Por Diego Portal -. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha señalado el 1 de diciembre como fecha de realización de las Elecciones Judiciales, es decir, de renovación de las máximas autoridades del Órgano Judicial. Sin embargo, nada, ni nadie, puede garantizar que efectivamente estas se lleven a cabo ese día y tampoco afirmar que con estas elecciones se solucionará la profunda crisis por la que atraviesa el Sistema Judicial.
Este proceso ha sufrido muchos, por no decir demasiados, inconvenientes y tropiezos, no solo desde que la Asamblea Legislativa hizo pública la convocatoria, sino desde antes. Vale la pena recodar que los actuales magistrados debieron cesar en sus funciones el 31 de diciembre del pasado año, ya que fueron elegidos, según establece la Constitución Política del Estado (CPE), por un período de seis años, pero ante la eventualidad de que no se realizaron las elecciones en el tiempo previsto para el relevo de esas autoridades, el mes de enero de este año no pudo estrenar nuevas autoridades.
Luego, apenas lanzada la convocatoria y en la fase de presentación de postulaciones y calificación de méritos, surgieron una serie de acciones judiciales que paralizaron intermitentemente el proceso, poniendo en serio riesgo su ejecución, principalmente por cuestiones de plazos establecidos en el calendario electoral.
Los exámenes orales no estuvieron exentos de observaciones, severas acusaciones y graves denuncias de favorecimiento a determinados postulantes, lo que enturbió el proceso y hasta le restó legitimidad ante la opinión pública. Finalmente, las nóminas remitidas por los legisladores al TSE fueron observadas por el propio tribunal señalando el incumplimiento de algunas normas previstas para estas elecciones. No solo eso, también causó sorpresa el hecho de que se hubiesen incluido nombres de postulantes que reprobaron la evaluación congresal y que podrán tener la posibilidad de recibir el voto ciudadano y, eventualmente, constituirse en autoridades de alguno de los entes judiciales. Seguramente es legal lo que hicieron los legisladores, pero le han restado legitimidad al proceso electoral.
Es posible que al iniciar diciembre se realicen finalmente las Elecciones Judiciales, pese a los antecedentes negativos señalados, y que el próximo enero podamos contar con nuevas autoridades judiciales legalmente constituidas. Entonces habrá que plantearse un desafío nacional que involucre al conjunto de los actores políticos y sociales, no solo ya una reforma judicial, sino una verdadera revolución del Sistema Judicial desde sus bases hasta la cúspide.
Las elecciones concluyen en diciembre, la crisis no
Lo han señalado varios especialistas, así como dirigentes políticos y sociales, que las elecciones de diciembre no solucionarán en absoluto los problemas que aquejan al Sistema Judicial.
La administración de justicia atraviesa una profunda crisis, está prácticamente en un callejón sin salida. Diariamente escuchamos denuncias sobre corrupción en las instancias judiciales, desde secretarios de juzgados hasta magistrados del más alto nivel, involucrando a abogados, fiscales y policías investigadores, alcanzando incluso a servidores administrativos de la judicatura.
En todo caso es necesario aclarar que nada de eso es nuevo. Hace años que la situación se mantiene en tales condiciones y la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la justicia prácticamente ha desaparecido.
El neoliberalismo utilizó abierta y descaradamente al Sistema Judicial para validar la venta de los recursos naturales, los atentados contra la ciudadanía y todas sus medidas antinacionales, dejando al país, y desde luego a la justicia, en manos de intereses transnacionales e imperiales. Un caso emblemático de ese manejo arbitrario fue el caso del Dr. Edgar Oblitas Fernández, destacado jurista e historiador que, en su condición de presidente de la Corte Suprema de Justicia, tuvo la “osadía” de decirle no a las imposiciones del Ejecutivo movimientista, que actuaba bajo la batuta de Sánchez Berzaín, quien además seguía instrucciones de la Embajada estadounidense. Esa pretensión de actuar en el marco de las leyes y su no subordinación política le costó a Oblitas y a su colega Ernesto Poppe Subieta no solo su destitución, sino también un juicio de responsabilidades en el Congreso Nacional, en lo que sirvió como mensaje al resto de los ministros de la Corte Suprema que en adelante actuaron obedientemente ante los mandatos del Ejecutivo.
Las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX tenían como habitual, apenas tomado el poder, disuelto el Legislativo, junto a la posesión de los ministros del Ejecutivo, proceder a la renovación del Poder Judicial, es decir, comenzar por nombrar nuevos ministros de la Suprema para seguir luego con el cambio de las cortes departamentales, jueces y fiscales y tener el control pleno del Poder Judicial.
La democracia neoliberal, desde la recuperación de la democracia y con mayor fuerza a partir de 1985, igual buscó la mejor forma de controlar este poder del Estado, desde los intereses del poder político y empresarial, y para ello desarrolló el cuoteo en la designación de las autoridades judiciales, desde el Poder Legislativo.
