¡Y ahí están! No tuvo que pasar más de unos meses para que todas las conjeturas y malintencionadas interpretaciones sobre el caso que le costó el referendo del 21F al gobierno se cayeran por si solas. Por supuesto, nada de esto hubiera sucedido si es que la justicia no hubiera tomado cartas en el asunto de forma tan inmediata como lo hizo.
Aún así, queda mucho por reflexionar una vez que la verdad, por fin, ha salido a la luz. En primer lugar, el papel innegable de los medios de comunicación en la definición de las preferencias del electorado y la poca transparencia que muchos medios exhiben en cuanto a su línea política. La desinformación y la manipulación mediática se han convertido en una regla en la diaria confrontación partidista que caracteriza a la sociedad boliviana.
La tergiversación de los hechos y la difusión plena y llana de mentiras es una actitud deliberada de muchos opositores en Bolivia. No se puede decir que se trate de políticos profesionales, al menos no de los mejores, que se puedan ofrecer. Ante la imposibilidad de poder presentar una propuesta con la que los bolivianos puedan identificarse y al no contar con ningún candidato potable, recurrieron a una estrategia simple: la deslegitimación de todo el proceso de cambio mediante la calumnia de sus dos actores centrales, como son el presidente Morales y las organizaciones sociales.
No se puede esperar que su modus operandi vaya a cambiar en los próximos años. Podemos estar seguros que la mentira y el engaño seguirán siendo sus principales armas en el futuro. No obstante, y este es el segundo punto, eso no quiere decir que el gobierno tampoco deba realizar algunos cambios.
La ola de manipulación mediática vino plagada de mentiras, pero reveló, lastimosamente, algunas verdades. Entre ellas, que es necesario fortalecer las estructuras del Estado ante males comunes a toda sociedad, como son la corrupción y el clientelismo. El gobierno ha dado grandes pasos en este sentido, al ser el primero que revela y condena a los implicados, como ocurrió con el Fondo Indígena.
La actual Cumbre de Justicia que se celebra desde el viernes en Sucre será una oportunidad, quizá la última de este gobierno, para corregir esta situación que aflige al país desde tiempos inmemoriales.
De la misma forma el caso Zapata dio la oportunidad para que los peores rasgos de una personalidad como la de la ex novia del Presidente, el abogado León o Carlos Valverde, salgan a la luz, de forma casi cínica. Aunque los culpables de las calumnias no pueden pasar inadvertidos y sin castigo, la actitud del gobierno deberá ser más mesurada con sus opositores de ahora en adelante. No por debilidad, sino para demostrar que este no es el Estado policial que muchos medios tratan de mostrar. Acá en Bolivia no hay periodistas asesinados como en Colombia o México y la actuación de las fuerzas del orden de la actualidad no puede ser siquiera comparada con la de gestiones como la de Gonzalo Sánchez de Lozada o Hugo Banzer Suárez.
Mejorar la justicia y adoptar nuevas formas de responder ante las agresiones opositoras son cambios necesarios este año. El primero es una deuda con la sociedad boliviana, el segundo es una estrategia que podría ahorrar nuevos problemas al proceso de cambio.
Leave a Reply