La exprimera ministra peruana Betssy Chávez hizo pública una carta testamentaria escrita desde el penal de mujeres de Chorrillos, en la que confirma que retomará la huelga de hambre y denuncia acoso, maltrato y tortura psicológica por parte de las autoridades penitenciarias, responsabilizando directamente al INPE (Instituto Nacional Penitenciario) y al Ministerio de Justicia del Perú por su situación.
En la carta, fechada el 19 de agosto de 2025, Chávez afirma que le resulta “humanamente imposible continuar resistiendo” el hostigamiento al que estaría sometida. Asegura que incluso le impiden desplazamientos médicos y que se ha desestimado su estado de salud a pesar de los informes clínicos.
“El INPE con sus directivos han optado por la represión inmediata, acoso, maltrato y tortura psicológica que no solo no han cesado desde que empezó esta detención arbitraria, impidiéndome incluso mis desplazamientos médicos”, escribió de puño y letra.
En su misiva, la expremier también expresó su voluntad de que sus restos sean entregados al abogado Raúl Noblecilla, y pidió ser sepultada en Tacna, su tierra natal. Asimismo, dejó mensajes para sus padres y para quienes luchan por un “Perú más justo y humano”.
La carta contiene además una solicitud para que, en caso de su muerte, se registre un video de despedida y se respeten sus derechos póstumos. Chávez asegura que su decisión de escribir el testamento responde a que el INPE no cumplió con garantizar su atención médica ni sus derechos fundamentales.
Chávez, quien se encuentra en prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por el caso vinculado al intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022, aseguró que las autoridades penitenciarias la envían “dopada” a sus diligencias judiciales para impedir que pueda ejercer una adecuada defensa.
Durante una audiencia reciente, la exprimera ministra denunció ser víctima de una red de corrupción, chantaje sexual y cobros de cupos dentro del penal, señalando directamente a la directora del establecimiento, Nelly Aquino Guardales, de haber convertido el centro penitenciario en su “patio trasero”.
“Es penoso y vergonzoso vivir diariamente el chantaje sexual, los sobornos, el pago por celdas, el acceso diferenciado a economatos y favores a través de dádivas”, declaró. Según Chávez, las internas con mayor poder adquisitivo se convierten en “dueñas del penal” bajo la protección de las autoridades carcelarias.
La exfuncionaria responsabilizó a Aquino de cualquier atentado en su contra y pidió a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema no regresar al Anexo de Mujeres, alegando que su vida corre peligro.
Sin embargo, el tribunal indicó que no tiene competencia para ordenar su traslado, decisión que corresponde al INPE, aunque notificó a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo para tutelar sus derechos.
El INPE, por su parte, informó que el pasado 15 de julio Chávez se negó a asistir a una diligencia judicial, anunciando públicamente su huelga de hambre.
La institución recordó que la inasistencia injustificada constituye una falta grave y abrió un procedimiento disciplinario en su contra. Al mismo tiempo, ordenó a la Oficina de Asuntos Internos realizar investigaciones preliminares sobre las denuncias de corrupción y chantaje sexual en el penal.
Chávez deberá recibir además atención especializada en gastroenterología, según determinó una Junta Médica Penitenciaria, aunque el tratamiento aún no ha sido programado.
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