Por Diego Portal -.
Desde el interior del principal órgano del Estado, el Legislativo, dos hechos han marcado la agenda política e informativa del país durante esta semana. Por una parte, las bochornosas peleas, asaltos a la testera, insultos, agresión de todo orden entre quienes, debemos suponerlo así, nos representan o por lo menos se encuentran en atención al voto ciudadano, a nuestro voto. El otro, la promulgación de dos leyes por parte del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de manera totalmente extemporánea y con serias sospechas de ilegalidad, en especial la referida al cese de funciones de los las autoridades judiciales, contribuyendo únicamente a una mayor confusión en el panorama político nacional.
La exhibición reiterada en televisión y en redes sociales de los vergonzosos actos al interior del hemiciclo de la Cámara de Diputados no puede generarnos otra reacción que no sea vergüenza ajena y nos surgirá la obligada pregunta, ¿nos equivocamos al elegirlos? ¿Nos engañaron los partidos que los llevaron en sus listas? ¿Son lo más representativo del pueblo boliviano? En pocas palabras, ¿estas señoras y señores realmente nos representan?
El Articulo 7 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que “la soberanía reside en el pueblo, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, es inalienable e imprescriptible”. La segunda parte del texto constitucional se refiere a la estructura de y organización funcional del Estado, en su Título Primero al Órgano Legislativo y su Capítulo Primero a la Composición y Atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El Artículo 158 establece las 23 atribuciones de la Asamblea, de manera específica, además de las que determinan la Constitución y las leyes.
Algo de historia
Históricamente el Legislativo ha sido considerado como el primero poder del Estado, partiendo del supuesto de que constituye la representación directa del ciudadano. En el espíritu de nuestra CPE este órgano público es fundamental en el sistema democrático, representando tanto a los ciudadanos como a las naciones y pueblos indígenas. Sus funciones legislativas y de fiscalización son clave para garantizar el equilibrio de poderes y la implementación de las políticas del Estado Plurinacional. El Poder Legislativo es esencial en un Estado de Derecho, ya que representa la voluntad del pueblo, crea normas generales y abstractas que regulan la vida en sociedad y controla a los demás poderes del Estado. Según reconocidos tratadistas del Derecho y la Política su importancia radica en su papel de garante de la democracia, la justicia y el equilibrio de poderes.
Repasando algunos de los tratadistas clásicos encontramos conceptos como el de John Locke (1632-1704), en su obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, que destaca que el Poder Legislativo es el más valioso en una sociedad organizada ya que establece las reglas que garantizan la libertad y la seguridad: “el Poder Legislativo es sagrado e inalterable en las manos donde la comunidad lo haya colocado; nadie puede tener la fuerza de hacer leyes sino quienes el pueblo haya designado para ello” (Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, Capítulo XI). Locke subraya que el Legislativo debe actuar en nombre del pueblo y dentro de los límites establecidos por la ley natural.
El jurista austriaco Hans Kelsen (1881-1973), en su teoría pura del Derecho, reconoce la centralidad del Legislativo como creador de normas generales: “el legislador es la autoridad suprema en el sistema jurídico, y su función es la creación de normas generales que, a su vez, regulan la conducta de los individuos” (Teoría Pura del Derecho). Kelsen subraya que la legitimidad del Legislativo proviene de su capacidad para representar al pueblo dentro del marco del Estado de Derecho.
Norberto Bobbio (1909-2004) en su obra El futuro de la democracia resalta la función democrática del Poder Legislativo como expresión de la soberanía popular: “el Poder Legislativo es la institución que convierte la voluntad general, expresada en elecciones, en leyes que son aplicables a todos los ciudadanos por igual, preservando así el principio de igualdad” (El futuro de la democracia, Capítulo 3). Para Bobbio el valor del Legislativo radica en su capacidad para mediar entre los ciudadanos y el Estado, protegiendo derechos y garantizando el orden social.
Carl Schmitt (1888-1985), aunque es crítico de algunos aspectos de la democracia liberal, reconoce el rol Legislativo en el orden político: “el legislador es el garante del orden constitucional y el defensor del equilibrio entre las fuerzas sociales que configuran el Estado” (Teoría de la Constitución, 1928). Schmitt destaca el Poder Legislativo como un actor clave en la consolidación del orden jurídico y político.
Todos estos conceptos nos deben llevar a recordar que el Legislativo es el poder u órgano (como lo concibe ahora la CPE) más importante de todo sistema democrático. Es (o debiera ser) la representación real y más próxima del ciudadano, pero a la vez históricamente se han presentado a los legisladores no solo como los mandatarios de la voluntad popular, sino también como los líderes de los diferentes sectores de la población, encargados de llevar la palabra, las demandas y las propuestas de sus electores a esa instancia para desarrollar una adecuada gestión legislativa que justifique su existencia y su presencia en la política nacional.
Queda en el recuerdo la presencia de esos grandes oradores que hicieron del Parlamento una tribuna de lucha y de protesta contra los enemigos del pueblo, como recordamos a un Marcelo Quiroga Santa Cruz en los juicios contra Barrientos primero y contra Banzer después, de quien con verdadero orgullo podíamos señalar que nos representaba.
