julio 13, 2024

Señales de una crisis en la educación universitaria

Por Diego Portal *-.


Lo acontecido hace unos días en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagram) de Santa Cruz, a propósito de una denuncia por comportamiento inadecuado de una de sus autoridades, debe llamarnos a una seria reflexión acerca de lo que ocurre con la educación superior en el país, tanto en las universidades públicas como en las del sector privado, a partir de consideraciones generales y de comparación con sus homólogas en países vecinos. Lo que se puede señalar como hipótesis de trabajo es que la educación superior universitaria en Bolivia atraviesa una ya prolongada crisis y no se vislumbran propuestas de solución.

La Constitución Política del Estado (CPE), en su Artículo 77, señala que “la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación de sostenerla, garantizarla y gestionarla”. Seguidamente establece que “el sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio”.

Más adelante, en el Artículo 92, declara que “las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales…”.

Entre tanto, las universidades privadas, según indica el Artículo 94, “se regirán por las políticas, planes, programas y autoridades del sistema educativo. Su funcionamiento será autorizado mediante decreto supremo, previa verificación de las condiciones y requisitos establecidos por la ley”.

Ese el marco constitucional en el que debe desenvolverse la educación, que se complementa en el caso de las entidades privadas con una ley específica que establece la propia Constitución.

En la actualidad existen 57 universidades, entre públicas y privadas, indígenas y de régimen especial en Bolivia. De estas, 15 tienen carácter de públicas o estatales y se agrupan en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). Dentro dicha instancia están, aunque no son propiamente estatales, la Universidad Católica Boliviana (UCB) y la Escuela Militar de Ingeniería (EMI). Existen tres universidades indígenas, otras de régimen especial como las universidades policial y militar o las pedagógicas. Las privadas llegan a 35, aunque con la particularidad de que una cuantas tienen unidades en varios departamentos, lo que hace que su presencia sea mayor en todo el territorio nacional.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2021 la matrícula en la universidad pública alcanzó a 494 mil 798 estudiantes, en tanto las privadas registraron 128 mil 871 alumnos. En esa misma gestión, en la pública se titularon 31 mil 798 estudiantes, es decir, menos del 10% de su matrícula; mientras que en la privada la titulación alcanzó los seis mil 827, el 5% del estudiantado.

Las universidades públicas en los últimos años han recibido del Estado recursos suficientes para su funcionamiento, cuestión que se evidencia de manera práctica ante la ausencia de huelgas y otro tipo de protestas habituales años atrás en demanda de mejoras de presupuesto para estas casas de estudio. Por otra parte, además de sus ingresos propios, que han crecido con el incremento de matriculados y otros rubros, han recibido desde el Estado una parte de IDH, proveniente de los hidrocarburos, que les ha permitido desarrollar proyectos de importancia, particularmente en el rubro de la infraestructura.

Igualmente, se considera que los docentes y trabajadores administrativos de las universidades públicas tienen los niveles salariales más altos del país, además que cuentan con la mayor estabilidad laboral, aun cuando se han dejado de lado numerosas tareas que hacen a esa función como los exámenes de oposición de docentes, la investigación y la producción bibliográfica en sus respectivas áreas de conocimiento.

Las universidades públicas tienen un régimen autonómico desde la primera mitad del siglo XX, ratificado en los distintos textos constitucionales hasta el actual. Con ese paraguas legal el manejo de sus recursos y su administración económica y académica ha estado a cargo de sus propias autoridades bajo el modelo de cogobierno paritario, docente-estudiantil, por lo cual podemos afirmar categóricamente lo bueno o malo que hayan hecho las casas de estudio es de responsabilidad plena de sus dos estamentos de gobierno autónomo.

Un dato que nos va a permitir ubicar mejor cuan bien anda nuestra educación superior es el que nos muestra cuál es su ubicación en el contexto latinoamericano. Un informe hecho por la Fundación Quacquarelli Symonds (QS), que ha elaborado un ranking de las principales 410 universidades del continente, proporciona la siguiente información:

  • Entre 410 universidades de América Latina no aparecen universidades como la Uagram de Santa Cruz, pero sí cuatro estatales: la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, la San Francisco Xavier de Chuquisaca y la Universidad Técnica de Oruro.
  • Figuran cinco universidades privadas: la Universidad Privada Boliviana (UPB), la “U” Católica, la Cristiana de Bolivia, la Univalle de Cochabamba y la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (Utepsa).

Anualmente el QS Latin American University Rankings publica su listado de las mejores universidades del mundo. En esta oportunidad, en su apartado de América Latina, destaca que Chile, México, Brasil y Colombia cuentan con las casas de estudio superior con mayor rendimiento académicos de la Región.

Brasil es el país con más universidades reconocidas en este índice: 94; seguido de México con 66 universidades; Colombia con 60; Argentina que recoge 44 y Chile que ingresa 42 universidades.

