por: Isabel Rauber
No son las instituciones, ni los funcionarios, ni las leyes, ni los partidos políticos, los sujetos del cambio, sino los pueblos. El territorio revolucionario está en las calles, en los barrios, en las comunidades, en las comunas, en las fábricas, en el campo.
La democracia no es anodina, ni inocua, ni incolora, ni insípida, ni descafeinada; en las contiendas políticas entre mayorías y minorías se expresan intereses de clases. Estos atraviesan y se posicionan particularmente en el caso de los gobiernos populares , en el debate político institucional, económico, social, cultural, jurídico, ideológico y mediático.
La experiencia de los primeros años de gobiernos populares significó, tanto para los gobernantes como para los pueblos, deslumbramientos, caída de vendas ilusorias, logros, desengaños, cooptaciones, dogmas puestos en cuestión, vacíos teóricos, creaciones colectivas, conflictos, aprendizajes y desafíos. Rápidamente fue tangible que gobierno y poder no son sinónimos, que no es posible enfrentar los cimientos del poder directamente, al mismo tiempo ni del mismo modo en todas las realidades, pero tampoco desconocer las contradicciones que ello introduce en los procesos de cambio, ni las exigencias que implica, tanto para aquellos con vocación revolucionaria como para los de orientación reformista-populista.
Para los poderosos, el primer período de los gobiernos populares ha sido una “adaptación” a las nuevas reglas del juego, pero una “adaptación” que no fue -ni es- “aceptación” del nuevo estado de cosas, sino un tiempo de preparación activa de condiciones (desestabilización, guerra mediática, económica y cultural), para retomar el mando del rumbo político-económico-cultural de las sociedades latinoamericanas. Y esto habla de las nuevas condiciones en las que han tenido y tendrán lugar las luchas sociales y políticas en este tiempo.
En tal situación, pretender que solo con el apego a la legalidad (pre)existente y la repetición de los ciclos electorales un gobierno popular puede garantizar la continuidad de los procesos transformadores, es cuando menos una ingenuidad. En este punto confluyen varias confusiones y simplificaciones.
Por un lado, el creer que el apego a la ley (del capital) es garantía de estabilidad y continuidad, cuando está claro en la historia del continente que no ha sido (ni es) así. En este sentido, vale recordar las palabras de Luis Britto García: “La mayoría de los procesos progresistas latinoamericanos bajo asalto son intentos de abrir pacíficamente el camino hacia una transformación revolucionaria respetando las reglas de los adversarios que no respetan regla alguna.” [“Disparen contra los progresistas”, 27/08/2016] Por otro lado, este “respeto” evidencia un peligroso desconocimiento del carácter de clase de todo el andamiaje jurídico-constitucional-institucional que sirve de base a la conformación y funcionamiento de las instituciones gubernamentales y estatales de un país. En tercer lugar y siempre articulado a lo anterior , este desconocimiento que se traduce en apoyo acrítico a la legislación vigente , conduce a menospreciar el protagonismo político de los pueblos, pretendiendo anclar la estabilidad y continuidad de los gobiernos en el respeto a las reglas del juego del poder que los adversa. Esto implica, de hecho, poner un freno a los procesos de cambio social ya que saca del escenario del conflicto político central a los actores populares y –tal vez, pretendiendo dar muestras de su “confiabilidad” , no pone en cuestión las bases jurídicas del Estado, ni se plantea su modificación raizal con Asambleas Constituyentes (tantas como lo demande el proceso). La soberanía de los pueblos está anudada a los procesos raizales de cambio social. Y estos al cambio de toda la institucionalidad política (el poder constituido) y sus bases jurídico-constitucionales junto con las económicas y culturales.
El funcionamiento de los mecanismos institucionales (jurídico-normativos) heredados, impone –naturalmente a quien gobierne sus lógicas y fundamentos. Quedarse encorsetado en sus límites es el primer inequívoco paso hacia la derrota. Como dijo García Márquez refiriéndose al golpe de Estado contra Chile, en 1973: No se puede hacer revolución administrando un sistema “apolillado y podrido”; y quienes lo hagan, estarán condenados a hundirse con la misma estructura corrupta que pretenden defender en aras de un ficticio “Estado de derecho republicano”. Esta es una ley de la historia y es importante tenerla presente.
No son las instituciones, ni los funcionarios, ni las leyes, ni los partidos políticos, los sujetos del cambio, sino los pueblos.
El territorio revolucionario está en las calles, en los barrios, en las comunidades, en las comunas, en las fábricas, en el campo. Es decir, donde habitan los trabajadores informales, los obreros, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores del campo, los pequeños campesinos, los comuneros, las poblaciones indígenas originarias, los pobladores urbanos de barrios históricamente marginados… y sus organizaciones sociales. El nuevo poder popular instituyente nace y crece desde allí, en la creación y construcción de lo nuevo por los protagonistas sociopolíticos del proceso: los pueblos articulados y (auto)constituidos en sujetos políticos de los cambios. Este es uno de los desafíos centrales y no puede obviarse o secundarizarse.
Las experiencias enseñan que es insuficiente poner “buenos gobernantes” en cargos institucionales; hay que transformar también las instituciones y las bases sociales, jurídicas, económicas y políticas de su funcionamiento. Y ello reclama la articulación de empeños desde “arriba” con la participación protagónica de los “de abajo”, abriendo procesos integrales de empoderamiento popular.
Entre las responsabilidades políticas de gobernantes y funcionarios progresistas o revolucionarios está la de abrir las instituciones y su funcionamiento a la participación popular; favorecer el empoderamiento del pueblo y el desarrollo de sus nuevas modalidades democráticas de participación y representación, con sus nuevas institucionalidades e instituciones.
Entre las responsabilidades políticas de los movimientos sociales está la de organizarse y exigir participar en las decisiones de Estado y Gobierno y prepararse para ello; salir a las calles para exigir tomar parte en la definición de las políticas públicas, para ampliar los derechos del pueblo transformando raizalmente la democracia. No se trata pues, solo de mirar críticamente a los que gobiernan o gobernaron, sino, simultáneamente, interrogar a las propias prácticas.
En tanto la nueva civilización es producto de la creación de los pueblos, es inédita; es decir, no puede ser copiada de ningún texto ni lugar. La primera y principal fuente de aprendizaje que tenemos es la experiencia colectiva de los pueblos. Reflexionando a partir de ella he identificado un conjunto de nudos problémicos que considero importante tener en cuenta (resolver) en el quehacer político presente y futuro de los movimientos sociales populares y la izquierda latinoamericana en general:
● Construir otra geometría del poder: Modificar de raíz la interrelación Gobierno-Estado-Pueblo.
● Crear y desarrollar un nuevo modo de producción y reproducción.
● Recuperar la centralidad de los sujetos.
● Salir del cerco ideológico, político, cultural y mediático del poder hegemónico.
● Apostar a la creación de una nueva izquierda política, social y cultural.
● Repensar la transición hacia la nueva civilización.
* Dra. en Filosofía. Pedagoga popular. Estudiosa de los procesos de creación y construcción de poder popular desde abajo por los movimientos sociales en los procesos sociopolíticos del continente. Directora de pasado y Presente 21. blog: www.isabelrauber.blogspot.com Twitter: @IsabelRauber
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