Hace dos semanas, en medio de una ola de rumores injustificados e interesados, el gobierno dio a conocer los resultados del Estudio de la Demanda Legal de la Hoja de Coca, y aunque se ha aclarado que no tiene un carácter vinculante, es evidente que servirá para fortalecer la estrategia boliviana de lucha contra las drogas.
La oposición ha respondido, como siempre, reactivamente. La tónica general de este sector ha sido la descalificación y la desconfianza por el simple hecho de que el presidente Evo Morales es el máximo dirigente de los productores de la hoja de coca del Chapare.
La Unión Europea, para mala suerte de los que desmerecieron el estudio aún antes de conocerse los resultados, ha expresado su satisfacción por los alcances del estudio pues permite tener “nuevas herramientas” de trabajo. Es decir, es un buen punto de partida para tomar otras medidas y continuar con otras acciones en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
El estudio, el primero que se hace en Bolivia y que tampoco se hizo algo similar en los otros dos países productores de coca (Perú y Colombia), es el resultado de la aplicación de un convenio firmado en 2007, cuya primera aproximación se hizo entre 2008 y 2010, y luego su respectiva complementación en 2013.
Es evidente también que esto solo era posible con un gobierno como el que se tiene ahora, pues durante 50 años se ha tenido una visión prejuiciada del cultivo de la hoja de coca y de su consumo doméstico, así como un desconocimiento de sus potencialidades de exportación previa industrialización en alimentos, medicina y productos de higiene.
Entre los hallazgos más importantes se destacan que se requiere cerca de 21 mil toneladas para atender la demanda de consumo interno, aunque todavía no se conoce el volumen necesario para exportar en su condición natural al norte argentino y para la industrialización.
Por eso, hace bien el gobierno en actuar con responsabilidad y cautela, en aclarar que no tiene un carácter vinculante y en llamarse a la tranquilidad para hacer cambios en la norma, sin que ello signifique desconocer que la Ley 1008 promulgada por la administración de Víctor Paz en 1985 establece el límite de 12.000 hectáreas más por imposición de los Estados Unidos que por un estudio científico.
Es casi inevitable que en el mediano plazo se deba caminar rumbo a la aprobación de dos leyes: una, para racionalizar los cultivos de la hoja de coca en función de la demanda de consumo interno, de los volúmenes de exportación y de lo que se necesita para la industrialización; y otra para combatir con fuerza el narcotráfico. En la primera la incorporación del control social es un antecedente que anticipa buenos resultados y en la segunda el fortalecimiento de la “bolivianización” de la lucha contra el narcotráfico.
Empero, hay que insistir que el éxito de Bolivia en la materia solo será parcial si en el corto plazo no se regionaliza una política similar. Bolivia está aportando lo suyo, ahora le toca a otros países de la región, y también le corresponde a los estadounidenses y europeos lograr resultados en sus país en materia de reducir el consumo de drogas y controlar el comercio ilegal de precursores.
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