por: Humberto Claros Zeballos
Desde el 2006, desde que Evo Morales asume la Presidencia de Bolivia, EE.UU. aplaza sistemáticamente la política boliviana de lucha contra el narcotráfico; la situación se agrava más aún luego de la expulsión de la DEA, USAID y el embajador norteamericano a partir de 2008. Este año no fue la excepción. El siguiente artículo es una reflexión sobre la injerencia de los EE.UU. en Bolivia a través del narcotráfico desde una perspectiva personal, como miembro de una de las federaciones de productores de hoja de coca de mi país.
Tendría yo como 6 o 7 años cuando las fuerzas uniformadas ingresan al Chapare justo ahí por mi pueblo llamado “Chipiriri”, justo en esa esquina donde hicimos innumerables bloqueos y contuvimos a las fuerzas especiales represoras que posteriormente llegaron. Aquella vez no tenía noción de lo que eran en verdad aquellos uniformados, si tuve una impresión al ver aquellos uniformados altos, blancos, tan diferentes al militar boliviano. Estamos hablando de los años 1997 o quizá 1998. Realizando un recuento, la historia fue más o menos en vísperas de la aprobación de la Ley 1008, aquella que dicen que fue redactada en EE.UU. y que el Congreso boliviano retrasó su aprobación debido a su problemática traducción del Ingles al castellano.
Luego de eso aparecieron los UMOPARES, una fuerza policial creada y especializada en la erradicación de plantaciones de hoja de coca y la lucha contra el narcotráfico, y también en la represión del campesino, que parecía ser en realidad su principal tarea. Este brazo armado de nuestro Estado fue entrenado por las DEA norteamericana que ya estaba en Bolivia. Popularmente, y hasta hoy, a los UMOPARES se los llama “LEOS”.
Desde luego la presencia o la injerencia norteamericana no estaba iniciando recién aquella época sino que ya estuvo presente casi acompañando la Revolución del 52, influyendo en su alta cúpula dirigencial, pasando por las dictaduras, hasta su reingreso con mayor fuerza y descarada soberbia durante los años en los que se implementó en Bolivia el modelo neoliberal. La Ley 1008 fue parte de aquel proceso de reformas luego de la caída de la UDP. Esta vez ya no para nacionalizar sino más bien para privatizar los bienes del país.
La aprobación de la Ley 1008 de entrada fue sangrienta. Hay que recordar lo que pasó en mayo de 1987. Producto de la represión brutal policiaca se tuvo que lamentar 8 muertos y 500 campesinos detenidos cuando bloqueaban caminos pidiendo su participación en la discusión del Plan Trienal y la Ley 1008. Dicha participación fue negada.
La primera radioemisora del movimiento campesino cocalero fue Radio Soberanía “la voz del cocalero boliviano”, creada en 1996. Originalmente tramitó su nombre como Radio “27 de Junio”, nombre que fue negado por el ente encargado del estado; luego, como Radio Soberanía, también negado. Hasta que el año 2004 fue aceptada como Radio “Chipiriri”. No obstante, la conocemos como Radio Soberanía, intervenida además varias veces por las fuerzas represivas de los gobiernos neoliberales, entre ellos el del expresidente Tuto Quiroga, quien hoy acusa al gobierno de reprimir la libertad de prensa.
Volviendo al tema, se estableció como fecha de su creación el 27 de junio en conmemoración a la “Masacre de Villa Tunari” ocurrida en 1988, donde más de una decena de campesinos fueron acribillados por las fuerzas del orden, con la participación y asesoramiento de la DEA y la CIA. Esto sucedió cuando los campesinos rodearon las oficinas del comando UMOPAR en la población de Villa Tunari, en protesta por las fumigaciones a los cocales que se habían dado en algunas comunidades campesinas en aplicación del llamado “Plan Trienal”. Son dos hechos sangrientos que anteceden a la aprobación de la Ley 1008. La del 27 de junio se constituye en un hecho simbólico que motiva la lucha del movimiento campesino cocalero.
