por: Ximena Machicao Barbery *
En ediciones anteriores hemos abordado en Diversidades el delito de la violencia contra las mujeres considerando sus expresiones más radicales que incluyen la violación, el feminicidio, sus causas y la consecuente invisibilización y negación de subjetividad de quienes la padecen. Queremos complementar este ciclo de reflexiones haciendo referencia a cómo la violencia como estrategia de dominio y opresión en razón de la diferencia sexual atraviesa y se filtra en el espacio del ejercicio de la decisión y el poder institucionalizados, aún en contextos donde se intenta aplicar proyectos dirigidos a lograr la profundización democrática. Así, Ximena Machicao nos propone encarar el acoso y la violencia políticos como una forma de coerción psicológica, moral e incluso física que nos describe como sujetas inhabilitadas para la acción política, como seres incapaces de estar presente en lo público y de dar sentido a una palabra vital: la autodeterminación.
El concepto de democracia esta indisolublemente ligado al concepto de ciudadanía. La ciudadanía con el ejercicio de derechos que son el resultado de la controversia y el conflicto. Por ello no son estáticos ni eternos, sino que sufren transformaciones permanentes en dinámicas y contextos diversos como es la región de América Latina y el Caribe.
La Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades recogidos en esta declaración, sin distinción alguna y por ende, sin distinción de sexo.
Hasta el siglo pasado se tuvo la necesidad de crear formas de proteger a las personas buscando la igualdad. Estas conquistas fueron importantes, pero se trataba de una igualdad formal que temía a las diferencias. Ahora sabemos que los seres humanos, para tener derechos iguales necesitan ser reconocidos en sus diferencias y particularidades. Se trata de la búsqueda de la igualdad en la diferencia. Es un tema político que supone la construcción de sujetos políticos conscientes de su DERECHO A TENER DERECHOS.
En la década de los 90, esta consigna movió a la comunidad internacional, a los Estados, a la sociedad civil, a los movimientos organizados de mujeres y a las distintas vertientes del movimiento feminista para que luchen en torno a la necesidad de democratizar el poder, la representación y la participación política en el marco de “un ideal democrático de la igualdad como un hecho sustantivo para ejercer ciudadanía, para superar las “viejas” trabas sociales, políticas, culturales y económicas, donde el poder y la participación política era de propiedad exclusiva de los hombres y, por ello, consolidaba sistemas sexistas de representación y participación política, profundizando esa brecha histórica e infranqueable entre igualdad y libertad vs. desigualdad y exclusión.
Sistema de género y comunidad política
La democratización de las relaciones de poder en la política en el ámbito público debería definir a los individuos y a las individuas como integrantes de una comunidad política, con derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes y responsabilidades. La ciudadanía presupone la existencia de una comunidad política nacional, en la cual los individuos/as son incluidos, compartiendo un sistema de creencias en relación a los poderes públicos, a la propia sociedad y al conjunto de derechos y deberes que se les atribuye a los ciudadanos y las ciudadanas.
Uno de los obstáculos más frecuentes que enfrentan las mujeres es la dificultad de convertir el capital social acumulado, a través de largas luchas sociales y políticas, en diferentes formas de poder social y/o político dentro de la sociedad. Existen limitaciones internas y externas a las mujeres para lograr que ese poder social y/o político se traduzca en cambios sustantivos para revertir la inequidad de géneros, del manejo del poder, la política y de los recursos tanto materiales como simbólicos.
La forma de participación política que en los últimos años han demostrado las mujeres, no ha logrado aún la justicia de género que repare las discriminaciones preexistentes. Si bien las leyes de cuotas —como medidas de acción afirmativa— incorporadas en normas, leyes y reglamentos nacionales, han sido un hecho importante para que más mujeres asuman responsabilidades en los ámbitos públicos, ello no ha tenido como equivalencia la democratización real del poder y la política pese a los cambios vividos en la región en los últimos años.
Por ello es preciso abordar un enfoque que contemple e integre la complejidad que significan las relaciones y la disputa por el poder y las consecuencias que ello implicaría para la construcción de mecanismos de empoderamiento de la sociedad en general y de las mujeres en particular, que faciliten la comunicación y la conformación de alianzas para la formulación de una agenda que pueda ser introducida en el debate del Estado Plurinacional y en la sociedad democrática en su conjunto.
