julio 17, 2024

EEUU y su participación en los golpes de Estado en Bolivia

La Paz (ABI). – Como lo dijo el presidente Luis Arce, fue la movilización espontánea de centenares de ciudadanos que impidió, la tarde del 26 de junio, que Bolivia retorne a esa sombría etapa de gobiernos de facto, como aquella que se vivió en 2019, y durante los 18 años de violentas asonadas militares entre 1964 y 1982.

“Han querido sorprendernos y sorprender al pueblo boliviano, hemos reaccionado y también el pueblo movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder a esta intentona golpista, gracias al pueblo boliviano”, expresó Arce desde el balcón de Palacio Quemado a la multitud de personas que se dio cita en plaza Murillo para defender la democracia.

“Nosotros nos hemos mantenido aquí, en Casa Grande (del Pueblo), donde ustedes nos han puesto porque los únicos que nos podían sacar de aquí son ustedes, hermanas y hermanos”, enfatizó pasadas las 18h00 del miércoles.

Cuatro horas antes, cerca de las 14h30, una ensordecedora sirena alertó a la población del asalto militar a la plaza Murillo, impulsado por el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga.

La tanqueta que lo transportaba, junto con los comandantes de la Armada, Juan Arnez, y de la Fuerza Aérea, Marcelo Zegarra, tumbó la puerta principal del Palacio Quemado, otrora sede de funciones del Órgano Ejecutivo, para llegar a la Casa Grande del Pueblo donde estaban el presidente y el vicepresidente David Choquehuanca, junto con todos los ministros.

Al verse cara a cara con el presidente, Zúñiga se negó a desmovilizar las unidades militares, al igual que Arnez; sin embargo, Zegarra decidió no continuar con el “levantamiento”.

Pasadas las 17h00, Arce tomó posesión del nuevo alto mando militar y concretó el relego de Zúñiga, ya decidido 24 horas antes, luego de que el militar emitiera criterios políticos a distintos medios de comunicación, vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE).

Apenas posesionado, el nuevo comandante del Ejército, José Wilson Velásquez, ordenó “que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles” retorne a sus unidades y de inmediato las tanquetas y militares dejaron plaza Murillo, que fue recuperada por la población.

Dos horas después, Zúñiga fue aprehendido y hasta el viernes 28 de junio ya sumaban 34 los investigados y 21 los detenidos.

En sus declaraciones, Zegarra reveló, según DTV, que Zúñiga planeaba tomar el gobierno y ser el presidente y que contaba con el apoyo de las embajadas “Americana, de Libia y de la comunidad Europea”.

“(Zúñiga) señala la pizarra, una que estaba a su mano izquierda y dice que ya hay todo el apoyo de la Embajada Americana, de la Embajada de Libia, de la Comunidad Europea, de la Policía Boliviana, de los militares, jubilados y que a estos tienen que plegarse otras organizaciones. Ellos van a apoyar, una vez que consolidemos la toma del poder”, señaló el ahora exgeneral de la FAB.

Los militares en el poder

Con este golpe de Estado fallido, Bolivia suma 39 acciones de ese tipo desde 1946.

El Centro Cline de Investigación Social Avanzada de la Universidad de Illinois registró hasta antes de este, 17 golpes de Estado exitosos, 17 intentos fallidos y 4 conspiraciones frustradas.

Estos datos provienen del Proyecto Golpe de Estado del Centro Cline, que documenta los golpes de Estado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Entre los gobiernos de facto, de entre 1964 y 1982, el periodo más duro de las dictaduras en Bolivia, están los presididos por René Barrientos Ortuño, Alfredo Ovando Candia, Hugo Banzer Suárez, Juan Pereda Asbún, David Padilla Arancibia, Alberto Natusch Busch, Luis García Meza y Celso Torrelio Villa.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, que investigó ese periodo, las “dictaduras militares convirtieron al país en campo de torturas y genocidios en servicio y defensa de intereses de países del capitalismo central, como era el caso de los Estados Unidos y su sistema de explotación capitalista mundial. De esa manera, fueron cómplices del saqueo de las riquezas y recursos naturales de los países periféricos, dejando en ellos sólo desigualdades sociales muy profundas”.

El primer golpe militar de este periodo se dio el 4 de noviembre de 1964 bajo las órdenes del general Barrientos Ortuño, quien a partir de 1965 compartió el poder con el general Alfredo Ovando.

