Por Andrés Sal.lari-.
Todos los analistas coinciden: el derrocamiento de Dilma Rousseff fue un punto de inflexión en el empoderamiento de los militares.
Esta historia trata de militares antinacionalistas, de militares anticomunistas, y de militares antipetistas; de militares golpistas, de militares del Plan Cóndor y de militares que definen quiénes juegan —y quienes no— a la democracia, a la democracia tutelada.
El 15 de marzo de 1952, Brasil firmó un acuerdo militar con Estados Unidos por el que se comprometía a facilitar uranio a la potencia del norte, entonces enfrascada en la guerra de Corea. El acuerdo fue criticado por sectores nacionalistas del ejército y aplaudido por otros. Entre quienes lo apoyaron estuvo el general Alcides Etchegoyen.
El 3 de octubre de 1953, Getulio Vargas sancionó la Lei Federal 2004 que dio origen a la empresa estatal Petrobras, estableciendo el monopolio estatal del petróleo. Algunos militares no estuvieron de acuerdo, entre ellos quien fuera candidato a liderar el Club Militar bajo la lista “Cruzada Democrática”. Alcides Etchegoyen.
Los días 21, 22 y 23 agosto de 1954 un grupo de militares pidió la dimisión de Vargas mediante distintos manifiestos, el general Etchegoyen firmó uno de los comunicados de los golpistas. Un día más tarde, el presidente Getulio Vargas se quitó la vida con un disparo. Tenía 55 años.
Los hijos del general Etchegoyen también fueron militares. Leo —el primogénito— alcanzó el grado de general. Durante la última dictadura militar (1964-1985) ocupó importantes posiciones.
Décadas más tarde, en noviembre de 2011 —cuando apenas corría el primer año de su mandato— la presidenta Dilma Rousseff impulsó una política que Lula había dejado pasar durante su apogeo; sancionó la ley 12.558 que instituyó la Comissao Nacional da Verdade, encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos desde la abolición de la cuarta constitución (1946) hasta el nacimiento de la Nueva República (1988), vigente hasta la actualidad.
Por permanecer vigente una ley de amnistía sancionada por la dictadura en 1979, la Comisión estaba inhibida de punir a los culpables.
En 2014, se incluyó en la lista de represores al general Leo Etchegoyen. La Comisión Nacional de la Verdad despertó un gran malestar en las Fuerzas Armadas, bajo el argumento de que sólo fijaba entre sus objetivos las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares. El general Sergio Etchegoyen, hijo de Leo y nieto de Alcides, presentó junto a su familia una demanda judicial para que el nombre de su padre sea retirado de la lista.
La investigación también señaló al coronel Cyro Etchegoyen, hermano de Leo y tío de Sergio, jefe de contra informaciones de la inteligencia militar durante la década del ’70, y sindicado como uno de los responsables operativos de la llamada Casa de la Muerte, un centro clandestino de detención y tortura ubicado en el estado de Río de Janeiro.
El 12 de mayo de 2016, la presidenta Dilma Rousseff fue suspendida de su cargo y su vicepresidente Michel Temer asumió el poder interinamente. En menos de 24 horas tomó su primera medida estructural. Restituyó el extinto Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) y designó como ministro jefe al nieto de Alcides y al hijo de Leo, al general Sergio Etchegoyen; a quien adicionalmente le transfirió la tuición de la Agencia Brasileira de Inteligencia (ABIN).
¿Temer le debía algo a los militares, tomaba medidas desesperadas para prevenir reacciones sociales, o simplemente se apoyó en la única pata fuerte que le quedaba?
Como sea, 62 años después que su abuelo, Etchegoyen jugó una partida muy parecida; pudo saborearla venganza y se benefició directamente del derrocamiento de una exguerrillera y Presidenta constitucional.
La historia familiar resume décadas de control militar sobre la política y evidencia el vacío de contenido de la palabra democracia en la principal potencia suramericana.
En Brasil, los militares lograron consolidar una metodología para controlar y ocupar el poder. A partir del 1 de enero deberán lidiar con su propia criatura.
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