La Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados aprobó una “Declaración Camaral” demandando la otorgación de salvoconductos a las exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales que se encuentran asiladas desde el mes de noviembre del año pasado, en la residencia de la representación diplomática de los Estados Unidos de México, en la ciudad de La Paz.
El diputado Gonzalo Aguilar, presidente de la comisión, informó que en la sesión del plenario de la cámara baja solicitaron la aprobación de la declaración en beneficio de exautoridades retenidas en la legación mexicana pese a que el Estado asilante ya pidió formalmente la otorgación de salvoconductos para que puedan abandonar territorio boliviano en cumplimiento de lo establecido en tratados y convenciones internacionales vigentes, de las cuales Bolivia es Estado signatario y de principios fundamentales del Derecho Internacional.
“Nosotros como diputados tenemos que plantear nuestra posición, primero personal, después de manera social, porque representamos a ciudadanos que nos han elegido, creemos que es importante que se pueda aprobar esta posición que tienen, primero los diputados planteantes, y ahora es la posición oficial de la Comisión de Política Internacional y luego vamos a pedir que se apruebe en la sesión de la Cámara de Diputados”, informó el parlamentario.
La comisión camaral busca que los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Hugo Moldiz, Héctor Arce, Vilma Alanoca, el exgobernador Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de Agetic, Nicolás Laguna, reciban de parte del gobierno transitorio los salvoconductos que les corresponden en su condición de asilados de carácter político.
El Gobierno ha negado la entrega de los salvoconductos bajo el argumento de que los asilados tendrían procesos judiciales pendientes en el país. Estos procesos fueron presentados de manera posterior al ingreso de los asilados a la residencia diplomática. En criterio de analistas jurídicos de prestigio, nacionales y extranjeros, como el penalista argentino Eugenio Raúl Raul Zaffaroni y el español Baltazar Garzón, forman parte de la persecución política, del “lawfare” prácticamente institucionalizado, para acallar las voces de resistencia en contra del régimen, persecución desatada a partir del golpe de Estado de noviembre del año pasado que colocó en la presidencia a Jeanine Áñez.
Diversas organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos han manifestado su preocupación por los asilados y han exigido de parte del gobierno boliviano el cumplimiento de los tratados y convenciones internacionales, permitiendo la salida de los siete exfuncionarios de gobierno con todas las garantías para su vida y libertad.
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