enero 12, 2022

Brasil, una dictadura de nuevo tipo

por: Igor Fuser

En el plan inmediato está en marcha, un proyecto de regresión social y de destrucción de derechos y conquistas del pueblo brasileño que remontan a la Constitución de 1988 y, en ciertos casos, a la primera mitad del siglo XX.

El amplio triunfo de los partidos derechistas en los comicios municipales de octubre ha agregado el elemento que faltaba al tsunami político que conmueve Brasil desde la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. La mandataria, legítimamente reelegida en 2014, fue derrocada el 17 de abril pasado, en votación de la Cámara de Diputados, y destituida definitivamente por decisión del Senado, el 31 de agosto.

No se trata de un simple cambio de gobierno, sino de la implantación de un nuevo régimen, como la alteración de las reglas del juego político y la reversión completa de la línea progresista vigente en el país durante los trece años de gestiones presidenciales bajo la dirección del Partido de los Trabajadores (PT). La destitución de Dilma fue, en realidad, un golpe de Estado, una vez que sus opositores han sido incapaces de presentar pruebas suficientes para incriminarla por cualquier conducta ilegal, conforme determina la Constitución como pre-condición para el impeachment.

Ese golpe de nuevo tipo –un golpe parlamentario, con la complicidad de las más altas esferas judiciales y de las grandes empresas de comunicación– ha cambiado radicalmente el contexto para el ejercicio de la ciudadanía de los brasileños, al concentrar el poder en manos de un reducido grupo de políticos, magistrados y empresarios conservadores, mientras limita, de distintas formas, el espacio para el disenso.

En la práctica, Brasil ya se encuentra bajo un régimen de excepción. Un tribunal federal concedió al juez Sergio Moro, jefe de las investigaciones de corrupción agrupadas en la Operación Lavado Rápido, poderes excepcionales que lo dispensan de respetar las garantías constitucionales. Personas sospechosas de corrupción son encarceladas sin culpa formada, por tiempo indefinido, con el objetivo explícito de “quebrar su resistencia”, tal como hacían los torturadores de la dictadura militar que existió en el país entre 1964 a 1985. Otro fallo reciente permite que la policía invada domicilios sin orden judicial.

La represión a los movimientos sociales es cada vez más dura, con creciente violencia policial. Funcionarios de una institución federal de investigaciones económicas han sido reprimidos policial y judicialmente porque divulgaban análisis contrarios al pensamiento oficial. Las víctimas de los abusos de las autoridades ya no cuentan con el Poder Judicial, que ha dejado de cumplir su papel de garante de las leyes, tal como demostró al sacramentar los procedimientos ilegales del impeachment. En este cuadro de restricción generalizada de las libertades, cualquier juez se siente autorizado a intensificar más y más la represión a los actos de rebeldía contra los nuevos dueños del poder.

Un caso ejemplar es el fallo de un juez de Brasilia que da permiso a la Policía para utilizar prácticas equivalentes a la tortura, como la privación del sueño por la emisión de sonidos estridentes durante toda la noche, contra los adolecentes que ocupan más de 1.000 escuelas en diversos estados brasileños. Otra decisión judicial, en el estado de Paraná, determina que los directores de las escuelas entreguen a la policía los nombres de los estudiantes involucrados en las ocupaciones.

El calendario electoral sigue vigente, pero bajo condiciones que alteran decisivamente sus resultados. El PT y los partidos de izquierda en general sufren una campaña sistemática de criminalización que involucra todo el aparato comunicacional privado –todas las empresas de televisión y de radio, los diarios, las revistas y los principales portales de internet– . Esa campaña explica, en gran medida, la catástrofe electoral del mes pasado, cuando el PT, de las 630 alcaldías que gobernaba desde 2012, se vio reducido a no más que 256, una pérdida de casi 60%.

El ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sigue en libertad, pero bajo el riesgo de ser arrestado en cualquier momento, por una simple orden del juez Moro, aunque no existan pruebas de que haya cometido algún delito. La búsqueda de evidencias para incriminar a Lula ha movilizado buena parte del aparato represivo del Estado, empeñado en demostrar una culpa determinada por anticipación. El objetivo es claramente impedir que el ex-presidente (el jefe de Estado más popular en toda la historia de Brasil) se habilite a los comicios presidenciales de 2018, respaldado por las encuestas que lo ubican adelante de todos los demás posibles candidatos, con 34% de las preferencias.