El sistema de género para asegurar su existencia, recurre al silenciamiento, empleándolo como primera estrategia para negar el derecho a la participación igualitaria (en la toma de decisiones y en la representación política-pública) entre hombres y mujeres. Un silenciamiento que se basa en lo que es el reconocimiento de las capacidades. Se nos ha dicho y se nos dice desde el terreno del poder: si las mujeres quieren participar en la política que demuestren ser capaces. Sin embargo, ese mismo planteamiento no se introduce en los discursos que los hombres de los partidos y de las fuerzas de poder emplean para descalificar a sus oponentes masculinos.
Por lo tanto la demanda de la paridad y la exigencia de su cumplimiento interpelan que se emplee como justificativo de la desigualdad el argumento del peso de las capacidades, ocultando que el control jerarquizado y sexuado del mundo público, la violencia política y las alianzas masculinas para evitar que las mujeres tomen la palabra y se autodeterminen, dispositivos que hay que desarticular, pues en base a ellos y con ellos las mujeres han sido marginadas, son marginadas del ejercicio de una ciudadanía plena y de sus derechos políticos.
Por otro lado, para el patriarcado, el origen de su miedo (además de perder poder y control) radica en asumir su responsabilidad de vida en otros ámbitos de la acción humana, “la del cuidado de uno mismo y la de construir un sentimiento de dignidad y orgullo de luchar por la autonomía. Y la responsabilidad de las mujeres en todo esto es abrir nuestra capacidad de ser una potencia creativa (no recicladora de las mismas formas de ejercer el poder), no un poder jerárquico, sino una fuerza que asuma como armas la toma de la palabra, la intuición, la creatividad y todos nuestros derechos para abordar e interpretar una propia historia”1.
¿Pero, por qué?
“Siguiendo está reflexión la teóloga feminista Ivone Gebara señala que «la comprensión común de la palabra «política» parece limitada a ciertos espacios de actuación y a ciertas actividades que tocan un nivel amplio de relaciones más o menos impersonales, reconocidas como espacio público. Si miramos de una forma global hacia los ámbitos de decisión política, económica o social, la constatación obvia es que están ocupados mayoritariamente por hombres. Son ellos los que prioritariamente organizan la economía, los ejércitos, la guerra, la producción de armas, la intervención en los Estados, la conquista de tierras, el sometimiento de los pueblos, el liderazgo en luchas y ocupaciones, las cruzadas políticas y religiosas, los partidos políticos, la dominación de los mercados de inversión económica, etc.»” 2.
En el ámbito de los movimientos revolucionarios, tampoco observamos cambios sustanciales en este sentido. Las mujeres de «izquierda» fuimos educadas para disculpar los apedreamientos revolucionarios que tuvieron lugar a lo largo del camino, y a considerarlos necesarios en vista de una causa mayor, una causa más pura y más justa. Aceptamos la violencia armada, los juegos de poder, las muertes inocentes, el desprecio y la humillación de las mujeres como parte de la lucha.
Pero, ¿por qué? Es difícil responder esta interrogante, pero sospecho que el hecho de que estas organizaciones tengan una historia pública más masculina que femenina nos hizo creer a las mujeres —hasta hoy— en su mayor eficacia en relación con los desafíos históricos de la política y de la supervivencia humana. Más aún, nos hizo creer que los hombres parecen conocer los rumbos de la historia mejor que nosotras, simples seres relacionados con el mantenimiento cotidiano de la vida, sin espacios propios para pensar y elaborar teorías. Y esta creencia es tan fuerte que las feministas acabamos despreciando la micro-política cotidiana que por su constancia nos ayudó y nos ayuda a sobrevivir en esta lucha abierta con nosotras mismas y con nuestro mundo”.
Afectar las estructuras
La fuerza de la dominación de las ideas revolucionarias masculinas acabó muchas veces convenciéndonos de que aquello que hacemos para denunciar injusticias y desigualdades concretas, contextualizadas, localizadas, no es revolucionario como para modificar estructuras. Por ejemplo, intentar ayudar a las mujeres a comprender el derecho a una ciudadanía igualitaria, a una vida sexual sana o a una alimentación sin agrotóxicos no es considerado propiamente como política porque, según ellos, no toca las estructuras.
De la misma forma la denuncia del feminicidio creciente, de la violencia doméstica, del tráfico sexual de adolescentes, de la corrupción de los jóvenes a través de los medios de comunicación, estaría también lejos de afectar las estructuras. La organización de las mujeres contra la guerra y la ocupación norteamericana en Irak y en otros países, contra la producción de armas, en torno a los desaparecidos políticos, contra el maltrato de prisioneros o las represiones religiosas al cuerpo femenino son consideradas como periféricas al cambio de estructuras.
