Por Diego Portal -.
En 2002 ocurrió la primera elección general de este milenio, cuando Bolivia ya transitaba 20 años de democracia ininterrumpida, quedando sellados en la papeleta los binomios de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); Evo Morales y Antonio Peredo por el Movimiento Al Socialismo (MAS); Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández por la Nueva Fuerza Republicana (NFR); Jaime Paz y Marlene Ardaya por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); Felipe El Mallku Quispe y Constantino Lima por el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y Ronald Mac Lean y Alberto Costa por Acción Democrática Nacionalista (ADN).
Tres años más tarde, tras las crisis políticas generadas a partir de los sucesos de Febrero Negro y de la Guerra del Gas, la sucesión presidencial como producto de la huida de Sánchez de Lozada a los Estados Unidos y la reiterada renuncia de Carlos Mesa, por confesión propia de su incapacidad de llevar adelante la gestión de gobierno, se produjo la sucesión constitucional que derivó en la posesión del presidente de la Corte Suprema de Justicia como primer mandatario de la Nación, con la única tarea de llevar adelante unos nuevos comicios para elegir a los gobernantes nacionales, ejercicios llevado a cabo en diciembre de 2005.
La papeleta de votación en esa ocasión, diciembre de 2005, se hallaba conformada por los binomios de Evo Morales y Álvaro García Linera por el MAS; Jorge Tuto Quiroga y María René Duchén por Podemos (un ADN reciclado); Samuel Doria Medina y Carlos Dabdoub por Unidad Nacional (UN) (un antiguo MIR con el nombre cambiado); Michiaki Nagatani y Guillermo Bedregal por otro sector de ADN y Felipe El Mallku Quispe y Marcial Fabricano por el MIP.
Habían transcurrido tres años de movimientos sociales trascendentales en el país. Sin embargo, la oferta o la propuesta electoral para la ciudadanía había cambiado muy poco. Gran parte de los nombres impresos en la boleta de sufragio se repetían en ambos procesos y varios de ellos venían de décadas anteriores.
La aprobación de una nueva Constitución Política del Estado (CPE) en 2009, tras más de dos años de deliberación de la Asamblea Constituyente, así como los cambios estructurales que vivió el país a partir de 2006, podían hacernos prever transformaciones de mayor alcance en la partidocracia y en el debate político nacional. Pero todo parece indicar, con la vista puesta en las elecciones de 2025, que las expectativas nuestras, de los ciudadanos de a pie, fueron desmesuradas.
Las nuevas caras de la política boliviana
Existen ya candidaturas, prematuras a toda vista, con miras a los comicios programados para el mes de agosto de 2025, el año del Bicentenario de la Declaración de Independencia y fundación de Bolivia, las cuales no dejan de llamar la atención por numerosas razones.
Hay quienes ya de manera abierta, en tanto otros solapadamente, han expresado su intención de pedir el voto, la confianza ciudadana, para llegar a la administración del gobierno nacional.
Vayamos primero a revisar algunos nombres para luego intentar ver, si es que algo existe, lo que estarían proponiendo al electorado.
Ya en carrera electoral, aun cuando no definió con precisión con qué sigla, es decir, respaldado en qué organización política podría participar en las próximas elecciones nacionales, encontramos a don Evo Morales, candidato en las elecciones de 2002 y 2005, ganador en esta última y presidente constitucional durante tres períodos entre 2006 y 2019, interrumpido el último a dos meses de concluir a raíz del golpe de Estado encabezado por el exgobernador cruceño Luis Fernando Camacho y otros dirigentes de la derecha junto a jefes policiales y militares. Evo Morales volvió a postularse como candidato a la presidencia en las elecciones de 2019, pese a que tres años antes, en un referéndum que él mismo convocó, su consulta de reelección indefinida de los mandatarios fue derrotada por el voto ciudadano. Empero, sustentado en una sui géneris y poco comprensible sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (ese mismo organismo que hace poco lo inhabilitó a cualquier postulación para la primera magistratura), que establecía entonces la reelección indefinida como un derecho humano, volvió a ser candidato triunfando con una votación considerablemente menor a las tres anteriores, las que ganó de manera contundente, concluyendo con su pedido de anulación de los comicios, su renuncia ante las insinuaciones del mando militar y de la cúpula cobista.
Otro de los apresurados candidatos es Samuel Doria Medida, quien ya hizo pública su postulación y se animó a presentar un decálogo de propuestas destinadas a superar la crisis económica que atraviesa el país. Empresario privado, exministro de Planificación del Acuerdo Patriótico (ADN-MIR) en la década del 90 y principal responsable de la enajenación de las más importantes empresas públicas, algunas de las cuales quedaron bajo su propiedad, no solo fue candidato a la presidencia en 2005, sino también en 2009 y en 2014. En 2020, tras el golpe de Estado, fue candidato a la Vicepresidencia acompañando a la presidenta de facto Jeanine Áñez. La presión de los candidatos de la derecha que veían a esta candidatura como contraria a sus intereses por el desprestigio en que había caído ese Gobierno a partir de la corrupción e incapacidad de administrar el Estado logró que la dupla bajara su candidatura antes de los comicios. Samuel Doria Median fue pieza clave no solo en el golpe de 2019, sino en los 11 meses de gobierno de Áñez, donde acomodó a su gente de mayor confianza en cargos de alto nivel.
