El dicho de que “en río revuelto ganancias de pescadores” sirve bien para graficar el sentido claramente político de los que, aprovechando la fuga del fiscal Marcelo Sosa, abogan por archivar el juicio que el Estado le sigue a los denunciados por su presunta participación en los hechos de terrorismo que se desarrollaron entre 2008 y 2009 contra el gobierno legítimamente constituido.
Y, el sentido común, que al parecer no cuentan varios escribidores y dirigentes políticos de la oposición que se alistan en esa inaceptable demanda, es que no hay que confundir papayas con manzanas. La justicia no empieza ni termina en un fiscal que deberá responder por los delitos de extorsión que se le atribuyen, una vez que, a pedido de la interpol, sea detenido en el Brasil y trasladado hasta nuestro país.
Los involucrados en los casos de terrorismo están siendo procesados por haber atentado contra la seguridad del Estado y es éste, a través del Ministerio Público, el que se convierte en la parte responsable del impulso procesal. No es Sosa, es el Estado a través de una de sus instancias.
El Estado, mediante los organismos encargados de velar por la seguridad interna, es el que ha presentado elementos probatorios de la existencia de terroristas contratados con el propósito de desestabilizar al gobierno, alentar una ruptura constitucional e incluso planificar un magnicidio contra el presidente Evo Morales. Le corresponde a la justicia evaluar y dictar sentencia.
La carta del fiscal Sosa es un factor parcial que seguro será tomado en cuenta, pero de ahí a pedir que entonces se debe archivar el caso hay una gran distancia, sobre todo si se toma en cuenta que estamos hablando de un personaje bastante polémico que en vez de decir dentro del país lo que se atreve a sostener en su misiva optó por salir ilegalmente.
La mayor parte de los bolivianos somos testigos de la coyuntura 2008 y principios de 2009. La violencia sistemática contra las instituciones del Estado, los pedidos de independencia, las reuniones clandestinas del embajador estadounidense con la ultraderecha separatista y otras tantas acciones por fuera de la ley. Eso lo han trasmitido hasta los propios medios de comunicación opositores, en su papel de convertir mediáticamente a los sediciosos en luchadores sociales. Pero ahí están las imágenes.
Por tanto, lo que corresponde es que se hagan los máximos esfuerzos para que la justicia brasileña detenga y entregue a Sosa a la justicia boliviana, y que el proceso contra los involucrados en el caso Terrorismo continúe hasta la dictación de sentencia.
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