Con objeto de reflexionar la temática de la gestión ambiental y la forma de incorporación del tema ecológico en términos técnicos y estratégicos como una parte fundamental dentro de la articulación y construcción efectiva de un manejo sostenible en el marco que se propone la propia organización estatal dentro de los lineamientos de la NPCE, resulta por demás evidente, señalar que la misma tiene que ser analizada abordando la incidencia de la actividad económica en las áreas de mayor relevancia, como son las áreas de conservación de los recursos naturales y de biodiversidad, las cuáles se hallan en un medio básicamente rural. Ahora bien, es indispensable señalar que la gestión territorial en éste sentido tiene un papel central, en tanto se encuentra directamente relacionada al manejo y distribución de los recursos naturales, y por tanto, a las actividades agropecuarias, forestales y usos de la tierra no agropecuarios (actividades extractivas hidrocarburíferas, mineras, etc.), el cuál contempla también la construcción de infraestructuras (comunicaciones, transportes, energía, agua, etc.).
Los cambios introducidos con las nuevas políticas y normas relacionadas a la tierra y territorio, y de forma más general con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y la propuesta de economía plural, otorgaron un nuevo carácter a la gestión territorial, dando lugar a un cambio legal del esquema agrario, dirigido a superar las desigualdades en la estructura de tenencia y acceso a la tierra, en la que los pueblos y comunidades indígenas y campesinas tendrían que ser los mayores beneficiarios. Lo importante a destacar de la gestión territorial actual es que en términos formales los espacios territoriales comunales se constituyen en uno de los ejes centrales de la política de tierras, lo que representa una oportunidad en torno a la cual pueden plantearse las condiciones para un adecuado manejo ambiental y sostenible de los recursos. Así pues, en la nueva normativa tanto el solar campesino, como la pequeña propiedad y las TCO (Tierras Comunitarias de Origen), deben cumplir la Función Social, es decir, que los propietarios o poseedores deben demostrar la existencia de un uso o aprovechamiento tradicional y sostenible de la tierra y sus recursos naturales.
Siendo que el proceso de saneamiento de tierras en los últimos cinco años tuvo un importante avance y se centró mayoritariamente en la titulación de las propiedades comunales de las TCO, es necesario apuntar que ésta modalidad de propiedad agraria además de reconocer el derecho a la tierra y el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, también reconoce la facultad de poder aplicar sus propias normas y la definición de su desarrollo acorde a sus criterios culturales, además de su derecho a la consulta previa y participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales.
La constitucionalización de éstos importantes derechos colectivos sobre el territorio, conseguidos a lo largo los de últimos años, y que se convierten en un núcleo importante de la gestión ambiental y el establecimiento de lo que se define como economía comunitaria, guardan un aspecto conflictivo, en tanto, en determinados momentos entran en contradicción con los objetivos que puede llegar a proponerse el Estado, sobre todo con aquellos que tienen que ver con los usos no agropecuarios de la tierra (ya mencionados anteriormente), y que son de gran importancia en un contexto económico en el que no ha cambiado la dependencia hacia los recursos naturales y el carácter extractivista de la economía.
En éste sentido, queda aún la problemática altamente conflictiva en ésta interacción del manejo ambiental, la gestión territorial y las políticas económicas del Estado en las que no quedan claras las definiciones conceptuales y normativas respecto al manejo comunal de las tierras, el uso de los recursos naturales, así como también del control de la contaminación al medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.
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