A su llegada, la madrugada del pasado jueves, dos sentencias ejecutoriadas, una de ocho años y otra de seis de prisión, aguardaban su cumplimiento, además de casi 20 otras denuncias y procesos de distinta índole. Tras haber cumplido una sentencia por corrupción en una prisión de los Estados Unidos, el superministro de la última dictadura de nuestro país descendía del avión enmanillado con una sonrisa cínica, aun sabiendo que su destino inmediato está en la celda de una cárcel.
Arturo Murillo, El bolas –como lo denominó su propio jefe y socio político Samuel Doria Medina–, había huido tras el restablecimiento de la democracia en nuestro país, luego de haberse mostrado como el más representativo del gobierno golpista encabezado por Jeanine Áñez. Violento, sanguinario, corrupto, ignorante, cínico, embriagado de poder, es decir, reúne en sí todas las “cualidades” de los golpistas.
Arturo Murillo nació el 27 de diciembre de 1963 Cochabamba. Obtuvo el grado de bachiller en el Centro de Educación Media Acelerada (CEMA), una institución educativa destinada a personas adultas que no pudieron concluir sus estudios secundarios. No realizó estudios universitarios.
Inició su actividad política en 2005, a partir de su adhesión al Frente de Unidad Nacional (UN), creado dos años antes por Samuel Doria Medina. En las elecciones nacionales de 2005 accedió a la legislatura en representación de dicha tolda política, que obtuvo una única banca en Cochabamba. Durante 2009 Murillo fue subjefe de la campaña presidencial de la fórmula Samuel Doria Medina-Gabriel Helbing, quienes obtuvieron el 5,65% de los votos. En 2015 Arturo Murillo postuló al Senado por el Departamento de Cochabamba en representación de la alianza política Unidad Demócrata (UD), también liderada por Doria Medina.
En noviembre de 2019 la presidenta de facto Jeanine Áñez lo posesionó como ministro de Gobierno, cargo al que renunció el 5 de noviembre de 2020, tres días antes de la posesión del nuevo presidente del Estado, elegido democráticamente con más del 55% de los votos unas semanas antes, despareciendo del escenario nacional, poniéndose a buen recaudo en los Estados Unidos.
El superministro de la corrupción
Era un secreto a voces que Murillo era quien dirigía el Gobierno, el poder detrás del trono, quien junto al agente de la CIA Erick Foronda no solo habían diseñado el plan golpista desde hacía mucho tiempo atrás, sino que se habían adueñado del Ejecutivo. A él se le atribuyen, como principal responsable y autor intelectual, las acciones violentas desatadas frente a la protesta popular en contra del golpe que derivaron en el asesinato de cuando menos cuatro decenas de bolivianos y bolivianas en Sacaba y Senkata, con la única finalidad de consolidar su asalto al poder. Todos estos civiles murieron por heridas de bala y estas acciones represivas fueron categorizadas como “masacres” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras los asesinatos, Murillo negó la responsabilidad del Gobierno y dijo que los manifestantes se mataron entre los ellos.
En los algo más de 11 meses del gobierno inconstitucional del que formó parte se vio involucrado en más de una decena de casos de corrupción que van desde la compra de gases y armamento para la Policía en Brasil y Ecuador, sin observar la normativa de adquisiciones del Estado y ocasionando considerables daños económicos.
Su paso por el Ejecutivo estuvo lleno de polémica. En la pandemia de Covid-19 difundió información falsa sobre el número de muertos para responsabilizar de los contagios a los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que realizaban protestas sociales; también difundió la imagen de una mujer a la que acusó falsamente de haber secuestrado a un bebé y fue criticado por exponer públicamente a detenidos preventivos, pasando por alto la presunción de inocencia y consideraciones sobre su privacidad. Precisamente por este caso tiene una demanda por un millón de dólares de parte de Lourdes Pacheco, quien no solo fue acusada, sino también aprehendida y exhibida en público, ante los medios de comunicación, vulnerando todos sus derechos, sin que existiera prueba alguna, solo para desviar la atención ciudadana que crecía en repudio al gobierno golpista.
Una de sus imágenes icónicas lo muestra sosteniendo un par de esposas en una conferencia de prensa en la que amenazaba a todos quienes se oponían al régimen con aprehenderlos, colocarles las esposas y llevarlos presos a Chonchocoro.
El prontuario de El bolas
De acuerdo a declaraciones del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, hasta hace un par de días Murillo tenía en su contra 15 procesos penales en instancias judiciales bolivianas. Dos de ellos se encuentran con sentencias: una de ocho años de cárcel y la otra de cinco años y cuatro meses de prisión.
En octubre de 2024 el Tribunal de Sentencia Anticorrupción dictó ocho años de prisión contra Murillo por la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares. Meses después, en enero de 2025, se sumó otra condena de cinco años y cuatro meses de cárcel por la importación irregular de gases y material antidisturbios en 2019.
