La Paz (ABI).– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos en América del Sur advirtieron el riesgo de impunidad de las masacres de Senkata y Sacaba, ante fallos judiciales que anularon los procesos contra policías y militares sindicados por los hechos de 2019.
“La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, señala un pronunciamiento público de la comisión interamericana.
La CIDH y ONU Derechos Humanos en América del Sur expresaron su preocupación ante las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019.
Esta preocupación se acentúa tras la reciente decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz de 9 de septiembre de 2025, que ratificó la Resolución 211 de 2025 de 25 de agosto de 2025, confirmando lo establecido en la anterior resolución en el caso de Senkata, señalaron los organismos.
El 25 y el 29 de agosto de 2025, los jueces a cargo de los procesos judiciales por los casos de Senkata y Sacaba, respectivamente, ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia.
Al respecto, entidades de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo de Bolivia expresaron su preocupación ante el riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna.
La CIDH y ONU Derechos Humanos, advierten que “esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización de las personas afectadas”.
A su vez, destacaron que estas decisiones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Ello incluye las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), que han sido acompañadas por la CIDH a través de la Mesa de Seguimiento a las recomendaciones de dicho Informe (MESEG – Bolivia), así como las contenidas en el informe que elaboró una misión de ONU Derechos Humanos.
En 2019, el GIEI, a solicitud del Estado boliviano, recopiló información sobre diversas violaciones de derechos humanos e incluyó en su informe final las investigaciones referidas a las masacres de Senkata y Sacaba.
El informe reportó al menos 20 personas fallecidas y numerosas heridas como resultado del uso excesivo de la fuerza en operativos conjuntos de policías y militares.
El GIEI concluyó en su informe final que es «fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz».
También señaló que «debe existir una voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad».
En tanto, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 identificó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial y militar, incluso con municiones letales, en contravención de los estándares internacionales, subrayando la necesidad de investigaciones prontas, independientes e imparciales que aseguren verdad, justicia y reparación.
El organismo recomendó»garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas (…) y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares».
La CIDH y ONU Derechos Humanos instaron a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos forma parte de la Secretaría de las Naciones Unidas y su mandato está establecido en la resolución de la Asamblea General 48/141 de 1993. ONU Derechos Humanos, encabezada por la figura del Alto Comisionado, tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo.
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