Con la reforma constitucional de 2009, vía Asamblea Constituyente, se incorpora la modalidad de selección directa de autoridades mediante elecciones nacionales. Las expectativas fueron grandes en la ciudadanía por considerar que esta forma de llegar a las altas esferas de la administración de la justicia lograría la despolitización de esas funciones y podría ser el inicio de un proceso de verdadera transformación, desde dentro, del Órgano Judicial, tomando en cuenta que sus autoridades al haber sido elegidas directamente por el ciudadano debían responder ante el soberano, despojados de toda dependencia política o partidaria y de cualquier otro género. La realidad fue distinta, después de dos elecciones, de dos períodos de autoridades electas por el voto ciudadano, más allá de la poca participación del electorado no es arriesgado afirmar que la situación en el Órgano Judicial sino ha empeorado, cuando menos no ha cambiado para bien.
Necesidad de un gran debate nacional
Considerando que ni la Asamblea Constituyente, ni propósitos de reforma anteriores –como la de los años 90 del siglo pasado, financiada y dirigida por el Banco Mundial (BM)–, lograron superar la crisis existencial de la administración de justicia, por tanto no queda otro camino que iniciar un gran debate nacional donde participen no solo los actores políticos y abogados, sino que se tienda a amplios sectores de la sociedad, porque todos, de alguna manera, tienen algo que decir al respecto, pues en la cotidianidad están relacionados o enfrentados con la administración de justicia; como diría la sabiduría popular que los tribunales de justicia son la casa del jabonero, donde el que no cae resbala.
Este debate deberá contemplar ya no solo aspectos formales de la elección de autoridades, jueces y fiscales, sino analizar la estructura misma de este órgano, la legislación existente, especialmente la procesal, los límites y controles sociales y estatales hacia la actividad de los operadores de justicia. Ya no se trata de ajustes o reformas, la justicia yace en estado de coma y eso amerita una intervención profunda.
Por ello es necesario que en el debate nacional participen profesionales de variados ámbitos, universidades, colegios y otras agremiaciones de abogados, sectores sociales y empresariales, representaciones ciudadanas que, al margen del pensamiento político y partidario del control del Estado, puedan aportar ideas y propuestas que se encaminen a la construcción de un Órgano Judicial.
La politización extrema de la administración de justicia junto a su subordinación a otros intereses, principalmente económicos, ha dejado a la mayoría de la población en una situación de casi total indefensión. Quienes se ven en la necesidad de acudir a la administración de justicia para solucionar sus problemas suelen señalar que es mejor un mal arreglo que un buen juicio, no solo por el tiempo y las energías que les absorberá un proceso judicial, sino porque no se puede saber a ciencia cierta cómo saldrán del proceso, aun cuando tengan la razón y las pruebas de su parte, si es que no cuentan con los recursos económicos para hacer prevalecer sus derechos ante jueces, fiscales y otros operadores de justicia.
Recuerdo que hace algunos años en un muro ubicado frente a una de las paredes laterales de la Corte Suprema, en la ciudad de Sucre, se leía en grandes caracteres: “la justicia es como la serpiente, solo muerde a quienes están descalzos”. En torno a ello se han tejido numerosas historias y anécdotas populares, sobre la forma en que se puede obtener “justicia en Bolivia”. Desde tiempos muy anteriores se solía decir que entre otras cosas de las que había que cuidarse en los países de nuestra Región, particularmente Chile y Perú, se incluía de manera clara que en Bolivia había que temer a la justicia y no precisamente por ser buena o justa, sino todo lo contrario. No es un problema nuevo, como se puede apreciar, y casi nos hemos acostumbrado a sobrellevar esa situación y convivir con ella.
¿Qué hacer entonces?
Todo parece indicar que nadie tiene la receta mágica para este añejo problema. Lamentablemente, las propuestas generadas por los políticos siempre han sido parciales y nunca han estado desprendidas de una intencionalidad de control político, directa o indirectamente. Las universidades y, especialmente, las facultades de Derecho, hace tiempo que han dejado de hacer ciencia y, como diría el maestro Isaac Sandoval, solo se dedican a formar artesanos del Derecho. Las universidades privadas, casi sin excepción, han llevado al nivel más bajo la formación de los abogados, por lo cual poco o nada hasta ahora han aportado.
Hay que trazar ejes temáticos de debate referidos por una parte a la carrera judicial y a las formas de acceder a ella, en todos sus niveles, incluyendo la de sus máximas autoridades, en la formación de jueces y fiscales, y también en la formación de abogados que es donde se origina la imposibilidad de encontrar solución a los problemas. Igualmente, hay que plantear propuestas de control social y profesional de los operadores de justicia y pensar en la imposición de severas sanciones a quienes cometan delitos dentro de la función judicial, que vayan más allá de la simple destitución de sus cargos, hasta la cancelación de su ejercicio profesional.
Que es complejo el tema, claro que lo es, pero esa complejidad o la falta de voluntad de la clase política y de los propios abogados de propiciar una verdadera transformación de la justicia no puede llevar al resto a volcar la mirada a otro lado y seguir ocultando la basura del Sistema Judicial bajo la alfombra.
Leave a Reply