
Por Diego Portal -.
En un sistema democrático los acuerdos son fundamentales para la toma de decisiones colectivas y la gobernabilidad. Estos pueden adquirir varias formas y se logran a través de diferentes mecanismos de participación ciudadana y representación política.
El pasado miércoles, después de mucho tiempo vimos a los dirigentes de la totalidad de partidos políticos reconocidos oficialmente por las autoridades electorales, reunidos a convocatoria de estas, junto a dirigentes de organizaciones sociales, con el propósito de debatir acerca de la realización de las elecciones primarias y la elección de autoridades judiciales en esta gestión.
Hace ya varios años que se había perdido la costumbre de reunir a las cabezas de las toldas políticas para debatir temas de interés nacional, dejando estas cuestiones a las instancias legislativas, a los debates televisivos o radiales y a la movilización social en las calles.
Una de las razones por la ausencia de dichas “cumbres”, habituales antes del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), ha sido la existencia de una permanente mayoría legislativa suficiente de parte del partido de gobierno para aprobar leyes y permitir que el Ejecutivo pueda desarrollar sin mayores problemas sus políticas. No era necesaria la negociación, ni menos el consenso con la oposición, con el resto de legisladores, mucho menos con sus dirigencias. La última vez que un gobierno del MAS acudió a una negociación de este tipo fue para la aprobación del nuevo texto constitucional en 2008, ocasión en la que si bien logró el acuerdo para probar la carta magna tuvo que aceptar la modificación de importantes artículos del texto original, uno de ellos (que se les convirtió en un verdadero dolor de la cabeza para sus gobernantes) el de la reelección indefinida, que estaba consignada en primer documento redactado por la Asamblea Constituyente.
De ahí en más todo fue definido al interior de la tolda azul, desde el Ejecutivo, desde donde se bajaba la línea para que fuera ejecutada por las instancias que correspondieran, incluidos los órganos Legislativo y Judicial.
Es necesario recordar que la negociación, los acuerdos y el consenso son casi siempre, dentro del modelo de democracia occidental, representativa y plural, la base de la gobernabilidad, y no debiera considerarse simplemente como una debilidad de quienes tienen la mayoría o de quienes están a cargo de la administración del Estado, particularmente cuando se trata de asuntos primordiales.
Los acuerdos se alcanzan mediante el diálogo y la negociación entre actores políticos y sociales; esto incluye partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. Los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de participar en la toma de decisiones, lo que puede hacer a través del voto, consultas populares, referendos y audiencias públicas, y también con sus representantes legalmente elegidos y de los dirigentes de los partidos políticos y organizaciones sociales de las que forman parte.
En una democracia representativa los ciudadanos eligen a sus representantes para que tomen decisiones en su nombre. Estos representantes deben buscar acuerdos que reflejen los intereses y necesidades de sus electores. La democracia se basa en la separación de poderes, denominados “órganos” en nuestra nomenclatura constitucional (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), para evitar el abuso de autoridad. Los acuerdos entre estos poderes son esenciales para el funcionamiento del sistema.
Los acuerdos deben estar en conformidad con la Constitución y las leyes, garantizando los derechos y libertades de las ciudadanas y los ciudadanos. Estos mecanismos aseguran que las decisiones sean inclusivas y reflejen la voluntad de la mayoría, respetando al mismo tiempo los derechos de las minorías.
Ernest Laclau y Chantal Mouffe, conocidos por su teoría del “agonismo”, que enfatiza la vitalidad del conflicto y el debate en la democracia, reconocen la necesidad de ciertos consensos básicos para la convivencia democrática. Jürgen Habermas ha desarrollado la teoría de la acción comunicativa, que destaca la trascendencia del diálogo y el consenso racional en la esfera pública para la legitimidad democrática. John Rawls, en su obra Teoría de la justicia, introduce el concepto de “consenso traslapado”, donde indistintos grupos pueden estar de acuerdo en principios básicos de justicia, aunque tengan razones disímiles para hacerlo. Finalmente, el español Manuel Álvarez Tardío explica que el consenso en las sociedades democráticas tiene que ver con el compromiso sobre principios fundamentales y es compatible con el pluralismo.
En este marco conceptual sobre el diálogo, los acuerdos y el consenso es que deben leerse los resultados de la reunión del miércoles 10 de julio en instalaciones y bajo la coordinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y mucho más cuando se ha podido evidenciar la poca capacidad del Órgano Legislativo de abrazar acuerdos y consensos que viabilicen su trabajo legislativo y la gobernabilidad del país.
Si bien la convocatoria previa hacía referencia al tema de la realización de las elecciones primarias, sobre las cuales ya se habían hecho públicos numerosos criterios de legisladores, dirigentes políticos e, incluso, de autoridades electorales, no se conocía un criterio de consenso sobre el tema. El encuentro sirvió, además, para poner en la mesa otros temas relacionados con la agenda electoral.
Se anulan las primarias
El acuerdo más significativo, según los propios actores y los medios de comunicación, está relacionado con la supresión de las elecciones primarias con miras a las elecciones nacionales de 2025. Es decir, los partidos y agrupaciones ciudadanas que deseen participar en esos comicios deberán establecer internamente la nominación de sus candidatos.
