diciembre 6, 2021

El capital transnacional reacciona ante la nacionalización

La nacionalización de la Empresa Transportadora de Electricidad, dispuesta por el gobierno del presidente Evo Morales el pasado 1 de mayo, ha provocado una enérgica reacción del Estado español y de países de la Unión Europea, así como de los Estados Unidos.

La medida gubernamental, que forma parte de la política de recuperación de los recursos naturales —renovables o no— que fueron transferidos al capital transnacional por veinte años de neoliberalismo, ha arrancado el mismo tono e intensidad de rechazo que el registrado, hace pocas semanas, cuando el gobierno argentino nacionalizó a favor de YPF a la empresa española Repsol.

Es evidente que en ambos casos se trata de la reacción del capital transnacional a través del Estado y gobiernos españoles. No es el pueblo español, que hoy padece los efectos de la crisis capitalista que azota Europa, el que condena las medidas soberanas adoptadas por los gobiernos de Bolivia y Argentina. Es el capital, expresado a través de una de sus personificaciones, el Estado español, el que sale en defensa de las empresas españolas por su forma y transnacionales en su composición.

Y es que en la etapa de la globalización neoliberal, el Estado ya no solo es la manifestación superestructural de una forma de concebir y organizar la economía, sino que más bien es el Comando Central a través del cual se han liberalizado las economías, transnacionalizado las empresas, echado de sus fuentes de trabajo a millones de personas y violado las soberanías nacionales y populares.

Con la globalización neoliberal se ha registrado un proceso de convergencia entre la concentración de la propiedad y el poder político en manos del capital transnacional. Pero como todavía no existe un Estado mundial, le corresponde a los estados nacionales asumir como suyos la representación y defensa abierta del capital, tanto en sus nuevas formas de acumulación originaria como en sus mecanismos de reproducción ampliada. Es el capital el que esconde sus intereses a nombre de un estado que se presenta como síntesis de los “intereses generales de todos”.

Entonces, no es casual que al rechazo del estado y gobiernos españoles se hayan sumado los países de la Unión Europea y los Estados Unidos. Lo que han hecho los gobiernos de Bolivia y Argentina es afectar el ciclo de rotación del capital transnacional de dos de los muchos instrumentos mundiales que posee el capital: la empresa petrolera y la compañía de electricidad españolas. No importa si la medida es con indemnización o no, un debate al que ociosamente quieren conducir algunas posiciones infantiles de izquierda bastante funcionales a la derecha, pues lo que cuenta es que se trata de nacionalizaciones que interrumpen el ciclo de rotación del capital y quiebran aún más su relación con el poder político.

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