En la antesala de cada elección en Bolivia, durante un cuarto de siglo, los sondeos han prometido un mapa claro del comportamiento ciudadano: porcentajes, tendencias, nombres que suben y bajan como en una hoja de cálculo. Pero esa promesa –convertida en mercancía política y espectáculo mediático– ha ido perdiendo brillo. Lo que quedaba como herramienta informativa se transformó en industria sospechosa y hoy las encuestas viven acorraladas por su propio historial de errores, denuncias de manipulación y la incapacidad del sistema para contener abusos.
Las fallas no son un fenómeno nuevo ni aislado. En múltiples rondas electorales recientes la diferencia entre lo que las encuestas adelantaron y lo que las urnas confirmaron osciló entre márgenes que para la opinión pública resultaron inaceptables: errores de siete, 10, hasta 20 puntos porcentuales que dejaron a analistas y expertos desconcertados. Ese historial se fue acumulando hasta convertir a las encuestadoras en el blanco de la crítica: ya no bastaba con alegar “margen de error”, se hablaba de metodologías defectuosas, muestreos mal calibrados, de empresas que no supieron leer la volatilidad social e incluso de encuestas hechas a gusto del cliente.
Con la evidencia, aparecieron las acusaciones. Políticos de diferentes bandos denunciaron que algunas encuestas eran “compradas” o alentadas por auspiciadores con interés directo en posicionar candidatos, una práctica que, cuando fue expuesta, enrareció el clima electoral y dañó la percepción ciudadana sobre la objetividad de esos estudios.
En 2025, por ejemplo, la difusión de sondeos que ubicaban a determinados candidatos en los primeros lugares generó repudio y reclamaciones públicas; se habló de financiamiento oculto, de “encuestas a la carta” y de estrategias de campaña que medianamente se camuflaban tras cifras. El escándalo amplificó una sospecha que muchos ya tenían: que no todas las encuestas son neutras.
A la sombra de las sospechas también floreció la desinformación. En redes sociales circularon sondeos con origen dudoso o atribuidos falsamente a organizaciones internacionales, y algunas versiones incluso utilizaron montajes o datos inventados para influir en la percepción pública. Las verificadoras comenzaron a detectar y desmentir publicaciones espurias –una tarea anotada en la agenda de quienes buscan proteger la integridad del proceso electoral–, pero el daño a la credibilidad ya estaba hecho: cuando las encuestas verdaderas y las falsas se mezclan, el ciudadano pierde la brújula.
El rol de las autoridades electorales estuvo, en varias ocasiones, en el centro del debate. El Tribunal Electoral Plurinacional (TEP) –institución responsable de garantizar condiciones equitativas– ha sido criticado por no contar con herramientas regulatorias o mecanismos de fiscalización lo suficientemente ágiles para verificar la elaboración y la difusión de las encuestas preelectorales. Las iniciativas legislativas y propuestas para acotar la propaganda y transparentar el financiamiento de encuestas han aparecido, pero su implementación suele llegar tarde o carecer de sanciones claras, lo que abre una brecha que aprovechan campañas y encuestadoras con intereses opacos.
Los medios de comunicación, por su parte, desempeñaron un doble papel: por un lado, actúan como canales necesarios para dar a conocer información relevante; por otro, muchas veces amplifican sin suficiente criterio instrumentos que deberían verse con cautela. La difusión masiva de sondeos considerados “favorables” –ya sea por afinidad editorial o por la lógica de audiencia– terminó por convertir los resultados en arma de campaña. Hay ejemplos donde cadenas y portales reprodujeron encuestas sin indagar sobre la metodología o el financiamiento, y esa ligereza periodística contribuyó a normalizar la manipulación informativa.
La consecuencia es una erosión grave: la ciudadanía comenzó a desconfiar de los números. Cuando en la campaña se multiplican estudios contradictorios, cuando los protagonistas se acusan mutuamente de “encuestas pagadas” y cuando las encuestadoras mismas se contradicen entre sí, el electorado tiende a ignorar las métricas y a apostar por atajos simbólicos –opiniones de líderes, noticias virales, o el boca a boca– que empobrecen el debate democrático. El efecto es paradójico: una herramienta diseñada para informar termina por introducir ruido y polarización.