La dura realidad actual
¿Podemos hoy hablar de parlamentarios destacados? Parece que es muy difícil encontrarlos. Es más, podríamos arriesgarnos a señalar que salvando honrosas y muy pocas excepciones esta es una de las legislaturas más pobres, más mediocres, más intrascendentes de la historia democrática reciente, de las últimas cuatro décadas.
La intrascendencia de la gestión parlamentaria puede apreciarse a simple vista en la exigua cantidad de leyes trascendentes aprobadas en los cuatro años que llevan deliberando. El bloqueo a las leyes económicas que podrían permitir estabilizar la economía del país, todo debido a consignas políticas y en desmedro y desconocimiento de la voluntad y el interés de sus mandantes, de los ciudadanos que esperan soluciones y no escenas circenses que no solo desprestigian a ese órgano o sus integrantes, sino a todo el sistema democrático y al Estado.
Sin embargo, la escandalosa y vergonzosa Cámara de Diputados no está sola en esta cruzada de desprestigio de la democracia; la cámara alta tampoco marca un rumbo distinto. Por ejemplo, la sospechosa actuación de algunos de sus miembros en los exámenes de selección de postulantes a autoridades judiciales exhibieron la pobreza de quienes se consideran representantes nacionales (“padres de la patria” suelen llamarse incluso alguno de ellos). Igualmente, la promulgación de una ley de cesación de magistrados, hace unos días, de manera totalmente extemporánea, puesto que la decisión de prorrogar sus funciones data de hace un año y en todo ese período la inacción, por descuido o por incapacidad, del Senado en particular y de la Asamblea en su conjunto no solo es alarmante, sino irresponsable y puede dar lugar a que se establezcan indicios de incumplimiento de funciones o de los deberes para los que fueron elegidos.
Pero, ¿cuál ha sido en este tiempo la principal preocupación de la corporación legislativa? Acaparar poder a través de su presencia en las directivas camarales, en las comisiones y en los comités. ¿Por qué tanto interés en asumir estas funciones, incluso sacrificando posiciones ideológicas o partidarias, arribando a acuerdos de parcelamiento, de loteamiento de los espacios de Poder Legislativo? Algo muy mezquino, pero que muestra a cabalidad la calidad de nuestros legisladores, presupuesto para asesores, para contratar personal de apoyo, uso de vehículos oficiales, viáticos y viajes constantes y otros gastos menores, estar presentes en primera fila en efemérides departamentales y otros acontecimientos sociales. Ese tipo de cosas baladíes priman si analizamos la real magnitud de la responsabilidad que tienen, y por la cual deben responder, ante sus mandantes, ante el pueblo boliviano.
En su labor específica la gestión parlamentaria ha servido para otras cosas tanto o más triviales, como declarar a la papa frita o a las patitas de cerdo arrebozadas como patrimonio gastronómico nacional. No olvidar los múltiples actos de reconocimiento y distinción a comunicadores, artistas, chefs, creadores de contenido (influencers), humoristas y una serie de personajes, algunos de los cuales seguramente tendrán méritos suficientes pero una gran mayoría desconocidos incluso dentro de sus propios círculos.
En contrapartida, nacen en sus competencias y actividades problemas que han colocado contra las cuerdas a la institucionalidad democrática del país. La incapacidad de convocar a elecciones judiciales en las fechas previstas para evitar producir un vacío de poder en ese órgano del Estado, que luego daría lugar a la autoprórroga de las autoridades judiciales, una defectuosa convocatoria posterior y un proceso de selección de postulantes plagado de irregularidades.
Mirar al futuro y actuar
Es mucho lo que se podría seguir exhibiendo de la “exuberante” labor parlamentaria. Sin embargo, debemos priorizar mirar hacia adelante preguntándonos si el país merece continuar con una situación como la que hemos descrito.
Van a surgir de inmediato algunas preguntas que ya se han hecho en varios sectores de la población y que deben merecer la atención de la clase política y, desde luego, de los múltiples sectores de la sociedad.
¿Es conveniente mantener un sistema legislativo bicameral?, cuando en varios Estados ya se decidió establecer el unicameralismo tanto por razones operativas como presupuestarias. Los diputados plurinominales, casi todos desconocidos, que aparecen colgados a su candidato a presidente y que en el fondo no representan a nadie más que a este, ¿debieran continuar existiendo? ¿Cuánto le cuesta al Estado, a los bolivianos en su conjunto, mantener “trabajando” a 36 senadores y 130 diputados, junto a más de un millar de funcionarios, sin que esa labor muestre resultados que beneficien al pueblo?
El sistema parlamentario ha caído en un abismo muy profundo de desinstitucionalización, de precariedad propositiva, de ausencia de compromiso con sus mandantes, que exige cambios urgentes. La Constitución de 2009 ha cumplido con varios de sus objetivos, pero otros han quedado en el camino y es necesario que se los adecúe a los tiempos actuales y a la situación que atraviesa el país, así como a las condiciones de la política mundial de la que no podemos estar al margen. Se tiene que pensar en que el Legislativo, con los ajustes y reformas que sean necesarias, vuelva a ser el primer poder del Estado y sus integrantes los verdaderos representantes, en toda la extensión de la palabra, de la ciudadanía.
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