Los indicadores empleados por esta fundación para la elaboración del ranking de universidades son los siguientes: reputación académica, reputación del empleador, proporción de profesores por estudiante, personal con doctorados, red de investigación internacional, citas por artículo y artículos publicados por facultad e impacto web.

Veamos entonces dónde se ubican nuestras universidades públicas y privadas. Desde luego no nos encontramos entre las 10 primeras del continente, ni siquiera dentro de las primeras 100.

La UMSA es la mejor ubicada, en el puesto 128; en segundo lugar está la UMSS de Cochabamba, ocupando el puesto 201, al igual que la UPB. Posteriormente aparecen la UCB en el puesto 251, Cristiana de Bolivia (351), San Francisco Xavier de Chuquisaca (351), Del Valle (351), Técnica de Oruro (351) y Tecnológica Privada de Santa Cruz (401).

Solo estas nueve universidades de más de medio centenar están calificadas entre las 410 más reconocidas de América Latina. Del resto no tenemos ninguna referencia, aunque sabemos que forman profesionales en el país cuyo nivel e idoneidad habrá que revisar y evaluar.

Sin embargo, incluso las que están consignadas en el ranking, en lugares nada especiales, confrontan problemas similares como la exagerada oferta y demanda de carreras tradicionales como Derecho, Contabilidad o Comunicación. El escaso número de titulados frente a la enorme cantidad de estudiantes que ingresan año tras año y ven frustradas sus carreras por distintas razones o, aunque ya fuera del claustro, la gran cantidad de profesionales titulados que deben dedicarse a otras actividades ajenas a su profesión por la saturación del mercado.

Las universidades públicas, que tienen la obligación de responder por los recursos que significan para el Estado, a nombre de su autonomía han evitado no solo el control estatal, sino el control social. Son muchas y permanentes las denuncias sobre irregularidades y hechos de corrupción en autoridades, docentes y en organizaciones de representación estudiantil. Pero, además, ni desde el CEUB, ni desde las propias universidades han emanado propuestas para una verdadera reforma o, incluso, revolución universitaria que apunte a replantear en términos autonómicos el futuro del sistema universitario. Los regímenes de ingreso y egreso, la oferta académica de cada universidad en atención a las necesidades del país y a la realidad, las políticas de investigación y extensión social y la propia administración de sus recursos económicos.

Son recursos de todos los bolivianos y debieran ser utilizados de la forma más adecuada posible, en beneficio del país y no de pequeños círculos de poder enquistados por décadas en la vida universitaria, en ambos estamentos. No se trata de plantear la desaparición de la autonomía, sino de una adecuación a la realidad del país y del mundo, casi un siglo después de haber sido puesta en vigencia y de estar un deterioro cada vez mayor de las casas de estudio, perdiendo espacio en la sociedad en manos de las universidades privadas, que no son sino empresas de lucro donde lo que prima es precisamente eso: el obtener ganancias a título de estar formando profesionales, cuando en los hechos su actividad principal es la de buscar utilidades económicas, con contadas excepciones.

Un capítulo aparte habrá que dedicar a las universidades del régimen especial, para entender exactamente cuál es su función y si esta se lleva a cabo adecuadamente, porque también funcionan con recursos públicos.

Otro aspecto que las universidades públicas han dejado de lado, si consideramos el principio de gratuidad y universalidad de la educación como obligación del Estado, es la formación de postrado, que se ha convertido en un negocio adicional de las universidades estatales, que además con sus costos elevados se vuelven inaccesibles para la mayoría de los profesionales jóvenes que tras la licenciatura buscan una mejor calificación profesional pero que se les niega por la imposibilidad de cubrir los costos de matrícula y colegiatura de las universidades estatales, que se han puesto a competir con las privadas en este terreno.

No interesa que el profesional que quiere acceder al postgrado tenga méritos académicos en el pregrado u otras aptitudes destacadas o que hubiese producido investigaciones valiosas; para hacer el postgrado tiene que pagar y punto, no hay otra opción, lo que hace de este nivel de formación discriminatorio por donde se lo vea. La obligatoriedad de gratuidad debiera entenderse en la universidad estatal desde el pregrado hasta el máximo nivel de postgrado, ya sea el doctorado o el postdoctorado, con la finalidad de elevar los niveles de excelencia de estos centros de formación profesional.

Desde luego que la iniciativa para cambiar el curso de los acontecimientos en las universidades debe partir del interior de estas, de los estamentos que la conforma. El Estado o el gobierno de turno no tienen más que, tal vez, dar a conocer sugerencias para no vulnerar los principios constitucionales de la autonomía, pero si finalmente las casas de estudio superior no reaccionan y abren un gran debate nacional seguramente tendrá que ser el propio pueblo a través de diferentes instancias quien marque su rumbo o cuestione su existencia en las actuales condiciones.

No hay porqué tenerle miedo al debate, siempre que se vaya con la intención de hallar caminos de solución y no de apropiación de pequeñas parcelas de poder, como suele suceder cuando se aperturan estos espacios.

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