enero 8, 2022

Tuto Quiroga y sus objetivos ocultos

Si algo está demostrando el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga es que no cree en las instituciones democráticas, ni en las del país ni en las internacionales, salvo cuando éstas toman resoluciones que se acomodan o benefician a sus intereses, personales y de clase.

Esto se ha vuelto a poner de manifiesto en los últimos días cuando el ex jefe de estado fustigó duramente al Secretario General de la OEA, Miguel Insulza, quien sostuvo que ese organismo supraestatal no tiene facultad para opinar sobre la repostulación de Evo Morales para las elecciones de 2014.

Quiroga sabe que temas como esos se ventilan ante los organismos jurisdiccionales del país donde existe el problema, y le ha correspondido al Tribunal Constitucional Plurinacional emitir una resolución que admite como legal la candidatura de Evo Morales para las elecciones generales del siguiente año, a partir de señalar que su primer mandato dentro del nuevo Estado Plurinacional es desde enero de 2009. Se puede o no estar de acuerdo con ese fallo, pero lo evidente es que hay que respetar la institucionalidad.

Dos apuntes sobre la actuación del heredero del dictador Banzer.

Primero, su campaña en el exterior no es ingenua y solitaria. Todo lo contrario, es parte de una matriz de opinión que irá creciendo conforme Bolivia se aproxime a las elecciones generales con el objetivo de construir, nacional e internacionalmente, la imagen de Evo Morales como candidato ilegítimo.

Segundo, es un acto de oportunismo político orientado a desviar la atención del proceso que se le sigue por los “petrocontratos”. Quiroga dice que en el juicio que enfrenta se han violado tratados internacionales y se le ha negado el derecho a la prescripción. Ese es también el fondo del asunto, pues a partir de una acción política global se busca presionar sobre los jueces para que no se llegue a esclarecer los alcances y los daños cometidos contra los intereses del estado en los contratos petroleros firmados con las transnacionales.

Felizmente, una reunión de Ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ha definido una posición común frente a las maniobras jurídicas y políticas que muchas ex autoridades emplean para evitar sanciones por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Una de las argucias más utilizadas es la de persecución política.

Pero volvamos al tema que nos ocupa. El “estado de derecho” del que siempre habla la oposición es el respeto a las sentencias y resoluciones de las instituciones democráticas, sobre todo cuando se han pronunciado en fallo definitivo e inapelable. Este es el caso de la declaración de constitucionalidad que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional a la consulta hecha por el Senado sobre cinco temas de los que se tenían dudas, entre ellas el derecho que tiene el presidente Morales a postularse a su primera reelección.

En definitiva, la insistencia en el tema persigue un objetivo político y es un atentado contra la institucionalidad democrática.

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