El acceso de algunas mujeres a los poderes políticos, en América Latina y el Caribe, no puede crear expectativas de que por el hecho de ser mujeres, van a introducir modelos diferentes de ejercicio del poder político, aunque se consiga más igualdad o equilibrio en las representaciones, como por ejemplo la paridad.
¿Acoso Político o Violencia Política?
El tema de acoso político o violencia política es un aspecto que aún no registra un desarrollo teórico-conceptual sostenible en la región, al margen de algunos estudios e investigaciones realizados en los últimos años.
Intentar contar con estadísticas sobre esta nueva violación a los derechos fundamentales de las mujeres es un desafío que aún queda por enfrentar, así como sus nefastas consecuencias no sólo en los ámbitos políticos del poder “formal”, sino para las democracias en su conjunto y para el desarrollo de la humanidad en condiciones de igualdad y equidad no como fin en si mismos, sino como instrumentos que contribuyan a la democratización de la relaciones de poder jerarquizadas, sexistas, racistas y homofóbicas para transformar objetivamente tanto el mundo público como el privado.
Acuerdos internacionales y regionales suscritos por los Estados han producido sin lugar a dudas avances significativos en las legislaciones nacionales y en la adopción de medidas específicas para promover la representación y la participación igualitaria de las mujeres en la esfera pública y de toma de decisiones. Sin embargo, se reconoce que esto aún es insuficiente ya que en la práctica no se ha logrado una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ejercicio de la ciudadanía política y del poder.
A ello hay que sumar, el “fenómeno” del acoso político o de la violencia política cuyo castigo o punibilidad aún es inexistente y no figura en normas y leyes nacionales y, allá donde las hay, su incumplimiento es un dato concreto de la realidad, como de muchas otras normas, leyes y reglamentaciones que deberían proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres bajo el concepto de integralidad, interdependencia e indivisibilidad en el marco de los derechos humanos universales
El acoso político se perfila como un fenómeno estructural de magnitud política y social, cuyo tratamiento y reflexión debe inducir a abordar el tema desde distintas aristas, en el contexto de la violencia de género, que da cuenta de las diversas expresiones que adquiere en contra de las mujeres, sin distinción de clase, pertenencia cultural, representación partidaria y que estos actos constituyen una flagrante violación a los derechos humanos políticos y civiles de las mujeres protegidos por normas, convenios e convenciones internacionales vinculantes a los Estados parte de las Naciones Unidas.
“Sólo el hecho de ser mujeres es ya un factor de riesgo, precisamente, las víctimas son escogidas a causa de su sexo, es decir por ser mujeres. La violencia, por lo tanto, no es fortuita y no es solo personal o cultural, es profundamente política y producto de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio establecidas entre hombres y mujeres en la sociedad” 3.
El acoso político o la violencia política contra las mujeres son expresiones, acciones y prácticas de violencia física, psicología, sexual económica y simbólica que enfrentan las mujeres que ejercen representación política, sobre todo en ámbitos locales, para atemorizarlas, presionarlas, desprestigiarlas y obligarlas actuar en contra de su voluntad. En muchos casos para hacerlas renunciar a sus cargos electivos, para que asuman decisiones políticas con las cuales no están de acuerdo y en otros para que avalen decisiones discrecionales en el manejo del poder y los recursos.
El acoso político y la violencia política por tanto son una forma de violencia de género, un hecho político producido por las relaciones de fuerza y poder que aluden a la construcción social entre hombres y mujeres en la sociedad. Se trata por lo tanto de una categoría analítica y teórica que visualiza los hechos, los significados y las palabras, desde un determinado lugar y posición política, frente a las relaciones de poder y las prácticas sociales de dominio que representan un ejercicio extremo de autoritarismo considerado legítimo por los sujetos que lo ejercen.
Por lo tanto, el acoso político o la violencia política se constituye en un “delito” contra las mujeres, es una acción “ilícita, por la cual una o varias personas en ejercicio del poder público presiona, persigue, hostiga y amenaza o otra con la finalidad de apropiarse de su “poder” o inducirla tomar decisiones en contra de su voluntad y de su principios ético políticos” 4.
1 URIONA, Pilar (2010) En : Memoria Foro Taller Mujeres Igualdad, Alternancia y Paridad Política. CIDEM, UNIFEM, GTG, Católicas por el Derecho a Decidir La Paz.
2 Ibídem
3 MAHICAO BARBERY, Ximena: Acoso Político. Un tema urgente que enfrentar. La Paz – Bolivia, PADEP/GTZ, ACOBOL, 2004
4 Ibídem.
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