por: Gustavo Codas
La campaña que la derecha lanzó supuestamente para combatir la corrupción fue llevada a cabo para ocultarla y defender a corruptos.
El 31 de agosto pasado el Senado Federal brasilero decidió la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por 61 votos a favor y 20 en contra. Así, las fuerzas conservadoras y reaccionarias del país hacían uso de la figura constitucional del juicio político (“impeachment”) para culminar un golpe de estado.
Ese mismo día asumió, para lo que resta del mandato que culmina en diciembre del 2018, el que era el vicepresidente, Michel Temer, con un anunciado programa de gobierno ultra neoliberal y con amenazas represivas sobre los sectores populares. La derecha brasilera conseguía así su mejor resultado: aplicar un programa antipopular sin necesidad de someterlo a una disputa electoral. ¿Cómo ocurrió esto? y ¿cuáles son las perspectivas de la lucha política en los próximos meses?, es lo que trataremos de explicar en este artículo.
Antecedentes
El golpe de estado comenzó sus preparativos en el 2013. A mediados de ese año estallaron manifestaciones sociales por reivindicaciones populares, sobre todo por el precio de los pasajes del transporte urbano. La derecha, que en un comienzo exigió que se reprimiera violentamente a los manifestantes, cambió rápidamente de postura y a través de los principales medios de comunicación empresariales, especialmente la TV Globo, buscó orientar las movilizaciones contra el gobierno federal. En las calles se encontraron entonces en las mismas movilizaciones sectores populares con justas reivindicaciones de mejores servicios públicos con sectores de clase media movilizados por el odio contra el gobierno federal del Partido de los Trabajadores (PT).
Poco tiempo después una investigación sobre corrupción en contratos de la Petrobras comenzó a ser manipulada por policías, fiscales y un juez federal, para que la prensa comercial apunte a dirigentes del PT como beneficiarios de esquemas de corrupción, excluyendo cualquier otro caso.
Cuando la presidenta Dilma ganó la reelección en octubre del 2014, lo consiguió en medio de una creciente campaña que intentaba caracterizar a su gobierno y al partido como corruptos. El candidato derrotado, Aecio Neves del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasilera) primero trató de deslegitimar la elección acusando de que habría habido fraude, después intentó impedir que Dilma asumiera su mandato y radicalizó la disputa diciendo que había sido derrotado no por un partido sino por una “organización criminal”.
Ofensiva derechista
Alrededor de la campaña electoral del 2014 y de las movilizaciones “contra la corrupción del PT” surgieron los “movimientos ciudadanos” que venían siendo cebados con recursos de fundaciones norteamericanas que financian a organizaciones de derecha en todo el mundo. Así, la retomada de movilizaciones de la derecha en el 2015 apareció como una iniciativa de la sociedad civil supuestamente no partidista que estaría disgustada con “la corrupción del PT”.
Las calles que siempre habían sido de los sectores populares pasaron a ser ocupadas por masivas movilizaciones de la derecha. El combustible de esos movimientos era la manipulación de las informaciones sobre las investigaciones en relación a la corrupción para afectar al PT. Los casos de corrupción de políticos de la derecha eran desechados por los fiscales o no divulgados por la prensa. Incluso los jóvenes líderes derechistas de las movilizaciones anticorrupción, vino a saberse mucho después, estaban también involucrados en casos de corrupción. Nada de eso era investigado ni publicado.
Mientras, la presidenta Dilma cometió un craso error: fue el cambio de rumbo que le dio a la política económica en el 2015. Acorralada por la campaña en los medios en alianza con los partidos de la derecha y con dificultades en la economía que venía arrastrando bajo crecimiento, presiones inflacionarias y otros desequilibrios, decidió el cambio de ministro de Hacienda. Fue convocado un economista neoliberal de la escuela de Chicago que aplicó un duro ajuste recesivo de “austeridad fiscal”.
En ese momento, el pueblo que le había dado la victoria en una disputa durísima contra el candidato neoliberal en finales del 2014, le perdió la confianza al gobierno. Fue en ese escenario en que amplios sectores del pueblo se sentían traicionados por la política económica y crecientes contingentes de sectores medios eran movilizados por el odio anti-PT, que los núcleos dirigentes de la derecha brasilera tuvieron la convicción de que podrían dar término de la era de gobiernos petistas. Faltaba apenas la forma. En breve la encontrarían.
Los medios empresariales venían por lo menos desde 2012 descontentos con las medidas que el gobierno del PT les imponía que resultaba en la reducción de márgenes de lucros, sea a través de los aumentos reales de salarios o de reglas de funcionamiento de servicios concesionados a la iniciativa privada. La principal federación industrial, la FIESP, que reúne a la burguesía de S. Paulo agregaba su disgusto por la priorización del gobierno a la integración regional en vez del libre comercio con Estados Unidos y Europa. Fueron aliados de primera hora del golpe.
Faltaba la adhesión de la “clase política”. Como se supo con la grabación de conversaciones de políticos involucrados en casos de corrupción, diputados y senadores adhirieron al golpe en defensa propia. Tenían miedo porque el gobierno Dilma en vez de parar las investigaciones había dado libertad a fiscales, policías y jueces para profundizarlas, y estaba siendo inevitable que políticos de todos los principales partidos, los de la oposición de derecha con destaque, tuvieran que ser denunciados.
Luz verde al golpismo
A inicios de 2016 todas esas fuerzas se encontraron en un sólo objetivo. Derribar al gobierno del PT, para proteger a los políticos de derecha corruptos y aplicar un programa económico antipopular. Paradojas de la historia, la campaña que la derecha lanzó supuestamente para combatir la corrupción fue llevada a cabo para ocultarla y defender a corruptos.
Con mayoría de parlamentarios en las dos cámaras los golpistas no tuvieron dificultad en cumplir con los procedimientos legales del juicio político. Todos los plazos fueron cumplidos. En apariencia el debido proceso fue respetado, hubo derecho a la defensa. Pero todo no pasaba de un inmenso fraude porque según la Constitución Política para que la presidenta sea depuesta debía probarse que incurrió en “crimen de responsabilidad”, es decir, que hubiera atentado contra el orden constitucional o legal. Como los propios senadores en el juicio político se constituyen en “jueces” los mismos consideraron que bastaba su opinión de que tal crimen fue cometido para la condena, mismo que las pericias técnicas les desmintieran.
A finales del 2015 los movimientos sociales se organizaron en dos frentes, el Brasil Popular y el Pueblo Sin Miedo, para combatir los peligros del golpe. No fueron suficientes para impedirlo, porque importantes contingentes populares se desilusionaron con el gobierno Dilma por causa de los efectos nocivos de su “austeridad fiscal” y no salieron a las calles. Pero a lo largo del proceso del juicio político han mostrado capacidad creciente de rearticulación y ahora son las principales herramientas para la resistencia contra el programa ultra reaccionario del gobierno golpista y espacios en que los sectores de izquierda podrán avanzar en su rearticulación.
* Colaborador brasileño.
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