Frente a este escenario, la pregunta urgente es doble: ¿qué puede hacerse para recuperar la confianza? Y, en paralelo, ¿cómo evitar que los sondeos sigan siendo vehículo de manipulación?
Las propuestas que emergen del debate público apuntan a tres ejes: mayor regulación y sanciones por irregularidades; obligación de transparencia absoluta para las encuestadoras (incluyendo auditorías externas) ; y una práctica mediática responsable que ponga en contexto los resultados, mostrando metodología y margen de error, en lugar de titulares sensacionalistas. Estos cambios requieren voluntad política, capacidad técnica del OEP y un compromiso ético de los medios.
Terminamos con una constatación inquietante: las encuestas, que alguna vez fueron brújula en la tempestad electoral, hoy navegan sin rumbo claro. No es solo culpa de las empresas que ejecutan los muestreos ni de los políticos que las manipulan, sino también responsabilidad colectiva –autoridades, medios y sociedad– construir reglas y prácticas que permitan recuperar la utilidad democrática de las cifras. Hasta tanto eso no ocurra, cada número difundido seguirá llevando consigo la sospecha de ser menos una radiografía del ánimo ciudadano y más una estrategia diseñada para moverlo.
Breve historia de las encuestas en Bolivia (2000-2025)
Desde las Elecciones Generales de 2002, la capacidad, idoneidad, objetividad e imparcialidad de quienes realizan las encuestas y desde luego de los resultados de estas encuestas han sido puestas en tela de juicio. Las razones parecen muy obvias cuando recurrimos a un breve recuento de ese trabajo en las previas de los comicios en el último cuarto de siglo.
2002 – Elecciones presidenciales
- Las encuestas daban como favoritos a Gonzalo Sánchez de Lozada y Manfred Reyes Villa. Sin embargo, la gran sorpresa fue Evo Morales, que quedó en segundo lugar con más del 20%, muy por encima de lo previsto. Se empezó a hablar de la “subestimación del voto rural”.
2005 – Evo Morales presidente
- Las encuestas lo mostraban en primer lugar, pero no anticiparon la magnitud de su triunfo (53,7%), el primero con mayoría absoluta desde mediados del siglo pasado. Se criticó a las empresas por “quedarse cortas” y no captar la ola popular.
2009 – Reelección de Evo Morales
- Los sondeos pronosticaban victoria en primera vuelta, pero el resultado (64%) superó con creces las proyecciones. Se denunció que varias firmas fueron complacientes con partidos opositores para inflar su peso.
2014 – Tercer mandato de Evo Morales
- Algunas encuestas daban entre 55% y 57% al Movimiento Al Socialismo (MAS), pero Morales terminó con 61%. Opositores acusaron a las encuestadoras de “estar alineadas” con el oficialismo; oficialistas, en cambio, denunciaron que los sondeos buscaban desanimar a su electorado.
2016 – Referéndum constitucional (reelección indefinida)
- Los estudios mostraban un “empate técnico”, pero el resultado fue un No (51,3%) . Fue uno de los episodios más cuestionados: los críticos señalaron que hubo manipulación en la campaña y encuestas pagadas; otros culparon al “escándalo Zapata” que estalló en plena recta final.
2019 – Elecciones y golpe
- Las encuestas previas pronosticaban segunda vuelta. Sin embargo, el cómputo oficial dio la victoria en primera vuelta a Morales con más de 10 puntos sobre Mesa. Las encuestadoras fueron acusadas de sesgo y el clima de desconfianza generalizado desembocó en la crisis política.
2020 – Elecciones tras el retorno a la democracia
- Las encuestas daban una ventaja de Luis Arce, pero pocas anticiparon que lograría un 55% (más de 25 puntos sobre Mesa) . El fracaso en las proyecciones provocó críticas a la metodología y a la presión política sobre las empresas.
2025 – Elecciones en curso
- Denuncias reiteradas de “encuestas compradas”. Empresas poco conocidas publican estudios contradictorios. El OEP anunció monitoreo, pero la percepción ciudadana es de desconfianza generalizada.