Durante su gobierno, las minas y poblaciones campesinas fueron violentamente asaltadas, suspendiendo el funcionamiento de sindicatos y partidos políticos, y llevando adelante una sistemática persecución de dirigentes y activistas.

El 24 de junio de 1967, el gobierno golpista, junto con el Ejército, tomó por sorpresa y al amparo de la noche, los campamentos mineros de la zona de Potosí dando lugar a la llamada Masacre de San Juan. Bajo este régimen, en octubre, se toma preso y luego se asesina a Ernesto Che Guevara, quien lideraba el grupo guerrillero instalado en Ñancahuazú.

En 1969, tras un golpe de Estado, asume el poder el general Ovando, quien durante su gobierno asesina a la mayoría de los 70 hombres que conformaban la guerrilla de Teoponte.

En 1971, el entonces coronel Banzer Suárez llega al poder tras otro golpe de Estado que se extendió hasta 1978. Banzer apoyó y participó de la “Operación Cóndor”, un plan concentrado entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de varios países de Sudamérica con el fin de eliminar a opositores políticos y disidentes.

El 1 de noviembre de 1979, el coronel Natusch Busch protagonizó un nuevo golpe de Estado y encabezó un régimen autoritario de 16 días. Como reacción se produjo un levantamiento popular encabezado por la Central Obrera Boliviana que generó a su vez una violenta represión, dentro de los hechos acontecidos en este periodo de la historia, está la conocida Masacre de Todos Santos.

En marzo de 1980, Bolivia pierde a Luis Espinal. Fue detenido y asesinado por un grupo de paramilitares, quienes luego echaron su cuerpo inerte y con muestras visibles de tortura.

El siguiente golpe de Estado lo realizó García Meza, quien se mantuvo en el gobierno hasta el 4 de agosto de 1981. El uso de la fuerza tuvo lugar con el asalto a las oficinas de la Central Obrera Boliviana (COB).

El líder político y exparlamentario Marcelo Quiroga Santa Cruz y el dirigente sindical Carlos Flores Bedregal fueron desaparecidos. Asimismo, en este periodo se produjeron 26 desapariciones forzadas. El 15 de enero de 1981 nueve dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria fueron asesinados cuando se encontraban reunidos en la calle Harrington de la ciudad de La Paz.

En 2019, Evo Morales tuvo que renunciar a la presidencia luego de la sugerencia de las Fuerzas Armadas y en medio de una prolongada movilización.

El pueblo, la víctima

A partir de más de 6.000 testimonios recopilados, la Comisión de la Verdad estableció que, en el periodo de 1964 a 1982, fueron asesinadas al menos 363 personas; entre ejecuciones sumarias, torturas, masacres y asaltos a centros mineros, comunidades y domicilios particulares.

De los más de 363 asesinados, las dictaduras cobraron la vida de 176 bolivianas y bolivianos en diferentes masacres. El pueblo desarmado tuvo que confrontar a unas Fuerzas Armadas equipadas y entrenadas para la guerra interna.

Las ejecuciones sumarias utilizadas para escarmentar y “disciplinar” a la sociedad afectaron a más 187 personas, entre las que se encuentran, militantes de organizaciones político-militares; personalidades del ámbito político, cultural, sindical y otros sectores.

Otras víctimas murieron en simulacros de enfrentamiento o por la aplicación de la ley de fuga, también se registran nombres de personas que sucumbieron como consecuencia de las atroces torturas en manos de sus verdugos; por falta de auxilio médico oportuno y las que fueron asesinadas en allanamiento de domicilios, como los mártires de la calle Harrington.

Vinculado al número de asesinatos, se encontró una lista de más de 651 personas heridas. De esta cifra, 411 se dieron en distintas masacres, 240 fueron heridas en momentos de su detención y muchas de ellas estuvieron a punto de morir.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se pudo establecer un total de 162 denuncias de desapariciones forzadas.

De acuerdo a las listas elaboradas por diferentes instancias, se registran 5.386 personas detenidas arbitrariamente y perseguidas políticas.

Más de 8.600 personas fueron afectadas por la represión de las dictaduras, aún sin especificar si se trata de detenciones arbitrarias, exilios, confinamientos y otros.

“Estas acciones trasgredieron los derechos humanos no sólo de los afectados, sino también del círculo familiar, social e incluso del ambiente laboral. Una proyección del número de víctimas estima en 30.000 la cantidad de afectados en la época de dictadura”, refiere el informe de la Comisión de la Verdad.

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