Sucre (ABI).— La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) expresó este jueves su coincidencia con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Naciones Unidas respecto a la alerta de impunidad en los procesos judiciales vinculados a las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019.
La entidad anunció que, de no prosperar las acciones legales en el ámbito interno, recurrirá a instancias internacionales para exigir justicia.
“Coincidimos con esa llamada de atención que hace la CIDH y Naciones Unidas, de que el Estado, a través de la justicia, no está cumpliendo esas recomendaciones, y está dejando en total impunidad a aquellas personas que han participado de la ruptura del orden constitucional el 2019”, declaró el presidente de la APDHB, Edgar Salazar, a la estatal Bolivia Tv.
Precisó que primero se agotarán las instancias nacionales, como la aprobación o no de un juicio de responsabilidades por la próxima Asamblea Legislativa, antes de acudir a organismos internacionales.
El pronunciamiento surge en un contexto en el que la justicia boliviana dispuso la liberación de los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, procesados por su rol en los hechos de 2019.
Ambos, considerados actores clave en las movilizaciones que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, recuperaron su libertad bajo medidas sustitutivas, lo que generó críticas de organizaciones sociales y de víctimas de Sacaba y Senkata.
Los sucesos de noviembre de 2019 estuvieron marcados por protestas, bloqueos y una crisis política tras la renuncia de Morales y la asunción de Jeanine Áñez.
Durante las operaciones policiales y militares en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) se registraron una veintena de fallecidos y centenares de heridos.
Diversos informes internacionales, entre ellos el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecieron que en ambos casos se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
En ese marco, la APDHB reafirmó su compromiso de acompañar la demanda de las familias de las víctimas y subrayó que, de persistir la falta de acciones judiciales efectivas en el país, acudirá a instancias como la CIDH y Naciones Unidas para garantizar que los hechos no queden en la impunidad.
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