Explicaciones que no siempre explican lo necesario
Entre 2002 y 2005, de por medio una explosiva movilización popular que logró poner fin al modelo neoliberal, con la renuncia de Sánchez de Lozada y luego de su sucesor Carlos Mesa, análisis postelectorales hechos por la Cepal y el PNUD señalaban la existencia de un evidente sesgo urbano en los muestreos. Asimismo, estudios académicos posteriores confirmaron que las encuestadoras no lograron captar zonas rurales donde arrasó el MAS.
Posteriormente, en las elecciones de 2009 y de 2014 se pudo evidenciar un sobredimensionamiento, seguramente nada casual, de las posibilidades electorales de la oposición al MAS, ya que los resultados oficiales superaron en más del 7% lo que preveían las encuestas.
En 2019, las encuestas, las encuestadoras en realidad, así como los medios se pusieron de lado del candidato opositor Carlos Mesa. Las menos optimistas preveían una segunda vuelta, el resto hablaba de un triunfo opositor en primera vuelta. Los resultados oficiales dieron el triunfo al MAS por más de 10 puntos, es decir, un triunfo en primera vuelta. Las encuestadoras quedaron totalmente deslegitimadas. Sin embargo, en gran medida habían logrado su propósito, junto a la corporación mediática, al posicionar la narrativa de que el triunfo del MAS se sostenía en un fraude. Esa narrativa llevó a Mesa, seguramente muy consciente de su derrota, a patear el tablero el mismo día de las elecciones, denunciando un supuesto fraude que nunca existió.
Este relato junto a un enorme despliegue mediático, presencia de grupos paramilitares y de pequeños sectores urbanos, generaron violencia, dando paso a convulsionar el ambiente y junto a una lectura equivocada de los equipos de inteligencia del Gobierno y decisiones equivocadas de sus conductores, la crisis derivó en el golpe que colocó a la senadora Áñez en palacio de gobierno, recibiendo la banda presidencial de manos de un efectivo militar, vulnerando de cabo a rabo la Constitución Política del Estado (CPE) .
Meses después, tras una dura lucha del pueblo por recuperar la democracia, en las elecciones de octubre de 2020, si bien las encuestas previeron un triunfo de Luis Arce, ninguna le otorgaba la votación del 55% con el que se impuso en primera vuelta. Se ha mencionado que en aquella oportunidad las encuestadoras fueron presionadas por operadores opositores para intentar persuadir un cambio en la intención de voto de la ciudadanía en favor del candidato de la oposición.
La cereza en la torta
Los resultados del 17 de agosto pasado pusieron en la situación más evidente a las encuestadoras y sus financiadores, al mostrar que todas las previsiones que habían manejado como parte de la campaña electoral para la primera vuelta, habían quedado en ridículo al ni siquiera aproximarse a la realidad de la votación de aquel domingo.
Resulto ganador, con una considerable diferencia, un candidato que ni siquiera aparecía en los primeros cuatro lugares de todas las encuestas difundidas en el país, supuestamente realizadas por las empresas más serias y confiables. Más que los partidos perdedores de esa elección, la mayor derrota la sufrieron las encuestadoras y los medios que fueron parte de un burdo espectáculo preelectoral.
Se trataba pues de encuestas compradas para servir de elemento de campaña, con la única intención de manipular o direccionar el voto ciudadano. Pero fue tan burdo su accionar que ni siquiera cuidaron detalles de forma y los propios candidatos favoritos las descalificaron. Esas encuestas a la carta no sirvieron de nada, pues ya nadie cree en ellas.
Cuando nos acercamos a la segunda vuelta, la Red Unitel se manda otro show con su encuesta de esta semana, en el que al margen de la ridiculez de sus resultados, hechos a pedido del candidato, aun cuando puestos en duda por sus propios financiadores, se montan una presentación con panelistas como Oscar Ortiz, correligionario del supuesto candidato ganador y Carlos Valverde, enemigo declarado del candidato a vicepresidente ganador de la primera vuelta.
¿Queda todavía alguna duda sobre la validez de esa y de otras encuestas similares que seguramente aparecerán en los próximos días? Todo parece indicar que no. Mientras tanto las autoridades electorales, bien gracias, haciendo mutis por el foro. Así estamos a menos de un mes de elegir a nuestros próximos gobernantes.
- por Diego Portal
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