Por La Época -.
Un diputado de Comunidad Ciudadana (CC) , conocido por sus posiciones altamente conservadoras, ha presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el Proyecto de Ley de “Distribución equitativa de los recursos públicos destinados a la propaganda y publicidad estatal”, para que no exista –vaya buen gesto– ningún medio excluido.
Un lector ingenuo, desconocedor y desprevenido de la realidad política local de al menos los últimos 40 años, seguramente estaría convencido de que es una buena propuesta pues ayudaría a profundizar la “democracia”. Y qué mejor asegurar que “todos los medios de comunicación accedan a los recursos públicos”.
Pero, para mala suerte de los demoliberales de fachada y su manifiesta hipocresía, la realidad concreta se encarga de poner al descubierto el verdadero alcance de la iniciativa legislativa del diputado de marras, quien, en coordinación o no con los propietarios de los medios hegemónicos y muchos de sus periodistas, lo que busca es que el gobierno del presidente Luis Arce “privatice” los recursos destinados a la propaganda y la publicidad y beneficie a los intereses hegemónicos. Así de claro expresa el contenido del proyecto de Ley.
El proyecto de Ley es corto, de apenas nueve artículos. Y su sentido privatizador se condensa en los artículos 4 y 5. En el primero sostiene imperativamente que una vez aprobado el presupuesto general del Estado, el Ministerio de Economía tendría cinco días para remitir a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y a la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) las partidas asignadas y desglosadas para los gastos de contratación de propaganda y publicidad. En el artículo siguiente expresa que ambas asociaciones privadas “establecerán los porcentajes y formas de distribución de los recursos” destinados a esos fines.
En buenas cuentas, lo que está proponiendo el diputado de CC es que el Gobierno renuncie a su responsabilidad en la materia establecida por varias leyes y actúe sin ningún criterio de política comunicacional, como lo tiene cualquier titular del poder político. La responsabilidad ante los mecanismos de control, como la Contraloría y en función de la Ley Safco, la tiene el Gobierno.
La hipocresía del redactor del proyecto de Ley y las dos asociaciones privadas es tal que la historia se encarga de arrancarles la careta de fachada democrática. Ni el diputado, su partido y ambas asociaciones jamás sacaron cara para que se les otorgara publicidad a los medios pequeños o a los pocos medios alternativos durante los 20 años de neoliberalismo, y silenciaron la persecución, detención y atentados a la libertad de expresión que se dieron en el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Demás está decir que aquellas asociaciones privadas no expresan la actual realidad de los medios de comunicación del país. La mayor cantidad de estos no pertenece a la ANP y sus periodistas tampoco a la ANPB, cuya composición social elitista estaba adecuada a la realidad de la década del 90, pero no corresponde a la del siglo XXI.
No contentos con eso, lo que pide el proyecto de Ley es que sean las dos asociaciones, que representan a los grandes medios, las que establezcan los porcentajes y formas de distribución equitativas, sin que “ningún medio legal de comunicación resulte excluido de esa distribución”. Nuevamente la hipocresía y la oculta intención de solo sacar cara por los grandes medios que, en su mayoría, son la punta de lanza político-ideológica contra el Proceso de Cambio.
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