida por el agravamiento de la crisis regional.

Hasta después de la Cumbre de Miami no se evidenciaron los obstáculos que estancarían la reestructuración del Sistema Interamericano durante la presidencia de Clinton. La agudización de la crisis integral del capitalismo latinoamericano, ocurrida a partir de 1994, despertó en los círculos de poder político y económico de los Estados Unidos el temor de que los TLC provocarían el “contagio” de ese país con la inestabilidad regional. Ese temor explica la negativa del Congreso a concederle a Clinton la garantía de aprobación de los TLC por la “vía rápida” (fast track). De esta manera, se empantanó la negociación con Chile y el proceso del ALCA nació en la incertidumbre.

Por ser su vecino inmediato, con el que comparte una frontera de miles y miles de kilómetros, la crisis que más preocupó al imperialismo norteamericano fue la mexicana. En 1993 los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y subsecretario general de ese partido, respectivamente, revelaron el grado de descomposición del sistema político mexicano, al tiempo que la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, iniciada el 1 de enero de 1994, el día que México “entró al Primer Mundo por medio del TLCAN”, simbolizó la relación que existe entre la afirmación del nuevo sistema de dominación imperialista y el agravamiento de la crisis del capitalismo latinoamericano.

El segundo gobierno de Clinton transcurrió sin iniciativas en su política latinoamericana. Se cumplió el calendario de reuniones acordado en la Cumbre de Miami, pero con la espada de Damocles de que el Congreso de los Estados Unidos nunca llegó a garantizarle la aprobación por la “vía rápida” de los TLC que concertase. A pesar de la agudización de la crisis política, económica y social en la Región, la visita realizada en 1997 por el mandatario estadounidense a México, Centroamérica y el Caribe confirmó su poca inclinación a realizar concesiones. Los temas más espinosos eran el endurecimiento de la política imperialista de certificaciones, el poco acceso al mercado norteamericano y el inicio de la práctica de repatriación forzosa de inmigrantes ilegales. La reticencia de los grupos de poder político y económico de los Estados Unidos a establecer tratados de libre comercio fue incentivada en 1998 por la “crisis de las bolsas asiáticas”, que agudizó la situación económica, política y social en América Latina.


1       Cuarta parte de la serie: “El sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano”, publicada en el semanario La Época.

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