El juicio por los gases lacrimógenos es el principal, porque fue por ese motivo que igual estuvo preso en Estados Unidos, y el daño económico al Estado asciende a Bs 16 millones 497 mil 913. El otro caso de gases es el préstamo que lograron de Ecuador, los cargos fueron: tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes y fue condenado a cinco años y cuatro meses de presidio.
Un tercer caso que está a punto de ingresar a fase de juicio oral en el Tribunal 6º de Sentencia Penal de La Paz. Se trata de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que detectó el manejo discrecional de dinero y compra de cajas de seguridad en tres bancos a través de su excuñado, Daniel Aliss Paredes. El delito es legitimación de ganancias ilícitas y la Fiscalía pidió en este caso 10 años de presidio.
Otro juicio es el denominado “catering”, que sigue en etapa preparatoria, es decir, que las investigaciones no culminaron, del cual está a cargo del juzgado 12avo de Instrucción en lo Penal. Murillo es procesado porque en 2019 mandó a Humprey Roca Becerra, como responsable del proceso de contratación para licitar el “servicio de alimentación de la Fuerza de Tarea Conjunta” (FTC); luego se descubriría que la empresa no estaba calificada para ese trabajo.
Murillo fue deportado de los Estados Unidos después de haber cumplido una sentencia por conspiración para el lavado de dinero y sobornos. Obtuvo una sentencia negociada de seis años allí tras declararse culpable del delito de lavado de activos, pero fue liberado por buena conducta antes de tiempo y deportado a Bolivia, donde debe cumplir dos condenas y enfrentar cuando menos 15 procesos penales.
Mucho antes, en 2011, fue denunciado por haber falsificado su Libreta de Servicio Militar, documento con el cual se habilitó para ser diputado primero y senador después. Este requisito es imprescindible para acceder a dichas funciones, por lo que al haberse establecido la falsedad del documento sus funciones en ambas cámaras legislativas estaban viciadas de nulidad y debían ser consideradas fraudulentas. Una jueza, en mayo de 2016, lo declaró culpable de uso de documento falsificado y lo sentenció a dos años de prisión. Con chicanas y maniobras políticas evitó cumplir la condena.
Hijo ilegitimo de un alto dirigente político de izquierda, Murillo –quien lleva el apellido del esposo de su madre– mostró desde muy joven un odio particular a todo lo que podría tener relación con las ideas o posiciones de izquierda, presumiblemente por rencor hacia su verdadero progenitor.
Murillo, más allá de la persona
En una visión más amplia, que necesariamente tiene que ir más allá del personaje, Murillo representa a cabalidad a quienes forman parte de esos grupos violentos, racistas, corruptos, que no ven en el Estado otra cosa que no sea una fuente de enriquecimiento ilícito a través del ejercicio ilegal e inconstitucional del poder. Encarna a todos esos dirigentes que protagonizaron las acciones desestabilizadoras y conspirativas de 2019, que concluyeron con el golpe encabezado por la senadora Áñez.
Muchas de esas personas, las que gobernaron junto a Murillo entre 2019 y 2020, se encuentran hoy con fachada democrática prontas a tomar nuevamente el poder y puede parecer poco casual que el Gobierno norteamericano lo haya liberado y deportado precisamente en una coyuntura en que la administración de Justicia boliviana pretende acomodarse al nuevo escenario político.
Las liberaciones de Camacho y Pumari no son casuales, responden a toda una estrategia de toma del poder en Bolivia desde diferentes ámbitos, esta vez bajo formas democráticas. Ya en la campaña electoral se pudo advertir las enormes coincidencias entre todos los candidatos de la derecha, la mayor parte de los cuales, sino todos, fueron parte del gobierno golpista de Áñez. Todo apunta a que además de los mencionados se busca liberar a Áñez, pese a que cuenta ya con una sentencia de 10 años de cárcel, y obviamente Murillo llega con esa sonrisa cínica al territorio nacional, seguramente con la certeza de que la administración de Justicia será benévola con él.
Es acá donde nuevamente el pueblo, los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata, de los cientos de encarcelados y perseguidos injustamente por Murillo y sus secuaces, deben otra vez hacer escuchar su voz exigiendo justicia como la única forma de que este género de acciones violentas, como incluso lo ha calificado la CIDH y la investigación del GIEI, no vuelvan a repetirse.
Habrá que decirles “nunca más” a los golpistas, “nunca más” a los asesinos de personas indefensas, “nunca más” a los corruptos que en períodos como la pandemia solo pensaron en llenarse los bolsillos de dinero de todos los bolivianos. No hacerlo será convertirse en parte de ellos. Es tiempo de exigir Memoria y Justicia de todos quienes se dicen estar comprometidos con la democracia y con la justicia.
Los pueblos que olvidan su historia corren el riesgo de repetirla.
- por Diego Portal
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