El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, denunció una “cacería judicial” por parte del gobierno «golpista» contra dirigentes, obreros y campesinos.
“Denunciamos ante la Comunidad Internacional y organismos de Derechos Humanos, la cacería judicial que está llevando adelante el gobierno golpista de Bolivia contra dirigentes obreros y campesinos”, sostuvo en su cuenta de Twitter el candidato.
Denunciamos ante la Comunidad Internacional y organismos de DDHH, la cacería judicial que está llevando adelante el gobierno golpista de #Bolivia contra dirigentes obreros y campesinos. Añez habla de pacificación, pero en los hechos recrudece la persecución y represión al pueblo.
— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) August 19, 2020
Arce Catacora señaló también que “Áñez habla de pacificación, pero en los hechos recrudece la persecución y represión al pueblo”, con detenciones a los representantes de las organizaciones sociales que exigieron vida, salud, respeto a la democracia y certeza y cumplimiento de la fecha de las elecciones nacionales”.
El Gobierno, con la Procuraduría General del Estado, la Policía y el Ministerio de Justicia, se atribuyó competencias del Ministerio Público y de jueces al ordenar la supuesta detención de dirigentes con el argumento de su participación en los bloqueos.
Una prueba de ello son las afirmaciones del viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, quien el día de ayer confirmó tener órdenes de aprehensión contra instigadores de bloqueos, entre los cuales señaló a los dirigentes de organizaciones sociales, Leonardo Loza, Juan Carlos Huarachi y Andrónico Rodríguez. Issa dijo que “se van a ejecutar los mandamientos” contra quienes fueron mencionados.
La presidenta transitoria, a tiempo de promulgar la ley que fija el 18 de octubre como fecha definitiva de elecciones, expresó que el Gobierno había logrado pacificar el país mediante el diálogo, sin embargo, casi de manera inmediata, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, realizó declaraciones amenazando con llevar a la cárcel a quienes dirigieron y participaron en las movilizaciones que lograron precisamente que el gobierno aceptara confirmar la fecha definitiva de elecciones, después de tres anteriores postergaciones bajo el argumento de precautelar la salud de los electores.
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