“A rey muerto, rey puesto”, señala la sabiduría popular para indicar cómo el poder es el que marca el comportamiento de los gobernados ante los cambios que se producen en la detentación precisamente de ese poder. Lenin apuntaba que “salvo el poder, todo lo demás es ilusión”. Pero ¿qué es el poder?
En términos generales “el poder es la capacidad de una persona o un grupo de hacer que algo ocurra. En su sentido político y social, se define como la capacidad de un individuo o un grupo de liderar, influenciar o dominar a otros, a veces mediante la fuerza, para que hagan ciertas cosas o se sometan a su voluntad. En este sentido, un padre puede ejercer el poder sobre sus hijos, y un gobierno sobre sus ciudadanos”.
Sin embargo, no siempre es necesario el ejercicio directo de la autoridad para tener poder. Existen en democracia varios otros factores, a veces invisibilizados, que ejercen el poder sin que nadie los vea. Así encontramos el poder económico concentrado en los grupos empresariales oligárquicos, el poder religioso escondido detrás de un sinnúmero de confesiones de esa naturaleza, así como el poder de movilización social, el poder de las calles y, desde luego, los que se generan desde fuera de un país y responden a intereses imperiales geopolíticos.
La Constitución Política del Estado de Bolivia de 1967, vigente con modificaciones hasta 2009, establecía la división del Estado en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, otorgándole a cada uno de ellos independencia y autonomía, estableciendo la coordinación entre sí como el mecanismo de articulación para el funcionamiento del Estado. La nueva Constitución establece la existencia de cuatro órganos, señalando expresamente en su Artículo 12 que “el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electora. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”, para agregar luego que “las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.
Estos cuatro órganos tienen naturaleza política y, más allá de sus funciones y atribuciones administrativas, responden a esa lógica. El origen de quienes los integran también es político. Las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo son producto de procesos electorales, propuestos por partidos políticos y, por tanto, sus acciones son fundamentalmente originadas en criterios políticos. Al Electoral se le asignan autoridades a través de acuerdos dentro del Legislativo, donde también impera básicamente un criterio político. El Judicial –desde la vigencia de la nueva Constitución– se compone por magistrados elegidos en elecciones nacionales, supuestamente al margen de toda acción política partidaria, lo cual ha sido puesto en duda en los tres procesos de elección de autoridades del área realizados hasta ahora.
La historia de la administración de Justicia en Bolivia está plagada de insólitos hechos que no condicen en absoluto con lo mencionado en el Artículo 178 de la Constitución, que afirma que “la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social, respeto a los derechos”.
Un sorpresivo toque de consciencia
Hace algo más de una semana, de manera sorpresiva, casi como resultado de una epifanía, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un instructivo para que se revisen si Luis Fernando Camacho, exgobernador del departamento de Santa Cruz, Marco Pumari, exdirigente cívico potosino y la ex senadora Jeanine Áñez, quien asumió inconstitucionalmente la presidencia del Estado en 2019, cumplieron los plazos en sus detenciones preventivas en todos los casos que se les siguen. En caso de que fuera así, se instruyó aplicar el procedimiento establecido, es decir, su liberación para que asuman su defensa en libertad.
Camacho y Pumari son dos de los más de 10 mil ciudadanos privados de libertad, por diferentes delitos, bajo la figura de detención preventiva. Esta medida, considerada como excepcional en la doctrina y el ordenamiento procesal de nuestro país, se ha convertido en una práctica cotidiana que favorece la corrupción de fiscales y jueces que la han convertido en el instrumento más práctico de extorsión a quienes se encuentran en conflicto con la ley. Áñez ya tiene una sentencia de 10 años de cárcel. Para el TSJ al parecer solo existían esos tres detenidos preventivamente.
Días después, ante las inmediatas protestas generadas en los centros de detención, el Tribunal se vio obligado a ampliar el instructivo para todos los casos, aunque inmediatamente los jueces actuaron a favor de Camacho y Pumari, levantando la detención con una celeridad sin precedentes. El resto de los detenidos tendrá que esperar la buena voluntad de los operadores de Justicia.
Es evidente que en la mayoría de los casos la detención preventiva no solo es un exceso, sino un abuso de jueces y fiscales. Pero ahí surge la pregunta, ¿recién se dieron cuenta de esta anomalía? ¿Era necesario un instructivo para que los jueces cumplieran con su trabajo? ¿La ley no es suficientemente clara? ¿O es que estos jueces siempre esperan instrucciones superiores para no equivocarse o molestar a los de arriba?
Parece no ser casual que todo esto se haya producido a pocos días de conocerse los resultados de las Elecciones Generales. Es obvio que dentro de unas semanas se contará con un nuevo Gobierno y que, al margen de quien asuma la Presidencia, la tendencia instalada en Palacio será muy próxima a quienes se otorgó desde el Órgano Judicial ese tratamiento especial. Hipótesis 1: Las autoridades judiciales se curan en salud ante el próximo gobierno, actuando como ellos desearían incluso antes de que asuman el gobierno; Hipótesis 2: Existen autoridades judiciales con compromisos adquiridos antes de asumir esas magistraturas con grupos y dirigentes políticos que tienen que honrar y eso están haciendo.
