Se veía venir. La oposición —política y mediática— venía calentando las calles bolivianas con sus declaraciones, sus portadas contra el Gobierno y sus mentiras y manipulaciones.
Lo intentaron el jueves durante el paro cívico en La Paz. Insultaron y atacaron a los policías que resguardaban el Tribunal Supremo Electoral, que aguantaron impasibles los ataques con palos y piedras, situación que en otras democracias del mundo hubiese dado lugar justificadamente al empleo de la represión policial, el arresto de los violentos y su puesta a disposición judicial.
En cambio, en la ‘dictadura’ boliviana la razón de Estado y el carácter pacífico y no represivo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lograron que el paro cívico transcurriese sin mayores incidentes.
Pero esa misma oposición —política y mediática— no se quedó cruzada de brazos y después de no haber conseguido su objetivo en La Paz, lo intentó en Santa Cruz, donde atacó varias instituciones y quemó el Tribunal Electoral Departamental.
El ataque no sólo es cobarde, sino que vuelve a colocar, como en los peores momentos de 2008 y 2009, el clasismo y el racismo como eje articulador del discurso de odio de la derecha.
Es claro que estos hechos de violencia no son aislados y se inscriben en una estrategia en la que se está buscando generar heridos, o incluso muertos, para intentar deslegitimar al Gobierno y al proceso electoral, no sólo en Bolivia, sino también ante la comunidad internacional.
La estrategia opositora tiene tres componentes.
El primero es seguir utilizando los mecanismos institucionales y electorales que tiene previstos nuestra democracia. Este componente es el único legítimo, por eso hay siete binomios opositores inscritos, que serán ratificados en enero por sus respectivas militancias.
El segundo componente es el de la movilización permanente en las calles como medida de desgaste del Gobierno boliviano. Algo que también sería legítimo si no fuese porque en el momento en que se producen hechos de violencia en las manifestaciones, dichas reivindicaciones quedan deslegitimadas. La libertad de expresión es un bien sagrado de nuestra sociedad, pero no puede ir nunca acompañada de violencia. Y los líderes de la oposición —tanto la política como la mediática— no pueden mirar para otro lado, deben desmarcarse y aislar a los violentos de sus filas.
El tercer componente también es claro: el desprestigio internacional del Gobierno boliviano que encabeza Evo Morales, estrategia conducida por el expresidente Tuto Quiroga y personajes como José María Aznar o Álvaro Uribe, quienes deberían estar respondiendo por sus crímenes ante la Corte Penal Internacional y no atacando al Gobierno de un pueblo cuyo principal delito es haber nacionalizado los recursos naturales y redistribuido la riqueza.
Estamos llegando a un punto de bifurcación en el que debe prevalecer la política frente a la antipolítica. La violencia no es el camino. No lo fue en 2008 ni en 2009, y no lo puede ser en 2018. Es comprensible que se quiera sustituir la falta de un proyecto político y de alternativas al Proceso de Cambio mediante la violencia, pero es algo que ninguna sociedad del siglo XXI puede permitirlo.
Si no les gusta que los movimientos indígena originario campesino y obrero gobiernen, que ganen con la fuerza de los votos en las urnas y nunca con la fuerza de la violencia.
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