Por Diego Portal -.
Para este lunes 16 de septiembre se anuncia un bloqueo general de caminos en el departamento de La Paz, por parte de un sector de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, organización más conocida por el denominativo de “Ponchos Rojos”, tradicionalmente combativa y todo un ícono de la lucha indígena campesina en las últimas décadas. Inmediatamente otros sectores campesinos de este departamento se han desmarcado del anuncio de bloqueo y lo han tildado de “político”.
Aquel mismo sector hace algunos días protagonizó un intento de toma de la sede de la organización en la zona de San Pedro, en la ciudad de La Paz, lo que generó un enfrentamiento poco habitual con fuerzas policiales, con un saldo de heridos y contusos de ambos lados, acreditando un resquebrajamiento real en las organizaciones sociales, pilar del Proceso de Cambio iniciado con la llegada al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2006.
El principal dirigente del sector, David Mamani, ha dicho que su gente no tiene ninguna afinidad política con los sectores en pugna dentro del MAS y que su movilización es plenamente de reivindicación y demanda de soluciones a los problemas económicos por los que estaría atravesando este sector social. El anuncio de bloqueo con el corte de suministro de alimentos a la ciudad de La Paz es parte de las medidas que pretenden asumir para exigir la renuncia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca y la inmediata convocatoria a elecciones nacionales.
Mamani ha sido identificado como afín al expresidente Evo Morales, quien (posiblemente de manera casual) tiene anunciado para el martes 17 el inicio de una marcha de protesta de su militancia que se iniciaría en la localidad de Caracollo, departamento de Oruro, para ingresar luego a territorio paceño hasta llegar a la sede de gobierno y exigir, entre otras cosas, el reconocimiento al congreso realizado por el “ala evista”, decisión que está en manos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Asimismo, el dirigente de los Ponchos Rojos fue denunciado de haber pedido al presidente Arce (con quien se habría reunido en varias oportunidades) tres ministerios, seis viceministerios y algo más de dos decenas de direcciones nacionales, además de otras asignaciones no especificadas, y que al no haber sido atendido favorablemente en sus pretensiones estaría asumiendo esta posición radical de exigir la renuncia de los primeros mandatarios. Mamani no negó la denuncia, sino que le buscó una justificación/explicación en base a una supuesta demanda sectorial, lo cual descalifica al dirigente ante la ciudadanía y confirma el nivel de prebendalismo de parte de algunos dirigentes que dicen representar a sectores sociales.
Los dueños del proceso de cambio
El movimiento indígena campesino tiene una larga data de lucha, desde la época colonial con los levantamientos de los hermanos Katari, Julián Apaza, así como su participación en la guerra de la independencia propiamente dicha. Lamentablemente, tras la creación de la República, la condición del indio no cambió prácticamente en nada y se mantuvo en la servidumbre medieval; pese a aquello la lucha no cesó, citando como ejemplo las gestas protagonizadas durante la Revolución Federal a la cabeza de Zárate Willka.
Un hito valioso en esa historia es la realización del Primer Congreso Indigenista en 1945, la abolición formal del pongueaje ese mismo año y, desde luego, la Revolución Nacional de 1952, con la consiguiente reforma agraria y el voto universal. Tras la caída del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en 1964, el sindicalismo campesino, especialmente fortalecido en la zona de los valles, fue subordinado a las dictaduras bajo el eufemismo de un “pacto militar campesino”, que consistió en otra forma de control y dominación de las organizaciones sindicales campesinas, casi de la misma manera en que lo había hecho el movimientismo en la década del 50, manteniendo el pongueaje político. Con profundas diferencias ideológicas y de formas de lucha, el movimiento indígena campesino nunca de dejó de estar presente en la historia republicana.
Sin embargo, tras la dictadura banzerista y el sangriento septenio fascista, y aún con el dolor de la sangre derramada por los campesinos en las masacres de Tolata y Epizana, en el valle alto cochabambino, el movimiento campesino asumió un giro ideológico y estratégico al crear la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) a la cabeza de Genaro Flores Santos, en 1979, tomando distancia de los partidos tradicionales y vinculándose a la Central Obrera Boliviana (COB), hasta entonces conformada exclusivamente por obreros, mineros, fabriles y artesanos, donde comienza a jugar un rol relevante hasta convertirse en uno de los pilares de la organización sindical.
En 1995, finalmente, a la cabeza de la Custcb y otros dirigentes sindicales se fundó el Instrumento
por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), instrumento político que pronto daría creación al MAS. Junto a la organización campesina aparecieron la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, el Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq) y la Federación de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba (los cocaleros del Chapare). Fue la primera vez que los indígenas campesinos decidieron pasar de manera autónoma de la organización sindical a la política, con independencia de los partidos tradicionales y con identidad propia. A partir de ese momento empezaría a cambiar la historia de Bolivia.
Su ingreso a la actividad política, aun en el marco de la democracia liberal, empezó a revelar una presencia cada vez mayor con resultados electorales en ascenso, tanto en las elecciones de 1997 y 2002. Los movimientos sociales habían decidido dejar de ser observadores de la historia para convertirse en actores fundamentales. Un proceso aparentemente irreversible.
El MAS, el gobierno y la nueva constitución
El empoderamiento del movimiento indígena campesino se vio en su real magnitud tras la crisis de Estado vivida entre el año 2000 y 2005, cuando el modelo neoliberal hacía aguas por todas partes y sus más emblemáticos líderes debieron dejar el gobierno ante el incontenible ascenso de las organizaciones sociales en la lucha por el logro de sus históricas demandas.
Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia, llegó en 2006 a esa situación con el pleno respaldo de las organizaciones sociales, además de importantes sectores progresistas e intelectuales de la clase media. Muchos de estos últimos abandonarán el proyecto al poco tiempo al no admitir la conducción de las organizaciones sociales por sobre los partidos tradicionales de izquierda.
La Asamblea Constituyente de 2006 es la muestra más clara que Bolivia empezaba a cambiar, primero al congregar en su seno a una mayoría de constituyentes aymaras, quechuas, guaraníes y de otros pueblos de tierras bajas, todos presididos por una mujer indígena. A partir de entonces la nación boliviana ya no era la que había sido creada en 1825, ni siquiera la que cruzó al segundo milenio.
Fue precisamente la movilización de las organizaciones sociales, parte ya de la estructura de poder estatal, la que logró la victoria no solo electoral, sino política, contra la reacción conservadora agazapada en la Media Luna y las organizaciones cívicas y empresariales, principalmente afincadas en el departamento de Santa Cruz. Consiguiendo consolidar la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y, por tanto, la creación del Estado Plurinacional. Un salto cualitativo de enorme trascendencia histórica y política no solo para los bolivianos, sino para el mundo.
El quiebre, la división y el prebendalismo
Resulta contradictorio, y por demás llamativo, que tras haber alcanzado el triunfo más importante de las luchas sociales bolivianas, la aprobación del nuevo texto constitucional en 2009, se pueda identificar más de una década después como el momento en que las organizaciones sociales comenzaron a debilitarse y a distanciarse del Gobierno, pero no del proceso revolucionario de cambio.
Las negociaciones de cúpula en el Legislativo para la aprobación del texto constitucional, que cambiaron aspectos fundamentales del documento aprobado en Sucre, marcaron el inicio de las diferencias entre las organizaciones sociales y los conductores del proceso. La fuerza y la unidad de los primeros cinco años de gobierno empezaron a exponer fisuras.
El analista Hugo Moldiz señala que “el Instrumento Político nació en 1995 como síntesis de un pluralismo político en el marco del antiimperialismo, el anticolonialismo y el anticapitalismo, aunque con una aproximación bastante compleja desde el indianismo, katarismo, socialismo no marxista, socialismo marxista e incluso desde la socialdemocracia”. Y agrega que “si bien es cierto que no se ha producido nunca un debate medianamente profundo del carácter del Proceso de Cambio y de su horizonte histórico, es evidente que existen desavenencias en términos de cómo concebir, construir y gestionar la política; de definición del sujeto histórico de la Revolución; del tipo de relación entre el ‘líder’ y el pueblo y de otros aspectos que, entre otras cosas, no son suficientes para marchar por rumbos distintos”.
Por un lado, desde las elecciones de 2009 un entorno palaciego cada vez menos representativo de las organizaciones sociales fue cercando a Evo Morales, impidiendo que sean las propias organizaciones las que conduzcan el proceso y dejando en manos de ese entorno las decisiones políticas y de administración gubernamental.
Para contener a las organizaciones sociales se dio paso a la etapa de la prebendalización de sus dirigencia a partir de la asignación de cuotas de poder, parcelación del ejecutivo, asignación de embajadas, diputaciones, concejalías y otros espacios –no precisamente por decisión de la bases–, y otros dádivas, a manera de premio/castigo para quienes podrían tornarse incómodos a la gestión gubernamental.
Para las elecciones de 2014 Evo ya había sido distanciado, aislado, de los movimientos sociales que aún creían en el Proceso de Cambio, mientras el Gobierno había optado exclusivamente por una visión político gubernamental de preservación del poder, cueste lo que cueste. La muestra más notoria de esta posición asumida por el entorno evista fue la convocatoria al referéndum del 21 F. Los resultados de estos fueron la muestra más clara de que se estaba perdiendo el horizonte y abandonando a las organizaciones, lo que no quiere decir abandonar a sus dirigentes, quienes seguían gozando placenteramente del poder pero cada vez más alejados de las bases que decían representar.
Aunque es tema por demás amplio y ha sido abordado en muchas oportunidades, nunca está demás recordar que en la crisis de octubre y noviembre de 2019 y el golpe de Estado una de las pruebas más claras de lo expuesto fue la soledad en la que quedaron Evo y su entorno palaciego, divorciados de las organizaciones sociales. Acaso fue esa la razón por la que ninguna de ellas salió en defensa del Gobierno, lo cual finalmente condujo a su renuncia y caída.
Tras el retorno a la democracia, en 2020, el triunfo del MAS si bien fue contundente no tiene ya el contenido social ni de clase de anteriores eventos electorales, parece más bien una búsqueda de continuidad de los logros alcanzados, de no perder lo avanzado en la agenda social, de parte de los sectores populares; y de preservar la estabilidad económica, de parte de amplios sectores de clase media no politizados.
No se puede negar la importancia de la movilización social, de las organizaciones, en la recuperación de la democracia y en la derrota de la dictadura, pero también se debe reconocer la ausencia de una real conducción, como sucedió 20 años atrás.
La división en las principales organizaciones sociales está a la luz del día. Sin entrar a identificar quiénes son leales o traidores o quiénes representan o no a las bases, lo cierto y palpable es que no solo están divididas, sino que se hallan en franca beligerancia unos con otros, lo que las debilita aún más y pone en riesgo su supervivencia y su incidencia en la vida nacional.
Las crisis suelen ofrecer oportunidades para nuevos desafíos y nuevos objetivos. Habrá que ver si las organizaciones sociales, desde sus bases, por encima de sus coyunturales dirigencias, tienen la capacidad de refundarse y reponerse a este momento de crisis. Actualmente atraviesan horas cruciales que podrían afectar no solo su existencia, sino la estabilidad del Estado y la pervivencia de lo avanzado en los años de gobierno del Proceso de Cambio.
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