Una justicia dócil con el poder
No es la primera vez que sucede algo así. La Justicia boliviana, o para ser más precisos los administradores de justicia, casi siempre se han mostrado genuflexos ante el poder no solo político, sino ante sus variadas formas de expresión. Son muchos los casos a lo largo de la historia republicana y de nuestro cuarto de siglo reciente sobre la actuación de la Justicia a favor de los poderosos. Sería muy larga la lista si empezamos a enumerarlos, y no vale la pena puesto que no es ese el objetivo de estas líneas y porque además la ciudadanía sabe perfectamente a qué nos referimos.
La pregunta es entonces ¿qué hacer con esta situación? ¿Existe alguna forma de revertir este método de administrar Justicia? ¿Cuáles son los factores que conducen invariablemente a la misma actitud a las autoridades judiciales –por muy nuevas que sean y se reclamen probas e imparciales–? Aparentemente nos encontramos en un callejón sin salida. Los intentos de reformar la administración de Justicia, en distintas épocas, han fracasado, quedándonos siempre en las mismas o peores condiciones.
¿Los próximos gobernantes tendrán la capacidad, y la voluntad, de cambiar esta dura y triste realidad o tomarán el camino más fácil como es el de subordinar bajo su mando a los administradores de Justicia? Son preguntas de muy difícil y arriesgada respuesta. El tiempo nos dirá qué pasó, aquí resulta mejor no hacer previsiones de ningún tipo.
El camino a la impunidad
Camacho, Pumari y Áñez, junto a varios de sus colaboradores, han sido acusado e imputados en una serie de procesos por delitos de distinta gravedad, algunos muy graves como las acciones violentas que han segado la vida de cuando menos cuatro decenas de bolivianos durante los hechos de noviembre de 2019, en los cuales los primeros establecieron las condiciones para que la tercera tomará al asalto la Presidencia de forma totalmente inconstitucional. Si eso quieren llamarlo golpe de Estado o quieren asignarle el denominativo que mejor les parezca es, por ahora, lo menos importante. Lo claro y evidente es que asaltaron el poder y mandaron a asesinar a conciudadanos.
La existencia de esos delitos es innegable, así como la necesidad de justicia. Y eso no solo lo dicen los familiares de las víctimas, ni todos aquellos que sufrieron represión y persecución durante ese Gobierno. Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la CIDH para investigar lo sucedido en Bolivia durante el periodo en el que se dio el golpe de Estado, concluyó que se cometieron graves violaciones de los Derechos Humanos. Identificó que al menos 37 personas habrían perdido la vida en distintos lugares del país, y que centenares habrían resultado heridas tanto física como psicológicamente. Además, el GIEI documentó casos de tortura cometidos por agentes estatales en contra de personas aprehendidas o detenidas en las ciudades de Cochabamba, La Paz y El Alto.
Asimismo, determinó que el Estado era responsable por actos de agentes estatales y de particulares, así como por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y la falta de prevención adecuada de actos de violencia. Por su lado, el Grupo también registró que particulares habrían promovido y protagonizado distintos actos de violencia, que incluyeron ataques a personas y a bienes públicos y privados.
El GIEI fue categórico: las masacres de Sacaba y Senkata fueron crímenes de Estado que dejaron decenas de muertos, heridos y familias destruidas. Las víctimas no pueden ser invisibilizadas ni olvidadas. Y el GIEI señaló la necesidad de procesar a todos los responsables.
Y todos los bolivianos conocen a los responsables, autores intelectuales y materiales. Ellos deben ser juzgados y sancionados como corresponde. Esos mismos que ahora están siendo exonerados de pena y culpa por una administración de Justicia rendida ante los poderes fácticos, ante los nuevos gobernantes, incluso antes de que asuman funciones.
El informe del GIEI no fue un simple consejo opcional, sino un compromiso obligatorio para el Estado. Sus recomendaciones trascienden gobiernos y deben ser cumplidas tanto por la actual administración como por las futuras, con el fin de garantizar verdad y justicia.
La verdadera deuda es con las víctimas y con el país: Bolivia necesita una justicia independiente que investigue y sancione a los responsables de los hechos de 2019, sin importar su poder o apellido. De lo contrario, si aquellos crímenes quedan impunes, se corre el riesgo de que vuelvan a repetirse.
El mensaje del GIEI es claro: la democracia solo puede sostenerse si la Justicia actúa como garante de derechos y no como instrumento político.
¿Tendremos los bolivianos la voluntad y la capacidad de poner en orden la administración de Justicia a través de una verdadera y profunda revolución en todos los niveles del Órgano Judicial y de no dejar en la impunidad a quienes asesinaron a seres humanos indefensos? Aunque no solo se trata de eso, sino de que la Justicia deje de ser el instrumento de los poderosos y sirva verdaderamente para otorgar justicia a quien la demande, especialmente a los desposeídos y a los ignorados de siempre.
- Por Diego Portal
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