Chuquisaca (ABI). – El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la exsenadora Jeanine Áñez por el caso “Golpe II”, y dispuso su libertad inmediata, luego de acoger una revisión extraordinaria de sentencia presentada por su defensa.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, explicó que la decisión se adoptó en base al “principio de retroactividad” de la ley, ya que el tipo penal por el cual fue condenada sufrió modificaciones posteriores.
“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia con la que ella contaba, en base a algunos argumentos como ser la retroactividad de la ley, toda vez que se modificó en su oportunidad el tipo penal en relación a las resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”, indicó Saucedo en contacto con los periodistas.
Explicó que la resolución fue elaborada por el magistrado Carlos Ortega y aprobada en sala plena.
Se instruye al juez de ejecución penal de La Paz emitir la orden de excarcelación.
“Esto significa que el día de hoy (miércoles) ella tiene que recuperar su libertad. Era el único proceso pendiente (de Áñez) y con eso ya tiene que recuperar su libertad en el día”, precisó Saucedo.
Con esta decisión, el máximo tribunal del país deja sin efecto la condena impuesta en 2022 contra la exsenadora, quien fue acusada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
Por su parte, el abogado de Áñez, Luis Guillén, explicó que la defensa estaba a la espera de la resolución sobre el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, que finalmente fue admitido y resuelto a favor de su defendida.
Áñez recuperará su libertad después de más de cuatro años de detención preventiva en la cárcel de Miraflores, en La Paz.
Antecedentes
Jeanine Áñez asumió la Presidencia del Estado Plurinacional en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales, y permaneció en el cargo durante 361 días.
En su calidad de segunda vicepresidenta del Senado, Áñez se proclamó presidenta de la Cámara Alta y, posteriormente, del Estado, en actos que, según la sentencia, se realizaron sin quórum ni participación de la bancada mayoritaria del MAS.
La exsenadora fue condenada en 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por los hechos vinculados a su asunción al poder el 12 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Morales.
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