Han pasado 10 años de los terribles hechos de octubre negro de 2003, producto del cual escapó Gonzalo Sánchez de Lozada, por lo cual es pertinente recordar las causas y analizar los aspectos en que hemos avanzado, especialmente, en lo que se refiere al tema hidrocarburífero, principal eje de las demandas de las movilizaciones de la denominada “guerra del gas”.
Las causas de las movilizaciones radicaban en que no se debía exportar gas por Chile a un precio prácticamente regalado, entre 0,50 y 0,70 centavos de dólar por millón de BTU.
El proyecto LNG iniciado con la “diplomacia del gas” de Tuto Quiroga, tenía la finalidad de promover acuerdos para exportar gas natural a mercados de México y Estados Unidos, según algunas estimaciones el proyecto de LNG requería una inversión de $us. 3.000 MM de los cuales se generarían alrededor de $us. 1.000 MM anualmente; sin embargo, dadas las condiciones de las normas de hidrocarburos, en ese entonces, el país percibiría únicamente $us. 180 MM.
Desde luego la población no podía dejar que sucediera eso, especialmente por lo precios bajos, cuando las reservas con gran valor podrían servir para salir de la pobreza. Para someter a la población el gobierno de entonces implementó una medida denominada “Plan República”, con el cual se posicionaron a militares en las poblaciones de Warisata, Sorata y El Alto, con los consecuentes enfrentamientos y muertes acaecidas hasta la renuncia de Sánchez de Lozada.
En tanto se masificaban las movilizaciones populares, la entonces oposición de Evo Morales solicitaba discutir un incremento de los impuestos petroleros del 18 al 50%; sin embargo, persistía la negativa de la coalición del Gobierno MNR, MIR, UCS y NFR, razón por la cual el Rencuentro Nacional propiciado por la iglesia católica no prosperó.
El 18 de octubre con la visita de Carlos Mesa a la ciudad alteña se plantea un referéndum vinculante para decidir sobre la exportación del gas, modificar la Ley de hidrocarburos 1689 y revisar el proceso de capitalización de las empresas estatales.
En abril de 2004, Mesa presenta un proyecto de Ley de hidrocarburos el cual no alteraba el derecho propietario en manos de las compañías que firmaron 79 contratos de riesgo compartido firmados por Sánchez de Lozada, además se ratificaba el pago de regalías de 18% para campos nuevos y 50% para campos existentes, aunque la principal novedad se centraba en la participación del TGN, YPFB y la ex Superintendencia de Hidrocarburos con un 6%.
Con el Decreto Supremo N°25507 de mayo de 2004, se dieron a conocer las preguntas del referéndum sobre la política hidrocarburífera, de las cuales se cuestionó por qué se obvió la pregunta “¿Está de acuerdo con nacionalizar el gas y el petróleo en Bolivia?” y el resto de ellas resultaban un tanto ambiguas.
Luego de varios proyectos de Ley presentados al Congreso, se sancionó la Ley 3058 pero el presidente Mesa decidió devolverla al parlamento, debido a que la consideraba “confiscatoria” para las empresas extranjeras, una de las razones para que renuncie en junio del 2005.
Si bien la nueva norma no establecía una nacionalización tacita, buscaba fortalecer YPFB y su participación en toda la cadena productiva de hidrocarburos, además de una obligación para la migración de contratos en un plazo de 180 días, y la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos entre otros.
Cuando Rodríguez Veltzé subió a la presidencia el 9 junio de 2005, las petroleras señalaban su negativa para migrar los contratos y amenazaban con acudir a organismos internacionales, en tanto no se impulse un plan de incentivos para el sector y se realicen cambios de fondo en la Ley, lo cual forzó a la ampliación de los plazos y a la omisión de la agenda de octubre negro.
Con la asunción de Evo Morales en diciembre de 2005, su plan de gobierno retoma los objetivos de octubre de 2003, principalmente en el ámbito de la nacionalización de hidrocarburos que nace de un consenso popular para poder obtener el mayor beneficio para la población boliviana.
Como primer elemento se realiza una revisión a 71 contratos de riesgo compartido, ya que los mismos no cumplían con lo establecido en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado. De esta manera y con la premisa de que “Bolivia requiere socios y no patrones” se inicia el proceso de nacionalización para acatar lo que los bolivianos habían decidido.
El 1 de mayo de 2006, mediante Decreto Supremo 28701, el Estado recupera la propiedad, posesión y control total y absoluto de los recursos naturales hidrocarburíferos. En junio de ese año también se acuerda la venta de gas a la Argentina a 5 dólares por millón de BTU, el cual se ratificó en octubre de 2006, el incremento progresivo de los volúmenes exportados y la implementación de una fórmula de ajuste para el calculo trimestral del precio de venta en función del precio internacional del barril de petróleo (West Texas Intermediate – WTI).
Con lo establecido en el Decreto de nacionalización el 27 y 28 de octubre se suscriben 44 contratos de operación para brindar seguridad jurídica pero con mejores condiciones para que el Estado obtenga mayores ingresos.
¿Qué hubiese pasado si se mantenían las condiciones anteriores? (ver cuadro adjunto al PDF de este sitio)
Según cifras oficiales se obtuvieron más de $us. 19.705 MM desde la nacionalización, en tanto que con las condiciones de la anterior Ley de hidrocarburos se hubiesen obtenido apenas $us. 7.368 MM, alrededor de una tercera parte. En 2012 el Estado hubiese percibido $us. 1.623 MM, apenas un 38% de lo que recibió efectivamente ($us. 4.292 MM). La diferencia se constituye en lo que las transnacionales se hubieran llevado de no ser la decisión política de recuperar los recursos naturales.
Esta apropiación del excedente también permitió que YPFB deje de ser una empresa residual y se convierta en una Corporación que participa en toda la cadena de hidrocarburos con un patrimonio que se incrementó de Bs. 980,8 MM en 2005 a Bs. 38.123,3 MM en 2012, y beneficie con la redistribución principalmente a las Gobernaciones y Municipios.
Si bien se ha cumplido con el pedido de la población, el reto ahora se constituye en la aceleración del proceso de industrialización.
* Economista
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