No hay duda que los políticos y ex autoridades de dos décadas de neoliberalismo se encargan, a pesar de sus esfuerzos en dirección contraria, de mostrar su doble moral. Hacen lo que no dicen. Este es el caso del ex presidente Carlos Mesa y del ex ministro de Hacienda, Samuel Doria Medina.
En el caso de Doria Medina, que debe ser el jefe y dueño de partido que más invierte en campañas electorales permanentes con resultados mediocres, los ejemplos son realmente elocuentes: transfiere a manos privadas recursos del Estado y luego crea una empresa en Panamá para evadir impuestos al Estado boliviano.
El empresario, como bien se ha encargado de conocer el pueblo boliviano, ha demostrado que no es el ciudadanos que cree en Bolivia y que apuesta por su desarrollo. El hecho de crear una empresa en Panamá para solo trasferir acciones de su empresa como paso previo a vender a precios más altos a otra empresa extranjera en un precio más alto, ya no solo es un acto ilegal sino profundamente inmoral.
En cuanto a Carlos Mesa, la situación no es distinta. El ex Presidente se movió dentro de la institucionalidad y las prácticas del viejo Estado, donde los recursos públicos se destinaban para favorecer la actividad política de los gobernantes por varias vías, entre ellas la de los famosos gastos reservados, con los que duplicaban o triplicaban sus ingresos, además de usarlos como mecanismos de cooptación de algunos dirigentes sindicales.
Mesa sabe que eso es verdad y lejos de explicar el por qué firmó un decreto supremo de esa naturaleza, lo que hace es echar más dudas sobre la dimensión de su medida. Es decir, el ex presidente que se esfuerza por aparecer como independiente ante la sociedad (que si lo es de partido pero no de posición ideológica), incurre en dos gruesos errores en tiempos distintos: el primero, firmar el decreto para la disposición de fondos reservados que en los hechos ya estaba normado en el Estado por los gobiernos neoliberales, y, segundo, negar ahora que en su gobierno se hubiera hecho uso de ellos.
¿Qué corresponde?
Respecto de Samuel Doria Medina lo que corresponde es una doble sanción: la primera, legal, pues lo que hizo con la evasión tributaria –de la que no dicen nada sus defensores en las columnas de opinión y en las redes sociales-, es un delito que debe ser confirmado por la autoridad competente del órgano ejecutivo para luego pasar al Ministerio Público. Eso pasa con todos los ciudadanos y ciudadanas que cometen evasión tributaria y el empresario es tan boliviano como todos y todas. Segundo, la sanción moral de parte de la sociedad ante la cual el empresario trata de construir una imagen de honestidad. La constitución de una empresa en Panamá para luego cerrarla tras un negocio que le dejó grandes ganancias sin tributar al Estado ya es suficiente para la sanción moral.
Samuel Doria Medina debe rendir cuentas por la transferencia de recursos públicos a una fundación privada en el marco del proyecto FOCAS y por la evasión tributaria tras la venta de acciones de su empresa de cemento.
Para el señor Mesa corresponde una sanción moral por no decirle la verdad a la gente en cuanto a su decreto y una investigación de la Contraloría para identificar a sus beneficiarios de los fondos reservados.
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