junio 18, 2024

Alertan sobre daños a proceso de memoria y justicia en Argentina

Buenos Aires-. En seis meses, el gobierno de Javier Milei desmanteló, total o parcialmente, políticas claves para el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina, alertó hoy el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Según un informe de ese organismo, la gestión de La Libertad Avanza disolvió el Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas, el cual realizó aportes fundamentales para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad, en especial, los cometidos durante la última dictadura cívico-militar en este país (1976-1983).

Además, eliminó el registro audiovisual de los procesos judiciales por ese tipo de crímenes y puso en suspenso o debilitó las reparaciones, entre ellas las relacionadas con la preservación y funcionamiento de sitios de memoria.

Asimismo, el CELS denunció las afectaciones causadas por una combinación del ajuste general de los fondos públicos y el desfinanciamiento y/o vaciamiento de las estructuras.

En marzo último fueron despedidos 18 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos. Después, el gobierno los reincorporó en condiciones de extrema precariedad con contratos trimestrales, indica el texto.

A esto se suman los discursos de los máximos funcionarios que caracterizan al proceso de justicia como un acto de hostigamiento y humillación a las Fuerzas; a las políticas de memoria y educación en derechos humanos como adoctrinamiento; a las de reparación como un “curro”; y a las de relevamiento de archivos como un “accionar paraestatal”, añade.

El CELS asegura que la actual gestión “sostiene posiciones revisionistas y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas durante la dictadura”.

Este tipo de posiciones representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simboliza el Nunca Más para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal, advierte.

También expresa su preocupación con los daños causados a las acciones para el enjuiciamiento y castigo de los genocidas, la desclasificación de documentos, el estudio crítico del terrorismo de Estado, la búsqueda de niños apropiados y la recuperación de sitios vinculados a la represión para su resignificación como espacios de memoria, entre otras.

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