Brasilia-. El juez Flávio Dino, de la Corte Suprema de Brasil, accedió hoy a una solicitud de la Policía Federal (PF) y ordenó una investigación sobre la conducta del expresidente Jair Bolsonaro y aliados durante la pandemia de Covid-19.
La decisión de Dino se basa en el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el virus, presentado en 2021.
En la práctica, la PF tendrá ahora 60 días para concluir las indagaciones iniciadas por la CPI.
La Fiscalía General solicitó en 2022 al Supremo Tribunal Federal el archivo de los escudriñamientos.
En ese momento, la fiscal federal adjunta, Lindôra Maria de Araújo, declaró que no existían pruebas que justificaran la apertura de una investigación.
Sin embargo, la PF solicitó acceso a las pruebas y concluyó que era necesario continuar la pesquisa.
Dino coincidió con la solicitud de la fuerza del orden público, señalando que la CPI encontró evidencia de colusión en licitaciones, sobrefacturación, malversación de fondos públicos y otros actos ilegales.
El informe final de la CPI de Covid acusó a Bolsonaro de nueve delitos: prevaricación, charlatanería, epidemia con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas y uso irregular de fondos públicos.
De igual manera, por incitación al delito, falsificación de documentos privados, responsabilidad penal y crímenes de lesa humanidad.
El Tribunal Permanente de los Pueblos condenó el 1 de septiembre a Bolonaro por crímenes contra la humanidad durante la pandemia.
Según esa corte, cometió dos actos ilegales. Primeramente una grave violación de los derechos humanos, al incitar de forma pública tal infracción contra amplios sectores de la población que son discriminados, indicó el texto del veredicto escuchado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo.
Refirió como segundo delito un crimen contra la humanidad, al optar el exmilitar «por una política de salud contraria al aislamiento, prevención del contagio y la vacunación, que llevó dolosamente a la muerte de decenas de miles de personas».
Para el juzgado, el gobernante es culpable de decesos de al menos 100 mil brasileños como consecuencia del patógeno.
En el documento, los magistrados indicaron asimismo que «no hay duda» de que miles de vidas fueron segadas por decisiones del Gobierno federal.
Quedó demostrado que, en la pandemia, el otrora jefe del Ejecutivo defendió el uso de medicamentos ineficaces contra la Covid-19, como la hidroxicloroquina, que integraba el llamado tratamiento precoz.
Además, el excapitán del Ejército criticó el aislamiento social y las medidas adoptadas por los gobernadores y alcaldes para evitar la propagación del virus.
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