Por Soledad Buendía Herdoíza * -.
Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la República Argentina y actual referente central del movimiento político kirchnerista, es una figura clave del panorama político latinoamericano contemporáneo. Su liderazgo ha sido determinante en procesos de transformación social, económica y cultural en Argentina y en Latinoamérica, mientras que ha sido blanco de ataques sistemáticos que exceden la disputa política legítima. La persecución judicial y mediática de la que ha sido víctima no puede entenderse sin considerar el fenómeno del lawfare y la violencia política de género.
Cristina Fernández de Kirchner ejerció la presidencia de Argentina entre 2007 y 2015, luego de la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007). Durante su gobierno se profundizaron políticas de inclusión social, se amplió el rol del Estado en la economía y se implementaron medidas pioneras en Derechos Humanos y diversidad. Entre ellas, destacan la Ley de Matrimonio Igualitario, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la recuperación de YPF y Aerolíneas Argentinas, y el impulso a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Como ocurre con quienes rompen esquemas y entran en disputa, Cristina ha sido permanentemente hostigada por sectores concentrados de poder, especialmente aquellos que vieron afectados sus privilegios, sus intereses económicos o simbólicos. Este hostigamiento se manifestó en campañas de desprestigio, denuncias judiciales sin pruebas sólidas y una permanente deslegitimación mediática.
El lawfare, o guerra jurídica, es definido como el uso indebido de procedimientos judiciales para fines de persecución política, con el objetivo de eliminar adversarios o dañar su credibilidad, señala Zaffaroni. En el caso de Cristina Fernández este fenómeno ha estado acompañado por procesos judiciales sin garantías procesales, cobertura mediática hostil y una narrativa de criminalización sistemática. En palabras de la misma expresidenta: “no me están persiguiendo por corrupta, me están proscribiendo porque represento un proyecto de país que no les conviene”.
La violencia institucional se manifiesta aquí como una estrategia de disciplinamiento, donde el aparato judicial es utilizado para acallar voces disidentes, particularmente cuando esas voces provienen de mujeres con autoridad y poder. Esta situación debe analizarse bajo el lente de la violencia política por razones de género.
La violencia política contra las mujeres es una forma de violencia de género que tiene como fin desalentar, restringir o anular la participación política de las mujeres por el solo hecho de serlo. De acuerdo con la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, esta violencia puede manifestarse en ataques físicos, simbólicos, psicológicos o digitales y se dirige especialmente contra mujeres que cuestionan roles tradicionales de género.
Cristina Fernández ha sido objeto de un trato diferencial respecto a sus pares varones: se ha puesto en duda su capacidad intelectual, se ha ridiculizado su estilo, se ha infantilizado o demonizado su rol de madre y viuda, y se ha sexualizado su imagen pública. Estas agresiones no son triviales: forman parte de una estructura de poder que margina a las mujeres del ámbito político o intenta someterlas a roles subordinados.
El intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022 es la expresión más extrema de esta violencia. Ese ataque, perpetrado por un individuo armado en plena vía pública, no ocurrió en el vacío: fue precedido por años de discursos de odio, banalización de la violencia y naturalización del desprecio hacia su figura. Hoy la pena de seis años de prisión a la que fue condenada no es más que el temor a su fuerza y liderazgo.
Cristina Fernández de Kirchner no solo ha sido una de las mujeres más relevantes de América Latina en lo político y económico, sino también un símbolo de resistencia frente al patriarcado en la esfera del poder. La persecución que ha sufrido debe ser leída no solo como una disputa ideológica, sino como una manifestación de violencia política de género que busca excluir a las mujeres del ejercicio del poder.
Rechazar la persecución contra Cristina significa la defensa de la democracia, de los Derechos Humanos y de la equidad de género. El silencio o la relativización frente a estos ataques implica complicidad con estructuras que perpetúan la exclusión de las mujeres. Como sociedad debemos garantizar condiciones para que todas las personas –sin distinción de género– puedan ejercer la representación política en igualdad de condiciones, sin miedo, sin odio y sin violencia.
* Escritora.
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