Esa opinión, unánime de los asistentes, fue antes expresada en diversos círculos ciudadanos, observando que dichas elecciones cerradas a la militancia de cada partido acarreaba un gasto insulso para el Estado y que dada la experiencia anterior (con la participación de un solo binomio por partido) no aportaba en absoluto al desarrollo o consolidación de la democracia; en contraste de elecciones similares en otros países donde son abiertas y verdaderamente permiten elegir a los candidatos de cada sigla partidaria.
Priorizar este año la realización de las elecciones de autoridades judiciales parece una decisión coherente puesto que las actuales autoridades del Órgano Judicial ya han cumplido el período constitucional para el que fueron elegidos y su situación podría complicarse posteriormente, especialmente en cuanto a la validez de sus decisiones; aun cuando la realización de estos comicios sigue encontrando obstáculos tanto en el accionar de varios de los postulantes a cargos jerárquicos de la administración de justicia, como en decisiones de algunos operadores del área.
En líneas generales, los acuerdos del 10 de julio se presentan como coherentes y pueden ser la base para avanzar en estos temas valiosos para la democracia y particularmente para llevar adelante las próximas elecciones nacionales.
Restas saber si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dará el tratamiento adecuado al proyecto de ley enviado por el Órgano Electoral a propósito de la supresión de las primarias. Debiéramos suponer que la unanimidad mostrada por 10 de los 11 partidos participantes de la reunión, aun cuando solo tres de ellos tienen presencia parlamentaria, tendrá que traducirse en una aprobación ágil y oportuna de esta nueva ley.
Numéricamente podría entenderse que incluso con la oposición legislativa de un sector del Movimiento Al Socialismo (MAS), el que se identifica con el expresidente Evo Morales, que no suscribió el acuerdo aun cuando en el debate había expresado su posición favorable a la eliminación de las primarias, pero condicionando su voto a otras decisiones del tribunal electoral, lo que finalmente determinó que el exmandatario abandonara el recinto de la reunión señalando que defendería las primarias cerradas si es que no se reconoce el congreso que presidió semanas atrás y que se encuentra en conflicto con otros sectores internos del MAS, se debería alcanzar la mayoría suficiente para aprobar en ambas cámaras la ley de supresión de las elecciones primarias, sin mayor problema.
Más acuerdos
Otros temas acordados, y que en el fondo resultan marginales frente a la preocupación de la ciudadanía, están referidos a la revisión del padrón electoral, la reposición del TREP (resultados preliminares de la votación) y el ajuste de escaños y de circunscripciones una vez que se conozcan oficialmente los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado en marzo del presente año. Todos tienen su valor y es difícil suponer que pueda existir desacuerdo en ellos, debido a que no solo se ajustan a las normas ya existentes y son parte de la naturaleza misma de la contienda electoral.
Otros temas adicionales como el tratamiento a denuncias de acoso político, transfugio o derechos de los pueblos indígenas, completaron los 12 puntos suscritos por los participantes y hechos públicos tras la cita, los cuales, sin embargo, no han merecido ni mayor atención o comentario por parte de políticos, medios y analistas.
Los temas centrales fueron y seguirán siendo las elecciones y el rumbo que estas tomarán en el Órgano Legislativo, lugar donde definitivamente se jugará el futuro de ambas y en gran medida el destino de la democracia en el país.
Responsabilidad histórica
Las dudas persisten, y tras esas dudas va a seguir amenazando, con múltiples formas, las intenciones de diferentes sectores, minoritarios por cierto, de interrumpir el proceso democrático sea con la estrategia de un acortamiento del período constitucional del Gobierno, pasando por la desestabilización a través de bloqueos de caminos y otras acciones que no solo atentan contra el Ejecutivo, sino que ocasionan un enorme perjuicio al país en su conjunto, sin descartar acciones de otro género, de carácter violento como una asonada militar o la acción de grupos paramilitares, que quieran cambiar las reglas de juego democrático para favorecer intereses que no son necesariamente populares.
Sin duda, el sentarse a dialogar, el identificar problemas comunes y el tratar de dar soluciones es un buen signo para la democracia y su fortalecimiento, aun cuando sus actores no sean verdaderamente representativos de la sociedad, como sucede con ciertos dirigentes de organizaciones políticas que asistieron a la convocatoria del TSE y sobre los cuales el ciudadano común no entiende a quién representan y cómo llegaron a estar en esa situación o de qué manera cuentan con personería reconocida por las autoridades electorales cuando en los hechos son invisibles, unos perfectos desconocidos, para no decir inexistentes.
La responsabilidad, a través de sus legisladores, sigue siendo de esa dirigencia política y de las organizaciones sociales, que tienen a su cargo la tarea de escuchar al pueblo y traducir las inquietudes ciudadanas en medidas políticas y legales que sirvan para atender los requerimientos de todos y cada uno de los bolivianos en la perspectiva de fortalecer y garantizar la consolidación del sistema democrático.
Ya no se trata de veleidades ni caprichos ególatras de quienes se consideran insustituibles, de liderazgos mesiánicos superados por el tiempo y la historia; se trata de actuar con responsabilidad frente a la historia y la patria. Sino sucede así, deberán estar sujetos al juicio de la historia y del pueblo.
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