Por Soledad Buendía Herdoíza * -.
El derecho a la seguridad social para las mujeres en América Latina es un tema fundamental en la agenda de Derechos Humanos y equidad de género. En esta Región, caracterizada por profundas desigualdades socioeconómicas y culturales, las mujeres enfrentan desafíos significativos para acceder y beneficiarse de los sistemas de seguridad social.
El derecho a la seguridad social es esencial para garantizar una vida digna, la protección frente a riesgos sociales (como la enfermedad, la vejez, la maternidad, el desempleo, entre otros) y la reducción de la pobreza y la desigualdad. Para las mujeres, la seguridad social tiene implicaciones aún más profundas debido a las desigualdades estructurales que enfrentan. En muchos países de América Latina las mujeres son más propensas a vivir en la pobreza, tienen menores tasas de empleo formal y enfrentan brechas salariales considerables en comparación con los hombres. En este contexto, la seguridad social es un derecho negado para miles de mujeres y se convierte en una herramienta clave para promover la equidad de género y el empoderamiento económico de las mujeres.
La seguridad social es un derecho negado para las mujeres en América Latina, pues enfrentan múltiples obstáculos para acceder a los sistemas de protección. Uno de los principales problemas es la alta informalidad laboral: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) más del 50% de las mujeres trabajan en el sector informal, lo que las excluye de los sistemas de seguridad social contributivos que dependen de las cotizaciones del empleo formal. Además, las mujeres enfrentan dificultades para cotizar lo suficiente debido a interrupciones en sus carreras laborales por motivos de maternidad, cuidados de familiares o desigualdades en la carga de trabajo no remunerado.
Otro obstáculo es la discriminación de género en los sistemas de seguridad social. En algunos países las mujeres reciben pensiones más bajas debido a que sus salarios son menores al igual que sus períodos de contribución. Además, los sistemas de seguridad social a menudo no reconocen el trabajo no remunerado, como el cuidado de los hijos e hijas, personas dependientes y familiares, a pesar de que este trabajo es fundamental para el bienestar social y económico.
Para garantizar el derecho a la seguridad social para las mujeres en América Latina es crucial implementar políticas inclusivas que aborden las barreras estructurales y culturales que enfrentan. Es esencial que los sistemas de seguridad social reconozcan y valoren el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar y el cuidado de los familiares. Esto puede lograrse mediante políticas como créditos por cuidados en los sistemas de pensiones y prestaciones, que compensen a las mujeres por el tiempo dedicado a estas actividades, entre otras. Los gobiernos deben expandir la cobertura de seguridad social a las personas trabajadoras del sector informal, adoptando esquemas contributivos y no contributivos flexibles que consideren las realidades de las mujeres en trabajos informales, de tiempo parcial o por cuenta propia.
La implementación de políticas de igualdad de género en el empleo es esencial para reducir la brecha de género en la seguridad social. Esto incluye el acceso equitativo al empleo formal, igualdad salarial y políticas de corresponsabilidad entre la vida laboral, personal y familiar, como licencias parentales y servicios de cuidado infantil. Se debe promover campañas de sensibilización y educación sobre los derechos de seguridad social, las que deben dirigirse tanto a personas trabajadoras como a personas empleadoras y a la sociedad en general, destacando la importancia de la equidad de género y la protección social.
El derecho a la seguridad social para las mujeres en América Latina es un pilar para la justicia social y la equidad de género. Sin embargo, el acceso a este derecho sigue siendo negado para miles de mujeres, además que es desigual y limitado debido a barreras estructurales y culturales. Es imperativo que los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil trabajen juntos para implementar políticas inclusivas que garanticen el acceso de las mujeres a la seguridad social, reconociendo su trabajo no remunerado, ampliando la cobertura para las trabajadoras informales y promoviendo la igualdad en el empleo. Solo a través de estos esfuerzos integrales será posible garantizar el derecho real y efectivo.
* Exasambleísta ecuatoriana.
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