Por La Época -.
En la semana que entra, al menos hasta el cierre de edición de este semanario, quedaba vigente la amenaza de bloqueo de caminos de parte de dos sectores orgánicamente compactos y con capacidad de hacer daño: los productores de la hoja de coca del Chapare y el transporte pesado internacional. Ambos esgrimen motivos aparentes para llevar adelante la medida y buscan encubrir la intencionalidad política de sus protestas.
Los motivos para adoptar la acción de presión se nos muestran distintos: la causa supuesta para los productores de coca del trópico cochabambino tiene que ver con el hecho de que las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no se han promulgado tras la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de declarar nula la sesión del 6 de junio. De las cuatro leyes sancionadas en la observada cita dos están referidas al tema judicial, particularmente a la cesación de funciones de los magistrados del Órgano Judicial, quienes ampliaron sus funciones el último día de diciembre pasado luego que no se llevaran a cabo las elecciones judiciales.
Pero la causa real del bloqueo es la táctica política del expresidente Evo Morales de contar con una nueva composición del TCP que le garantice su inscripción como candidato a la Presidencia para las elecciones generales previstas para mediados de 2025, pero que algunos actores intentan adelantar. El exmandatario insiste, a través de las redes sociales y su programa radial dominical, en que hay un plan para inhabilitarlo y toma como base una resolución constitucional sobre la libertad de expresión y que en uno de sus considerandos se refiere al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que la reelección indefinida no es un derecho humano.
Los productores de coca son ciertamente los mejores organizados del movimiento campesino, cuya capacidad de movilización y de lucha data desde la década del 90, cuando se resistió los planes de erradicación de la hoja de coca impulsados por los gobiernos neoliberales por mandato de los Estados Unidos. Empero, en lo que va del gobierno del presidente Luis Arce, sus medidas de presión han dejado de reflejar un sentido general para la población y se han concentrado en el respaldo a los intereses particulares y electorales de su máximo dirigente.
En el caso del transporte pesado el motivo aparente del anuncio de bloqueo desde el jueves próximo tiene relación con el lanzamiento de un video por parte del Ministro de Obras Públicas, interpretado como una afrenta al sector por sus dirigentes, luego de una reunión exitosa del domingo 16 con el presidente Arce, con quien acordaron un paréntesis de 90 días para evaluar el cumplimiento de sus demandas.
El sector del transporte pesado cuenta con dirigentes conservadores y es evidente que, aún en contraposición a sus bases y de los intereses de la mayor parte de la población, siguen con una agenda política orientada a perjudicar al Gobierno. Una de sus principales demandas tiene por fin garantizar el suministro regular de diésel, a la que desde el Ejecutivo se ha respondido favorablemente.
Si la amenaza de bloqueos de caminos se cumple, la economía nacional y popular experimentará un nuevo golpe y se correrá el riesgo de desatar una convulsión social en la que la locura de pedir adelanto de elecciones volverá a surgir en algunos actores.
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