Con el trámite en curso de reconocimiento de personería jurídica de una nueva agrupación política por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Manfred Reyes Villa ha anunciado su intención de terciar en las elecciones de agosto del próximo año, constituyéndose en otra de las cartas de la oposición. Reyes Villa fue candidato en 2002, donde según informes posteriores le fue arrebatado el triunfo por el fraude montado por Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, que lo relegó al tercer lugar, muy cerca de Evo Morales, pese a que el capitán habría obtenido el primer lugar en esas elecciones. El actual alcalde de la ciudad de Cochabamba ya desempeñó funciones edilicias en tres gestiones en los años 90, y en 2008 fue sacado por el voto popular a través de un referéndum revocatorio, demandado por él mismo, de su cargo de prefecto democráticamente elegido, del departamento de Cochabamba. Fue, además, candidato a la Presidencia en las elecciones nacionales de 2009, convocadas tras la aprobación del nuevo texto constitucional por parte de la Asamblea Constituyente. En 2020 fue habilitado irregularmente como candidato al Municipio, pese a encontrarse impedido por no haber radicado en el territorio del municipio del que ahora es titular.
Jorge Quiroga Ramírez, alias Tuto, es otra de las potenciales candidaturas de la oposición de derecha, ya proclamado en ciertos círculos, particularmente empresariales. Quiroga, el “delfín” del dictador Banzer, fue su candidato a vicepresidente en 1997, logrando junto a este asumir el poder y luego ante la renuncia de Banzer, vía sucesión constitucional, hacerse de la primera magistratura hasta la conclusión del período en 2002. Hasta entonces había desempeñado funciones ministeriales en el gobierno del Acuerdo Patriótico (ADN-MIR), para posteriormente constituirse en la cara principal del adenismo. Fue candidato a presidente en 2005 con la presentadora de radio y televisión María René Duchén y en 2014 junto a Tomasa Yarhui, obteniendo el cuarto lugar de la votación con un 9,04% de los sufragios. En 2019 fue parte activa de la conspiración golpista y se ha adjudicado la gestión de la salida al exilio a México de Evo Morales y Álvaro García Linera. Jugó un papel de primer orden en el gobierno de 11 meses de Áñez.
Quiénes más podrían aparecer en la papeleta electoral es una interrogante no muy difícil de responder, dadas las características propias de nuestro sistema político. No sería sorpresivo toparnos con el actual alcalde cruceño, Jhonny Fernández; la alcaldesa de El Alto, Eva Copa; el rector de la universidad pública de Santa Cruz, Vicente Cuéllar; al empresario y exdirigente cívico Branko Marincovic; al exalcalde y actual senador tarijeño Rodrigo Paz (hijo del expresidente Jaime Paz); el propietario del Bunker, Agustín Zambrana, o su socio Virginio Lema; a la expresidenta de la Aduana, a la adenista Patricia Ballivián; a la activista feminista María Galindo; o al autodenominado libertario Antonio Saravia, avecindado en los Estado Unidos, entre otros nombres que seguramente surgirán en el transcurso de los próximos meses.
Estos últimos, de acuerdo a encuestas y a la propia percepción de la opinión pública, con posibilidades muy reducidas de producir una sorpresa electoral dadas las condiciones de voto “conservador” que ha caracterizado al electorado boliviano. “Conservador” en el sentido de no apostar por opciones novedosas o desconocidas, sino de preferir incluso por “más vale lo malo conocido”. Ello determina que el espectro de opciones electorales para agosto de 2025 se vea reducido a más de lo mismo, aun sin tomar en cuenta sus propuestas de gobierno que bien podrían ser novedosas o creativas pero que quedan subalternizadas por la trayectoria de estas figuras de la política nacional.
Hay todo menos renovación
Si bien la demanda ciudadana parece apuntar a la renovación del espacio político, se puede percibir que los líderes tradicionales y sus partidos no están escuchando el clamor de esa demanda y siguen persiguiendo, por encima de todo, solo sus intereses personales o los de un reducido entorno que no representa a nadie. Y no cabe aquí diferenciar siquiera entre quienes ganaron elecciones y ejercieron la presidencia y quienes no lograron jamás esto y, en algunos casos, sufrieron reiteradas derrotas y siguen insistiendo en querer constituirse en referentes de la política nacional.
Es lamentable que las organizaciones políticas no hayan puesto en cuestión la vigencia de sus liderazgos tradicionales (“históricos” los llaman algunos) y dieran espacio a la formación y surgimiento de nuevos liderazgos, crítica que alcanza, sin dudas, a los partidos de gobierno y a los de oposición vigentes el último cuarto de siglo.
Puede ser que aún haya tiempo y espacio para abrir un nuevo ciclo en la historia política nacional, con la presencia en la conducción de las agrupaciones de derecha, centro o izquierda de nuevas figuras que a partir de sus propuestas programáticas devuelvan al electorado boliviano la esperanza y el optimismo por un futuro mejor y no pensar en que la próxima elección será más de lo mismo, con las mismas caras y los mismos discursos.
Es hora de sentir que, como lo señaló certeramente y por experiencia propia y ejemplar el expresidente uruguayo, José Pepe Mújica: “hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse”.
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