septiembre 20, 2021

Dirigentes indígenas reniegan de su derecho a la consulta

Una posición equivocada de algunos dirigentes de los pueblos indígenas de las tierras bajas o quizá estimulados por intereses político-electorales bastante asociados a los sectores más conservadores del país que a los suyos, está a punto de impedir la materialización de un derecho universalmente establecido por tratados internacionales e incorporado en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional: el derecho a la consulta.

Así de grave. La ratificación de la marcha hasta la ciudad de La Paz, luego que el gobierno anunciara la anulación del contrato con la brasileña OAS, es un error estratégico que puede conducir a la “des-indianización” de la protesta y su tributación a intereses de sectores sociales que jamás les preocupó la situación de los indígenas del país.

Los dirigentes de la CIDOB señalan que la medida gubernamental es una maniobra para continuar en su proyecto de construcción de la carretera por el TIPNIS y piden que, si la medida es sincera, se deje sin efecto la ley de consulta. Esta posición incurre en los siguientes errores de lectura:

Primero, que el gobierno haya comenzado el proceso de anulación del contrato con la OAS no quiere decir que, automáticamente, debería renunciar a la construcción de la carretera. Es más, si hay algo que el Ejecutivo no ha hecho es ocultar su proyecto de unir Villa Tunari con San Ignacio de Moxos.

Segundo, que al anular el contrato con la OAS, el gobierno debería dejar sin efecto la organización de la consulta. Eso es un contrasentido pues lo que hace la medida, más bien, es retirar un factor de polémica de los últimos meses en torno a qué debe entenderse por consulta previa.

Entonces, el principal argumento empleado por los dirigentes indígenas el año pasado en sentido que la consulta no era previa pues ya estaba vigente un contrato con la empresa brasileña. Bueno, ya no tiene razón de ser.

Con esta lectura, los dirigentes indígenas anteponen sus estrechos cálculos políticos en vez de apropiarse del derecho a la consulta y de pedir al gobierno debatir y concertar el protocolo de la consulta. Es decir, los dirigentes de la CIDOB, que el año pasado empezaron la VIII marcha pidiendo consulta, lo que hacen al desaprovechar el escenario abierto por el anuncio gubernamental de anular el contrato con la OAS —independientemente de si es maniobra o no— es postergar la puesta en marcha de un derecho largamente demandado por los pueblos indígenas del planeta.

Es más, lo que hacen los dirigentes es colocar en primer lugar sus intereses políticos que, como hay evidencias, se han colocado de parte de las fracciones más duras de la derecha boliviana.

Con esta posición, lo que están haciendo, es negar su derecho a la consulta. Grave precedente para los pueblos indígenas de Bolivia y el mundo.

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