Por Inti Aliaga Herrera *-.
Luego de escuchar las últimas declaraciones vertidas por parte de representantes del sector opositor al gobierno, afirmando que “las Contrataciones Directas facilitan la corrupción” y que además presentaran una propuesta de “Ley de Contrataciones Públicas”; deseo compartir con los lectores mis más profundas reflexiones al respecto.
No cabe duda que estas malintencionadas aseveraciones, son propias de un sector político que aún permanece bajo las antiguas directrices de gobiernos del pasado, es decir, políticos que prometen construir un puente incluso donde no hay río. Por ello es importante considerar un dato fundamental y que por conveniencia no fue incluido dentro de estas noticias, con una obvia intención de direccionar la información y generar desconfianza en la opinión pública; me refiero al hecho de que en base a los datos obtenidos del Sistema de Contrataciones del Estado – SICOES, las contrataciones directas equivalen al 2,89% del total de procesos de contratación, considerando que de 567.598 procesos realizados con convocatoria, únicamente 16.869 fueron ejecutados mediante contratación directa, aspecto que denota claramente el resguardo de los principios de responsabilidad, transparencia, equidad y libre participación por parte del nivel central en cuanto sus procesos de contratación.
Asimismo, cabe mencionar que las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (D.S. N° 0181), contemplan a la Contratación Directa como una modalidad más para ser empleada por las entidades ejecutoras, misma que se encuentra sujeta a causales específicas que por su naturaleza no requieren una convocatoria, tal es el caso de pago por servicios públicos como energía eléctrica, agua y otros similares.
Consecuentemente, es fundamental precisar que las contrataciones directas realizadas bajo normativa específica (Decreto Supremo o Ley) obedecen a situaciones y/o necesidades particulares, las cuales tiene su sustento en la inversión pública, cuyo fin es el encarar proyectos con gran impacto positivo para la población, como ser la construcción delos teleféricos, así como la constante inversión en el sector salud, para la construcción de hospitales o equipamiento de los ya existentes.
En cuanto a la falta de una Ley de Contrataciones Públicas, únicamente evidencia como la oposición trata de ver una tormenta en un vaso de agua, pero que además se da el privilegio de navegar en barcos de papel, ya que es fácil criticar a los que gobiernan. Por lo cual, no se debe dejar de lado que las buenas costumbres son las columnas de las leyes, por ello es más importante inculcar valores en la sociedad en contra la corrupción, que prometer “Leyes Salvadoras”.
Como reflexión final, considero fundamental reconocer el compromiso que tiene el actual gobierno, respecto al desarrollo económico e inversión pública para el fortalecimiento de sectores vulnerables, para lo cual la contratación directa representa un instrumento, que por ningún motivo facilitará la corrupción y únicamente permite generar mayor agilidad en los procesos de contratación de bienes y servicios, a fin de evitar burocracia cuando se tiene un conocimiento previo del mercado, para optar por proveedores que oferten las mejores condiciones técnicas y económicas.
* Abogado.
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