Hace diez meses que el país cuenta con magistrados elegidos democráticamente por el pueblo, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado y que, críticas más y críticas menos, abrieron las puertas a la esperanza de que con ellos se vislumbraba una profunda transformación en el sistema judicial boliviano.
La posesión del nuevo Fiscal General del Estado vuelve a generar esta esperanza, aunque un poco disminuida en atención a que en el seno mismo del Órgano Judicial no ha sucedido hasta hoy nada que alimente y renueve dicha expectativa, es más, continúan presentes todos los males que aquejaban a nuestra justicia dentro del anterior modelo.
La retardación de justicia (una justicia que tarda no es justicia), la inaccesibilidad a ésta, la corrupción en sus niveles operativos y el tráfico de influencias, son algunos de los síntomas heredados del modelo republicano, pero que siguen gozando de carta de ciudadanía en la cotidianidad de la administración de justicia.
El tema ha vuelto a ponerse en la mesa de discusión no sólo por lo que el nuevo Fiscal ha prometido hacer dentro del Ministerio Público, sino también porque a propósito de la discusión de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, varios parlamentarios han justificado la necesidad de la ley en cuestión, argumentando entre otras cosas, que nadie creía en los jueces, que no se creía en la justicia y que, por tanto, habría que generar nuevos mecanismos de sanción a determinados delitos.
Esta falta de credibilidad no es exclusiva de asambleístas, es algo que diariamente se escucha en el mundo litigante, de abogados y de ciudadanos que por cualquier razón deben poner sus pies en la puerta de los tribunales. No hay confianza en el trabajo de los jueces, ni en los fiscales, ni en los policías. Es decir, estamos totalmente librados a nuestra suerte y a la arbitrariedad de los operadores de un sistema de justicia obsoleto e irracional.
La Cumbre Plurinacional por el Cambio, realizada entre diciembre del pasado año y enero del presente en Cochabamba, recomendó la elaboración y aprobación de un conjunto de leyes y el gobierno ha anunciado, por su parte, que viene elaborando varias normas en el marco del mandato constitucional y con la finalidad de viabilizar la aplicación de la propia CPE. Vamos a contar en breve tiempo con una importante cantidad de normas nuevas que van a modificar la arquitectura normativa de nuestro Estado.
¿Será esta la forma de cambiar el sistema judicial?. No será preciso que antes, o cuando menos de forma simultánea, se lleve adelante una verdadera revolución en el sistema judicial, revolución iniciada con la estructura establecida en la CPE y con la elección de las más altas autoridades judiciales por la vía del sufragio ciudadano directo, pero lamentablemente estancada allí. Soy un convencido de que este tipo de transformaciones llevan su tiempo, pero también tengo el convencimiento de que no hay que darle pausa, no hay que darle tregua a ese sistema putrefacto que aún pervive al interior del órgano judicial. Y para aquello hay que empezar, cuando menos, dando señales a la ciudadanía de que el cambio se avecina.
Me pregunto, por ejemplo, cuánto han avanzado las nuevas autoridades judiciales en encaminar estas transformaciones que el país sigue reclamando. No conozco de jueces, ni de otros funcionarios judiciales, que hubiesen sido procesados y sancionados pese a la enorme cantidad de denuncias existentes en contra de ellos. Se los está encubriendo y se ha decidido cohabitar con ellos sin tomar en cuenta el tenebroso pasado que los acompaña?. Fuera de la elección de las autoridades ha cambiado algo en el sistema judicial boliviano?, son algunas preguntas que seguramente al igual que yo, muchos otros bolivianos se plantean permanentemente y no encontramos respuesta.
Hemos elegido magistrados, ministros, tribunos y consejeros, lo hemos hecho como manda la CPE y creo que es el mejor camino para iniciar una verdadera revolución judicial; tal vez nos equivocamos en las personas, porque en lugar de que estas autoridades estén en la cosa menuda, en la pelea por sus propios espacios de poder al interior del órgano judicial, están aún a tiempo de constituirse en abanderados de esta revolución, para que los bolivianos y las bolivianas tengamos esperanza de que la justicia retorne y volvamos a creer en sus operadores.
No podemos desperdiciar esta inmejorable posibilidad histórica de transformar nuestra justicia para que ésta deje de ser como las serpientes que sólo muerden a los que llevan los pies descalzos.
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