En el plan inmediato está en marcha, un proyecto de regresión social y de destrucción de derechos y conquistas del pueblo brasileño que remontan a la Constitución de 1988 y, en ciertos casos, a la primera mitad del siglo XX. Un proyecto de enmienda constitucional, en trámite en el Congreso, establece un techo para el presupuesto federal con validez para los próximos veinte años, limitando las inversiones sociales y eliminando los porcentuales mínimos para la salud y la educación vigentes en la actualidad. El proyecto debe ser aprobado antes del fin del año, ya que tiene el respaldo de más de dos tercios de diputados y senadores necesarios para cambiar la Constitución.

Esa medida, adoptada en nombre de la “austeridad fiscal”, debe agravar la recesión económica que está llevando a la desesperación a millones de brasileños. El desempleo, medido por la ultima vez en agosto, afecta 11,8% de la población activa, casi tres puntos porcentuales arriba de los 8,9% registrados en misma época del año en 2015. Eso significa que 2,2 millones de personas perdieron el empleo en doce meses, sin encontrar un nuevo puesto de trabajo.

Así queda en evidencia la falsedad del discurso mediático que, durante la campaña del impeachment, atribuía al PT toda la culpa por las dificultades económicas, prometiendo que, con Dilma Rousseff fuera del gobierno, los empresarios volverían a invertir, revirtiendo la tendencia recesiva. El golpe ya ha completado seis meses y todavía no hay señales de retomar el crecimiento económico en un horizonte previsible.

En el Congreso más conservador de la historia brasileña reciente, se anuncian los nuevos pasos en la ofensiva contra los derechos sociales. La reforma de la Previdencia, que debe ingresar en la agenda del Legislativo inmediatamente después de la aprobación del techo al presupuesto federal, ampliará para 65 años la edad mínima para la jubilación, en un país en que la expectativa de vida en algunas regiones no alcanza los 70 años.

Aún más grave es el proyecto de cambio de las leyes laborales, que abre espacio para la pérdida de derechos históricos de los trabajadores, como las vacaciones de 30 días y el aguinaldo en las vísperas de Navidad. Esas garantías, incorporadas a la legislación en la década de 1930, pueden ser eliminadas en los nuevos acuerdos laborales a serán firmados bajo los marcos de la “libre negociación”, según la propuesta de los gremios patronales respaldada por los partidos de la derecha.

El control estatal sobre los recursos económicos naturales está amenazado por la decisión parlamentaria de alterar las reglas para la exploración de las reservas de petróleo del “presal”, en beneficio de las empresas trasnacionales. La extracción de ese petróleo, de valor incalculable, ya no será hecha exclusivamente bajo la supervisión de Petrobras, conforme establece la legislación aprobada en 2010, en el gobierno Lula, y cambiada por el Congreso pocos días después de la posesión de Michel Temer como el nuevo presidente.

Esas y muchas otras decisiones se están tomando apresuradamente, sin cualquier tipo de debate público. El gobierno golpista sabe que, si la sociedad hubiera sido consultada, jamás aceptaría la pérdida de derechos o la alienación del patrimonio público. La agenda conservadora en aplicación en Brasil es un proyecto autoritario que solo puede ser llevado adelante por la coerción política, la manipulación mediática y la instrumentalización del Poder Judicial.

Cada día, el nuevo régimen revela con más claridad sus características dictatoriales, con el alineamiento de los tres poderes – Ejecutivo, Legislativo y Judicial –en favor de un “nuevo orden”, ultraliberal en el plan económico-social y autoritaria en el ámbito político, un proyecto burgués y pro-imperialista que jamás podría ser implementado en las condiciones normales de una democracia.


* Igor Fuser, doctor en Ciencia Política por la Universidad de São Paulo (USP), es profesor en el curso de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal del ABC (UFABC), en São Bernardo do Campo.

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