De allí en adelante se iría implementando la Ley 1008 a través de diferentes planes. Todos sumamente represivos.
Por un lado, se dio inicio al Plan de Erradicación de Plantaciones de Coca con Compensación Económica al Campesino. Dicha compensación se fue reduciendo poco a poco hasta constituirse en insuficiente para vivir. Pero se la sostuvo hasta que se pasó a implementar la erradicación forzosa de cocales, con su mencionada carga de violencia. Por otro lado los gobiernos neoliberales fueron implementando el llamado “Desarrollo Alternativo”, que consistía en introducir plantaciones o producción traída de otros países como la tan popularizada “Macadamia”, cuya adaptación a la región del Chapare fue muy compleja y, segundo, sin un mercado.
Para la implementación de estos programas de producción era necesaria la creación de las llamadas “asociaciones”, una suerte de paralelismo a los sindicatos que debilitaba las capacidades organizativas de los campesinos frente al Estado. Es decir que los campesinos afiliados a los sindicatos también debían afiliarse a una asociación. Se intentó suprimir y romper a los sindicatos con este hecho, pero prevaleció la fuerza y la convicción del campesinado.
Y como si aquello no hubiera sido suficiente, paralelamente se provocó que el precio de la coca caiga un costo de 10, 20, 30 Bs. el taque. Hablamos del trabajo de tres meses para un hombre. En otras palabras, al Desarrollo Alternativo no le interesó para nada el desarrollo del Chapare, mucho menos la supervivencia del campesino, sino su desplazamiento y la desarticulación. Se logró poco en cuanto a reducir el narcotráfico efectivamente, no obstante.
La lucha contra el narcotráfico enfoco su principal objetivo en la eliminación de cocales y la represión al campesino. Así lo demuestran los diferentes planes descritos y la propia Ley 1008. La estigmatización permanente del campesino justificó las violaciones constantes y sistemáticas de sus derechos humanos.
EE.UU. logró tejer el mejor pretexto para introducirse en el país para vulnerar y socavar la soberanía y dignidad del país. El modelo de erradicación implementado por los gobiernos neoliberales bajo la venia norteamericana fue básicamente un modelo de intervención al país y también de violaciones permanentes a los Derechos Humanos. Pero además, ineficiente.
Los resultados de la política contra el narcotráfico y las drogas de los EE.UU. en Bolivia están a la vista. Hasta antes del 2006 se registraba en el país 37.000 hectáreas de coca, en tanto que en la actualidad con el Estado Plurinacional se registran 20.000 hectáreas de coca, con una reducción anual que oscila por el 7%, 12%; 11%, dándose incluso entre el 2010 al 2015, la reducción de cultivos en un 35%” como señala Naciones Unidas.
En materia de control y/o erradicación, Bolivia ha implementado un sistema exitoso y con participación social. Es decir, se ha implementado un sistema donde son los propios sindicatos campesinos quienes realizan el Control conforme a sus formas administrativas internas y en coordinación con los entes de estado. Y sin violencia.
Desde el 2006 EE.UU. aplaza la lucha contra el narcotráfico a Bolivia bajo el rótulo de “fracaso demostrable”, sin embargo los datos son más que evidentes. Es una postura política e hipócrita además, porque en los países como Colombia y Perú, donde tiene bases militares y un alto presupuesto, son donde más fracasos se ha tenido en la lucha contra el narcotráfico. Bolivia es elogiada de manera permanente por organismos internacionales como la ONU, medios de comunicación norteamericanos, etc. en su exitosa política y modelo propio que tiene resultados efectivos y participativos.
Por lo demás es necesario entender que la lucha contra el narcotráfico en este contexto tiene que ver con un acto de soberanía y dignidad.
* Comunicador quechua del Trópico de Cochabamba.
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